Lorena Martins está citada para hoy en la Justicia a fin de que ratifique su denuncia contra una red de proxenetas que opera en Capital Federal con la complicidad de funcionarios del gobierno porteño, y que además habría aportado fondos para la campaña electoral de Mauricio Macri.
Por su parte, el juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi delegó ayer en el fiscal Gerardo Policitta la investigación derivada de la denuncia penal hecha por Lorena Martins contra su padre, un ex agente de la Side, como supuesto jefe de una red de prostitución y trata de personas que contaría con complicidad de funcionarios del macrismo y policías, a quienes se pagarían sobornos.
En la denuncia presentada en diciembre ante la Unidad Fiscal Contra la Trata de Personas, la mujer sostuvo que su padre tiene locales en la ciudad de Buenos Aires donde se ejercería la prostitución y advirtió sobre pago de sobornos.
Al respecto, la ONG La Alameda difundió una foto en la que Macri y su esposa, Juliana Awada, aparecen en un sitio identificado como el club nocturno Mix de Cancún junto a un socio de Martins, Gabriel Conde, procesado y prófugo de la Justicia argentina por regentear a fines de la década del '90 el prostíbulo Shampoo.
Armado bonaerense. Mauricio Macri, tiene previsto desembarcar políticamente en la provincia de Buenos Aires en febrero con una "propuesta" junto al peronismo opositor.
Desde el macrismo bonaerense precisaron que "la idea es empezar a trabajar en la provincia en algún tipo de propuesta que tenga que ver con el Pro-Peronismo".
Pese a que el portavoz del PRO indicó que la propuesta involucra a un sector del peronismo que ya se encuentra aliado al macrismo, también hubo acercamientos del PRO al radicalismo que llegaron a generar malestar en varios dirigentes de ese partido centenario. Fuentes del PRO insistieron en que "la intención es que Mauricio vaya caminando por todo el país con una propuesta nacional".
Críticas de Garré
La ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, afirmó que las denuncias de Lorena Martins sobre prostitución y probable trata de personas demuestran la “absoluta inactividad de los controles que tiene que hacer el gobierno porteño” y la “cobertura” que brindan “algunos oficiales de altísima responsabilidad” de la Policía Federal.
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