El día 26/11/2014, el diario La Capital publicó un informe respecto de la significativa expansión de las "zonas de poder" y de las "tarifas" exigidas por los "trapitos". Curiosamente, al leer la nota, me llamó la atención que las autoridades municipales manifestaron que "al no resultar una actividad prohibida en sí misma, se carece de una regulación específica para actuar". Lamentablemente, debo señalar que lo expresado no resulta cierto, sino que es una mera justificación de la inacción política del Estado; que elige "subsidiar al desempleo" mediante la contribución monetaria de los automovilistas. Esta política no es original, ni propia de la ciudad de Rosario, sino que se extiende a todo el país, e incluso a otros países latinoamericanos. Ahora bien, mal que le pese a cualquier político de turno, los estados provincial y municipal cuentan con herramientas jurídicas específicas para combatir a los "trapitos" dentro del marco de la provincia. En efecto, el art. 90 del Código de Faltas de la Provincia sanciona la figura de "Mendicidad" con arresto de diez (10) días, cuando se ejerciera de forma tal que pudiere hacer sentir coaccionada a la persona a la que se dirige. En forma más genérica, pero no por ello menos punible, el art. 64 del mismo Código de Faltas provincial sanciona con 15 días de arresto a quien individualmente o en grupo cometa "actos turbatorios o molestias", los cuales se producen cuando se incitaren a reñir a las personas, las insultaren, molestaren, perturbaren o las provocaren de cualquier forma. En la jerga jurídica, podemos afirmar que hay concurrencia de faltas en las conductas desplegadas por los "trapitos". Es decir, existen normas y mecanismos ya creados desde hace antaño para sancionar las conductas que cometen estos muchachos y de muchos otros rubros análogos. De la misma manera, existen juzgados específicos para juzgar y sancionar las conductas infraccionales de estas personas. Lo que debemos asumir los ciudadanos de nuestra tierra es que lo que falta es voluntad política y accionar estatal en la persecución de estas infracciones. Resulta más cómodo o "políticamente correcto" subsidiar al desempleo con el esfuerzo económico de la población, sin dejar de perder los votos populares, sin gestionar caminos de reinserción laboral legítimos de los "trapitos", y sin realizar mayores erogaciones estatales. Esta sí debería ser una política original de nuestra región. Por lo demás, invito a todos los concejales y diputados a releer la enorme cantidad de normas que diariamente dictan, puesto que ya existen soluciones efectivas para la mayoría de los problemas que sufre la población, por lo que sería mucho más efectivo ponerse manos a la obra antes que generar debates mediáticos que darán más votos, pero menos soluciones a la población.
