Tres ex jefes de la Dirección de Drogas Peligrosas y un perito informático de esa repartición prestaron declaración testimonial ayer ante el juez federal Carlos Vera Barros en el marco de la causa que tiene tras las rejas al comisario Hugo Tognoli y que investiga la presunta connivencia entre uniformados y supuestos narcos del sur provincial. Según fuentes judiciales, es probable que tras lo ocurrido ayer en los Tribunales de Oroño al 900 no se produzcan nuevas medidas procesales hasta mediados de la semana próxima, momento en el cual el magistrado deberá decidir si procesa o dicta la falta de mérito al ex titular de la policía santafesina, como ya ocurrió en noviembre pasado.
La presentación de los cuatro testigos fue a solicitud del abogado Eduardo Jauchen, quien lleva adelante la defensa del comisario Tognoli, acusado de conformar una empresa criminal conjunta con el supuesto narco Carlos Andrés Ascaíni y los policías Néstor Fernández y Carlos Quintana, para la comercialización de estupefacientes en el sur de la provincia.
Así, a lo largo de una extensa jornada estuvieron ante el juez Vera Barros los comisarios retirados Gabriel Leegstra, Hugo Baigoría y José Romiti, todos quienes estuvieron en distintos períodos a cargo de la ex Dirección de Drogas Peligrosas de la policía santafesina; y el perito Luis Oliva, quien era responsable del área informática de la repartición. Para hoy había quedado estipulada la presencia del comisario Cristian Sola, quien no hizo tiempo de declarar ayer, pero la defensa desistió de su testimonio porque repetiría lo que ayer dijeron sus colegas.
El objetivo de la defensa de Tognoli fue demostrar que los jefes de Dorgas delegaban en unos pocos usuarios destinados a lo largo y ancho de la provincia la clave alfanumérica emitida por el Registro Nacional de la Propiedad Automotor (RNPA) para averiguar la pertenencia de vehículos bajo investigación. Y que esa clave, que ellos entregaban previa firma de un acta en la cual el usuario se hacía responsable por su utilización y por la información con ella recabada, era validada cada 90 días sólo teniendo en cuenta que el usuario en cuestión seguía en funciones y no por lo que había averiguado.
Fuentes judiciales sostuvieron anoche que "los testimonios de los cuatro policías fueron coincidentes en gran parte de su contenido" y, en ese sentido, dijeron que "avalaron la modalidad de trabajo explicitada por la defensa del comisario Tognoli en cuanto a la responsabilidad que ellos, como jefes, tenían en el manejo de las claves".
La acusación. Para los fiscales Juan Patricio Murray y Federico Reinares Solari, el comisario Tognoli es partícipe de una empresa criminal conjunta de la que participaron además el presunto narco Carlos Ascaíni, preso y procesado en otra causa por tenencia de estupefacientes; el comisario Néstor Fernández, quien fue jefe de la ex Drogas Peligrosas en el departamento General López; y el cabo Carlos Quintana, numerario de la comisaría de Villa Cañás, quien habría recibido el pedido de ayuda de Ascaíni para saber a quien pertenecían dos autos que lo seguían en noviembre de 2009 y que resultaron ser de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
De acuerdo a la acusación, Tognoli no pudo haber ignorado que Fernández y Quintana, sus subordinados, pidieron al RNPA los datos sobre los vehículos de la PSA utilizando la clave alfanumérica que él les había otorgado y que después le notificaron eso a Ascaíni para que éste burle la persecución de la fuerza federal.
Responsabilidades. Sin embargo, para la defensa está claro que "aunque las claves las gestiona el jefe, luego se suministran a cada uno de los destinatarios porque son personales". Y eso quedó acreditado en el expediente con un acta firmada por Fernández en la cual consta que recibe y se hace responsable de la clave que luego fue usada para averiguar de quien eran los autos que seguían a Ascaíni.
Además, los fiscales sostienen que esas claves debían ser renovadas cada 90 días y que ese trámite estaba a cargo del jefe de Drogas. Sin embargo, tanto la defensa de Tognoli como los comisarios que declararon ayer ante el juez Vera Barros coincidieron en afirmar que "eso era un trámite administrativo que se realizaba mediante una nota", y que la renovación de la clave no significaba convalidar "el contenido, la finalidad, el propósito y las consecuencias posteriores de las averiguaciones que hacía el ususario de la clave con la consulta realizada al Registro".
