Leyendo un diario español me entero de que la asamblea de socios del Barcelona decidió, entre otros temas, hacer una demanda al propio club para que la Justicia se encargue de investigar, juzgar y, llegado el caso castigar, a la administración saliente, es decir a Joan Laporta y a su junta directiva. Este señor imputó pérdidas por 48 millones de euros durante su gestión, que se generaron por despilfarro, según los datos preliminares que arrojó la auditoría obligatoria que se hace cuando se pasa la Presidencia a otra administración. En España la gestión de los clubes de fútbol se enmarca en una regulación de Sociedades Anónimas Deportivas, donde los presidentes y directivos asumen los cargos sabiendo que responderán con su patrimonio cuando el de la institución sea mal administrado, sin importar la razón: por ignorancia, por incapacidad, por negligencia o por corrupción. Y lo mejor de todo es que la misma ley permite que los socios puedan demandar, como en este caso, a las autoridades que defraudaron (en el más amplio sentido de la palabra) al club catalán. Volviendo a la realidad local, ¿qué pasaría si se somete a una auditoría de gestión al Club Atlético Rosario Central? Las gestiones de Scarabino y de Usandizaga podrían demostrar la causa por la que se están debiendo 20 millones de dólares? Yo estoy seguro que ambas fueron gestiones honestas, pero uno nunca sabe. Por el bien del club, y como hito de referencia sobre transparencia administrativa para futuras dirigencias, espero que Speciale y Belloso denuncien lo que tengan que denunciar, si es que encuentran indicios de corrupción o negligencia.
