Madrid. — No existen datos estadísticos sobre el número de mujeres que visten burka en España, pero las estimaciones apuntan a que son muy pocas, unas decenas apenas. Sin embargo, en el país se ha abierto ya el debate existente desde hace meses en otros países europeos como Francia, Holanda y Bélgica. ¿Laicismo? ¿Derechos de la mujer? ¿O electoralismo? “No es uno de los grandes problemas” del país, admitió esta semana el ministro de Justicia, Francisco Caamaño. “No es una cuestión problemática en España”, le secundó la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, porque su uso “es muy minoritario”.
Sin embargo, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió entrar en el debate que comenzó en Cataluña, donde varios ayuntamientos han prohibido en las últimas semanas el velo integral en los espacios municipales. El de Barcelona, la segunda ciudad del país, lo hará en breve por decreto, según anunció por sorpresa su alcalde, el socialista Jordi Hereu.
El Ejecutivo de Zapatero ha abierto la puerta a la limitación del uso del burka en la futura ley de libertad religiosa, que regulará entre otras cosas la presencia de símbolos religiosos en los espacios públicos, para cuya aprobación, no obstante, no parece haber fecha. Uno de los argumentos para regular el uso del burka es el de la seguridad, ya que la prenda impide la identificación de quien la viste.
Y el otro, la posición de desigualdad en la que el burka sitúa a la mujer que lo lleva, según la visión de los críticos. “Creemos que hay elementos como el burka, y potencialmente otros atuendos, que son difícilmente compatibles con la dignidad del ser humano y, sobre todo, con elementos fundamentales en los espacios públicos como es la identificación de las personas”, resumió Caamaño.
Las dudas. Las asociaciones islámicas han expresado su rechazo a la prohibición de la prenda, que oculta completamente el cuerpo de la mujer y en la que una rejilla de tela a la altura de los ojos permite a quien la viste ver sin ser vista. Y algunos creen que el debate en torno a ella, lejos de hacer que desaparezca, puede incluso fomentarla.
El debate se inició en Cataluña, pocos meses antes de las elecciones autonómicas del próximo otoño. Y algunos expertos apuntan que se está utilizando como arma electoral. “Da pistas de que los partidos quieren sacar réditos políticos, cuando estamos hablando de un tema serio”, dijo el sociólogo Jordi Moreras, que analizó el tema en Cataluña. Con un 17% de población inmigrante en la comunidad autónoma española, de la que más de un tercio es de origen marroquí, la integración de los musulmanes es un tema electoral importante.
Por los votos. Y el tema del burka puede servir sin duda para ganar votos. Después de Lérida, el primer municipio español que prohibió el burka, el debate se extendió a otros. Hasta el punto de que incluso un pueblo sin ningún inmigrante empadronado debatirá al respecto: Tarrés, con 109 vecinos. La prohibición no saldrá adelante por la repartición de las fuerzas políticas, pero lo cierto es que el tema se debatirá, y lo hará por impulso del concejal de una plataforma xenófoba. Ese parece ser precisamente uno de los grandes peligros del debate. “Da alas a discursos populistas y xenófobos y crea malestar en la sociedad”, según el secretario general de la Unión de Centros Islámicos de Cataluña, Mimoun Jalich, que cree además que más que desterrar el burka, lo que hará será fomentarlo.
De las formaciones con representación en el Congreso, sólo el Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy ha mantenido de forma sostenida y unitaria el mismo discurso: la necesidad de prohibir el burka, no sólo en edificios e instalaciones públicas, sino también en la calle. “No soy partidaria del burka, y sí, lo prohibiría”, dijo la secretaria general de la formación conservadora, María de Cospedal. En los otros partidos, las voces no son tan unánimes, y algunas reclaman un debate sosegado para poder decidir al respecto. l
