Los diputados ultraoficialistas Carlos Kunkel y Diana Conti presentaron un proyecto de ley para que se expropie un porcentaje de las acciones de Papel Prensa, los suficientes para que el Estado nacional asuma el control del paquete accionario y dirija a la compañía. La expropiación por causa de utilidad pública es una facultad del Congreso nacional, siempre que el bien expropiado sea previamente indemnizado. Pero no es razonable expropiar sólo una parte de las acciones de una sociedad. Los dueños de una empresa deben decidir ellos con quién quieren asociarse. La imposición de un socio forzoso, que asume el control de la sociedad, es un disparate. Tampoco se advierten cuáles son las razones de utilidad pública. Si el Estado quiere crear una fábrica de papel que lo haga, pero para eso no necesita expropiar una existente. La fabricación de papel no es un monopolio natural, que sólo pueda ser explotado por una empresa. ¿Para qué se hace? Para que el gobierno decida a quiénes les da papel y a quiénes no. Algo similar ocurrió durante los primeros gobiernos de Perón. Entonces el papel se importaba y el Estado determinaba su distribución, con criterios de favoritismo político. Así, La Nación debía salir en ediciones de muy pocas páginas. Con este avance sobre una empresa privada, sumado a la posibilidad de determinar si los diarios van a poder importar o no el papel, el gobierno se propone cercenar a la prensa escrita. Aún más grave sería la concreción de un insistente rumor: la intervención de Clarín. Como el Estado es, a través de la Ansés (y éste, por sucesión de las tenencias accionarias de las AFJP), poseedor de un porcentaje minoritario de acciones en esa empresa, y una modificación de la ley del mercado de capitales introducida subrepticiamente el año pasado por el diputado kirchnerista Roberto Feletti, permite a los accionistas minoritarios solicitar a la Comisión Nacional de Valores la intervención de una sociedad en ciertos casos por 180 días, no sería improbable que esto sucediera. Recordemos que cuando se sancionó esa norma señalamos que la ley tenía, como suele suceder con todas las que impulsa el kirchnerismo, nombre y apellido. Es el del enemigo elegido en los últimos años, el Grupo Clarín. Entonces, el presidente de la CNV, Alejandro Vanoli, se atajó de las críticas: el Estado nunca es una amenaza. ¿Nadie le explicó que el Estado constitucional de Derecho se basa en la idea opuesta? ¿No leyó jamás un libro de historia? ¿O para qué se hacen las constituciones, si no para poner un dique a los posibles abusos del poder? Sí, Vanoli, el Estado puede ser una amenaza. Lo es, sin duda alguna, cuando lo conducen personas como usted y sus mandantes, que no creen que la Constitución y las leyes sean un límite a sus conductas. En manos de ustedes, la atribución que establece la ley del mercado de capitales (o la ley antiterrorista, por citar otro caso) es sumamente peligrosa para la libertad de los ciudadanos. Este no es el país bananero que tanto anhelan: es el país de San Martín, de Belgrano, de Sarmiento, de Alberdi, de Borges, de Houssay, y de tantos otros argentinos de bien que, con firmes e inclaudicables convicciones, soñaron con una República pujante, inclusiva, tolerante y honesta.
