Inquilinos, ausentes en el boom inmobiliario

El déficit habitacional en la Argentina es un tema aún no resuelto en el país y por eso el alquiler de inmuebles es un fenómeno constante desde los años 20, y en la actualidad constituye casi el único mecanismo posible para que los sectores de ingresos medios y bajos resuelvan el acceso a la vivienda.

   Se estima que cerca del 30% de los habitantes de la Argentina no tienen resuelto su problema de vivienda, lo que obliga a que los no propietarios a recurrir al alquiler para garantizarse un techo.

   Según el Informe de Mercado de Alquileres de Argentina, coordinado por Eduardo Reese, docente del Programa de Licenciatura del Instituto del Conurbano (Universidad Nacional General Sarmiento) y basado en la Encuestas Permanente de Hogares 2011, a finales de ese año existían en Rosario 91.762 inquilinos, lo que representaba el 21,4% del total de hogares con viviendas con tenencia regular, el 65,9% eran propietarios. En esa misma época, según estimaciones de la Cámara Inmobiliaria de Rosario (Ceir), entraban al mercado 6.000 unidades de viviendas nuevas, el 70% de las mismas construidas con la finalidad de inversión y no de hábitat propio, la mayoría departamentos de 1 ó 2 dormitorios o monoambientes.

   A su vez, en la provincia las familias inquilinas aumentaron entre 2001 y 2010 un 71%. “Esto muestra que se construyó mucho y también se alquiló mucho, especialmente a sectores medios que no pudieron comprar”, indicó el especialista. “Respecto a la habitabilidad, las entrevistas que hicimos muestran que las quejas sobre la calidad de las viviendas en alquiler son enormes en Rosario y muy pocas en Buenos Aires”, dijo Reese.

   Cerca de 70 mil viviendas, es decir, el 17% del parque habitacional del área metropolitana de Rosario, se encuentran deshabitados. Las posibilidades que tiene una familia para alquilar dependen de la relación entre el ingreso y el precio de los alquileres. Si se tiene en cuenta que los inquilinos, según los datos de fines del 2011, tenían un nivel de ingreso 15% superior a aquellos que eran propietarios de vivienda y del terreno, desde el punto de vista de la accesibilidad social, el informe concluye que la “gente tiene los ingresos suficientes para alquilar viviendas pero ellas no se encuentran disponibles en el mercado”.

   “El precio del alquiler influye muchísimo en cómo se mueve el mercado, porque muchos sectores de la sociedad tienen los ingresos suficientes para alquilar pero no encuentran unidades acordes a lo que necesitan, mientras que en paralelo tenemos muchas viviendas deshabitadas. Entendemos que el grave déficit habitacional exige una pronta intervención del Estado, impulsando medidas que pongan en el mercado esas unidades”, dijo Patricia Lagarrigue, referente de Igualdad Argentina, la fundación que días atrás presentó el panel “Alquileres: intervención del Estado para garantizar el derecho a la vivienda” a cargo del catedrático Eduardo Reese.

   Lagarrigue precisó que “en Rosario hay 4 millones de metros cuadrados volcados al ladrillo como ahorro, que ni se habitan ni se alquilan. Esta es una situación que no se ha dado en el mercado en la historia inmobiliaria. Ante esto, el Estado debería tomar algunas medidas, intervenir en el precio y los intereses, esto es cómo se reajustan los precios de los alquileres acotando también los márgenes de rentabilidad inmobiliaria, revisando las condiciones que se exigen para acceder al alquiler”, dijo y agregó que “la legislación existe, lo que falta es hacer cumplir la ley”, expresó.

   Además, Lagarrigue planteó un cambio en el mercado inmobiliario y explicó que “mientras que históricamente se pensaba en comprar un departamento para tenerlo como un ahorro por percibir una renta, ahora, con el derrame excesivo de la rentabilidad agraria volcado a la construcción, nos encontramos frente a un panorama nuevo. Antes la gente tenía otros espacios donde volcar sus excedentes, como podía ser el banco y los plazos fijos, ahora todo impacta en el ladrillo y esto de lleno en el mercado de alquileres”.

   Por último, a la situación planteada se le suma el panorama de los sectores de más bajos recursos que están recurriendo a arrendamientos informales del mercado, llegando incluso a la apropiación ilegal. “De estas situaciones no hay en Rosario ningún tipo de registro. Ni de los no contratos, ni de las condiciones de tenencia de la propiedad. De esto se desprende que muchos jóvenes o nuevas familias terminan viviendo en garages o piecitas, generando otro hábitat dentro del propio hábitat de los padres o familiares. Lo que vemos ahí es claramente un hacinamiento”, señaló la referente.

INTERVENCION ESTATAL. “Mientras que para algunas personas que no poseen vivienda propia es considerada como una necesidad básica, para los propietarios y las inmobiliarias que alquilan, una vivienda es considerada como un negocio. En general las familias están desprotegidas y no sólo en la forma de contratación, precio del alquiler, garantías, sino también en cuanto al estado de las viviendas que se buscan y encuentran en el mercado”, analizó Lagarrigue.

   La actual ley de locaciones urbanas (23.091) contempla la aprobación de normas provinciales para establecer gravámenes diferenciales sobre las viviendas deshabitadas y promover beneficios impositivos para locaciones destinadas a vivienda, lo que promovería la incorporación de más unidades de vivienda al mercado de alquileres. “Hoy los requisitos para alquilar una vivienda son muchos y el Estado debería también intervenir, no sólo con la posibilidad real de créditos, sino generando otras alternativas como la creación de un fondo de garantías que faciliten el acceso al alquiler, regulando la actividad inmobiliaria para proteger a la parte más débil que es el inquilino cautivo del mercado, quien debe someterse a las condiciones que se le imponen respecto de ajuste del precio, depósito, mejoras, pagos de impuestos, inspeccionando el estado de los inmuebles y haciendo cumplir el reglamento de edificación en cuestiones de salubridad, seguridad”, dijo Lagarrigue y añadió: “Hoy la vivienda se considera como un valor de cambio y no como lo que debería ser: un derecho humano y básico. Por eso nosotros hablamos de intervención estatal”. •