El impuesto a los bienes personales, obra creativa del ministro Domingo Cavallo en la primera presidencia de Carlos Saúl Menem, comenzó a aplicarse a partir del 31 de diciembre de 1991, para que lo paguen las personas con una posición patrimonial muy sólida y por ello se le dio informalmente el nombre de “impuesto a la riqueza”. Hoy dejó de ser un impuesto a los ricos y alcanza también a la clase media y a buena parte de los asalariados formales. En aquel momento el mínimo no imponible era de 100.000 pesos, equivalente a 100.000 dólares, una suma muy importante en esa época: se podía comprar un departamento de 4 ambientes en las zonas más caras de la Capital Federal. Desde el año 2007 su base imponible se mantiene en $ 305.000, por lo cual cada año son más quienes sin ser ricos deben tributarlo: basta comprar un departamento chico y un auto pequeño para ser alcanzado por este impuesto. Es más, al actualizar las provincias los avalúos fiscales para el pago de sus impuestos inmobiliarios muchos que no eran contribuyentes de este impuesto pueden pasar a serlo, aunque en términos reales no hayan aumentado su patrimonio porque siguen teniendo el mismo departamento y el mismo auto. En realidad los $305.000 no son un mínimo no imponible porque quien tiene bienes por encima de ese valor paga el impuesto sobre la totalidad del valor declarado y no sobre el excedente. Si la base imponible se ajustara por la inflación –obviamente la verdadera inflación– hoy debería estar en unos $900.000. El Estado debe adecuar la presión impositiva a niveles tolerables y razonables. Hacerlo constituiría un verdadero acto de justicia hacia los contribuyentes, sobre todo cuando las contraprestaciones que se reciben por los impuestos que se pagan dejan mucho que desear.
