Este tema es de actualidad debido a las protestas de diversas poblaciones de Argentina que se oponen a las explotaciones de minas a cielo abierto y con metodologías obsoletas y perjudiciales para la salud de la naturaleza y las mismas poblaciones y las represiones efectuadas por policía, Gendarmería y cipayos contratados por mineras. Analizando el problema, por principios, es de destacar que oponerse a una industria de este tipo es contrario a los intereses del país, pues es un recurso natural que debe ser explotado en favor de sus habitantes. Esta última frase es la clave: "en favor de sus habitantes", es decir en favor de todo el pueblo argentino. Lo que debería ocurrir es que dichas explotaciones mineras deberían cumplir con algunas reglas fundamentales, tales como: 1) No afectar físicamente ni paisajísticamente lugares explotados para el turismo, ni a poblaciones cercanas, ni fuentes de recursos naturales que sirvan a las mismas (tales como tierra, agua, aire). 2) No afectar la naturaleza utilizando elementos contaminantes y emplear tecnología moderna que impida la depredación del medioambiente. 3) Utilizar en dichas explotaciones métodos de control efectivos, en cuanto a la metodología de explotación, su transporte y embarque al exterior, y siempre considerando que deben existir procedimientos primarios básicos que se deben hacer en el país, para que dicho negocio no se transforme tan solo en una extracción, y se evite utilizar mano de obra y tecnología argentina. 4) Y por sobre todo, controlar con precisión la verdadera cantidad y calidad de los materiales que se llevan, ya que es conocido que muchas mineras sólo declaran que extraen oro y plata, pero los elementos que extraen también contienen cositas tales como: tierras raras, uranio, titanio, y un montón de cositas más. En nuestro querido país, estos dos últimos items son un imposible de cumplir porque ya conocemos la calidad y esmero que ponen nuestros organismos de control en estos casos, ya que en su forma de actuar siempre parecen estar a favor y en defensa de los intereses de los concesionarios nacionales o extranjeros, en lugar de ocuparse de los intereses del pueblo al que tienen el deber de defender. Es deber de los gobiernos provinciales y nacionales efectuar un trascendental cambio en este perverso sistema de controles, ya que parece contradictorio a los intereses del pueblo que se ponga énfasis en el contralor de algunos temas, tales como impuestos y multas, y en los casos mencionados, actúen con incapacidad por acción u omisión, o en función a intereses personales y oscuros negociados.
