Una vez recibidos, tenemos dos opciones: educación pública o privada. Por lo general, el período de trabajo estable está precedido por una larga secuencia de infinidad de reemplazos que puede llevar años y que nos hace deambular por toda la ciudad y en algunos casos por la provincia. Si aceptamos trabajar en la educación privada, nos sometemos a la ley del dedo, que por lo general no conoce de escalafones ni de méritos: ese dedo, señala y manda. En la educación pública, la peregrinación es más larga y más dura, aunque hay una junta calificadora que nos va promoviendo por puntaje, pero nada seguro. Nada seguro mientras dure el reemplazo o el interinato. El interino, si no hay concurso queda expuesto a que sobrevuele un titular que pide traslado y “aterrice” en nuestro cargo, situación en la que -en el mejor de los casos- se agradecen los servicios prestados y nada más. Hayan pasado meses o años de interinato, cuando hay que irse no existe otra opción más que el adiós y sin indemnización alguna. Por lo que respecta al trabajo, cuantitativamente es superior a cualquier otro pautado por horarios porque siempre continúa en otro lugar sin remuneraciones adicionales por horas extras; cualitativamente, no tiene límites, desde el asistencialismo más básico a la contención más difícil del alumno, además, obviamente, del trabajo pedagógico. El domingo leí en La Capital que muchos servicios se niegan a entrar al barrio Santa Lucía, pero no es así para el servicio educativo; nosotros debemos y podemos entrar, permanecer y salir; como sea. Estas aclaraciones van para los que creen que los trabajadores de la educación somos como cualquier otro, sin diferencias. Somos trabajadores, sin dudas, pero las diferencias (sólo algunas) que apunto, justifican los reclamos que justamente hacemos.
Carlos Italiano
