Una vez más somos testigos de que la planificación de la ciudad está acotada a la premisa de “prueba y error”. Una ordenanza de “reordenamiento del Primer Anillo Perimetral” aprobada en 2008 desconoció objeciones de vecinos y parte del Concejo, sólo tuvo oídos para los reclamos interesados del lobbysmo empresario. Ahora nos dicen: “La revisión de las normas urbanísticas en algunas ciudades de Europa se hace cada cinco años”, pero no nos aclaran que en los cinco años pasados el Código Urbano ya tiene más de una docena de ordenanzas modificatorias. Los propios concejales que dieron su aprobación, ahora reconocen que lo aprobado en cuanto a los convenios urbanísticos no dieron los resultados esperados. De esta forma, la superficie mínima de terreno para abordar a esos convenios, que en el proyecto original era de 2.500 metros en respuesta a reclamos de empresarios, en el 2008 fueron reducidos a 1.500 metros; y ahora nuevamente reducida a 1.000 metros, y no precisamente para mejorar la calidad de vida de futuros ocupantes y linderos, sino para optimizar ganancias de los inversores. Todo esto a costa de profundizar aún más el colapso de la infraestructura de servicios, con el riesgo de sufrir muchos de los padecimientos de quienes viven en el área central, que por falta de energía eléctrica a veces deben estar muchas horas sin poder descender de los pisos más altos. “En el marco de la toma de decisiones estamos habilitados para accionar de una u otra forma, lo que no podemos hacer es evitar las consecuencias”. Efectivamente, la falta de planificación y la ambición de emprendedores e inversionistas generó un “boomerang”. Ahora se pretende liberar grandes superficies (la mayoría utilizada como cocheras). Muchos no podrían acceder a estos “convenios” aunque quisieran, porque a pesar de contar con 1.000 metros o más de superficie, no tienen los exigidos 25 metros de frente. Estos galpones-cocheras (algunos con capacidad para más de 100 vehículos) generan un importantísimo ingreso a sus propietarios. Una insuficiente ordenanza prevé la obligación de construir cocheras en los edificios sólo para el 25% de los departamentos, dejando sin respuesta al restante 75%. Este enorme porcentaje aumenta en forma exponencial la demanda de guardas, empujando hacia arriba los alquileres y optimizando las ganancias de los propietarios de las cocheras, que de esta forma tendrán cada vez menos incentivos para desprenderse de su propiedad. Nos hablan utópicamente de que la modificación servirá para abaratar los precios del suelo, pero la verdad es que la mayoría de las unidades son adquiridas como inversión, por gente capacitada para comprar departamentos por docena como si fuesen naranjas. En el mejor de los casos podrán ser alquilados por un sector de clase media cuyos recursos pueden afrontar esa mensualidad, pero no acceder a un crédito que les permita comprar. También nos hablan (algunos por desconocimiento, otros por hipocresía) del trabajo generado en la construcción; lo que no nos dicen es que el eje de esa “construcción” son los obreros, que después de pasarse la vida construyendo para los demás, jamás podrán acceder a su propio techo.
