Edición Impresa

El gobierno dice que si es procesado por el caso Ledo, Milani pasará a retiro

Aníbal Fernández admitió que el jefe del Ejército dejará el cargo si se confirma su participación en la desaparición del conscripto riojano.

Viernes 26 de Diciembre de 2014

El gobierno nacional sostuvo que el jefe del Ejército, César Milani, "seguramente pasará a retiro" si "existiera algún elemento" para que se dicte un procesamiento en su contra en una causa por la desaparición del conscripto riojano Alberto Agapito Ledo durante la última dictadura.

El portavoz del mensaje de la administración de Cristina Fernández de Kirchner, que por primera vez admite la posibilidad de pasar a retiro al actual jefe del Ejército, fue el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández.

El martes pasado, la Fiscalía de Tucumán a cargo de Carlos Brito le pidió al juez federal Daniel Bejas que Milani sea indagado por la desaparición de Agapito Ledo.

En declaraciones radiales, Fernández aseguró haber analizado el caso de Milani cuando era senador y que el cuerpo legislativo le otorgó el ascenso al militar porque no había "absolutamente nada" en sus antecedentes que lo impidiera.

Sin embargo, reconoció que "si el día de mañana existiera algún elemento que le diera razón a un juez para dictar el auto de procesamiento, seguramente pasará a retiro como la presidenta lo hizo oportunamente con el almirante (Jorge) Godoy o con el general (Roberto) Bendini".

Godoy fue pasado a retiro en diciembre de 2011 tras una acusación de realizar espionaje interno desde la base naval Almirante Zar en Trelew, en tanto que Bendini dejó su cargo en septiembre de 2008 al ser acusado de corrupción, aunque luego fue sobreseído.

"Milani, para ser el jefe del Estado Mayor General del Ejército, tuvo acuerdo del Senado. Yo formaba parte de la comisión de acuerdo, hablé a favor (del militar) y hablé en el recinto a favor", explicó Fernández.

Aseveró que, en ese momento, revisó "de punta a punta" sus antecedentes y que en estos no había "absolutamente nada" que impidiera su ascenso.

Según el funcionario, "en ninguna causa está procesado" y "no hay elementos" para llegar a esa instancia.

Elementos. "Si hubiera un elemento, seguramente la presidenta le dará el pase a retiro", ratificó, y agregó que "el fiscal (federal de Tucumán, Carlos Brito) tiene todo el derecho a pedir lo que entiende en función de los elementos que tiene en la mano".

Al respecto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, afirmó que "está bien" el pedido fiscal, al argumentar que "donde hay denuncias hay que investigar".

"Este hombre está denunciado y hay que probar si es cierto, mientras tanto rige una consigna que no es mía: «todo ciudadano es inocente hasta que se demuestre lo contrario»", sostuvo la dirigente.

En cambio la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, que mantiene un estrecho vínculo con el general Milani, se negó a opinar: "De eso no voy a hablar, si ustedes me llaman para eso, no voy a hablar. Llámenme para las cosas buenas que hacemos las Madres, para eso perdónenme pero no los voy a atender", declaró.

El martes por la noche desde La Rioja, Graciela Ledo, hermana del soldado Agapito Ledo, tras el pedido del fiscal dijo que esperan "la decisión del juez" Bejas sea la de llamar a indagatoria al titular del Ejército.

Para Graciela Ledo, "esto tiene que ver con el acta que firmó Milani por encubrimiento. Lo hace el fiscal al juez Bejas y como el juez en varias oportunidades respondió que el pedido de indagatoria le correspondía al fiscal, ahora le toca tomar la decisión".

"El próximo paso debe ser la decisión del juez, al no tener feria puede ser en cualquier momento. Si (Milani) es responsable, que vaya a juicio como cualquier represor", sostuvo.

Mientras tanto, el diputado nacional por el radicalismo Miguel Bazze aseguró ayer que "el gobierno tiene que exigirle" a Milani que "haga todo lo necesario para que la Justicia esclarezca" su situación respecto de la desaparición del conscripto Ledo. "Sería muy grave para las instituciones que el gobierno asumiera este hecho con la misma actitud que tuvo frente a las denuncias de corrupción de funcionarios del Ejecutivo".

Otorgan arresto domiciliario a un represor

La Cámara Federal de Casación Penal autorizó el arresto domiciliario de un ex militar que está condenado por crímenes de lesa humanidad en la Plana Mayor del Regimiento 7 durante la ultima dictadura.

Se trata de el ex teniente primero Alberto Jorge Crinigan, que fue director de Inteligencia para la Defensa de las Fuerzas Armadas que estuvo en actividad hasta 2002 y terminó imputado en una causa por la llamada "Contraofensiva Montonera", que fue la masacre de un grupo de militantes de esa organización cuando volvió al país en los años 79 y 80 con la intención de derrocar a la dictadura.

En 2013, el fallecido juez federal Manuel Blanco había ordenado la detención de un grupo de militares —Crinigan incluido— por los crímenes ocurridos en el Regimiento de Infantería 7 de La Plata, cabeza del Area Militar 113, desde donde se comandó la represión ilegal en esa zona de la provincia de Buenos Aires.

La Justicia de instrucción y la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata habían denegado el arresto domiciliario solicitado por la defensa de Crinigan, que aducía problemas cardíacos, pero el caso llegó a la Sala I de la Cámara de Casación que, con la firma de los jueces Luis Cabral, Ana María Figueroa y Juan Carlos Gemignani, decidió hacer lugar al planteo.

Informes médicos. Según el expediente, los informes médicos producidos por el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza que constan en este incidente dan cuenta de que Alberto Jorge Crinigan, de 65 años, es un paciente "coronario crónico con angioplastia que al momento se encuentra estable".

"Estamos delante de un paciente con altas probabilidades de descompensación y labilidad hemodinámica", dijeron los médicos.

Como "la patología coronaria que presenta constituye en sí misma un factor que potencialmente puede poner su vida en riesgo", los jueces consideraron que "el Hospital Público más cercano, Hospital Ezeiza, no cuenta con servicio de Unidad Coronaria ni hemodinamia para su asistencia".

Y el hospital del complejo penitenciario "no cuenta con un cardiólogo de guardia afectado a situaciones de urgencia, solo presta servicio de consultorios externos", advirtieron.

Los jueces de la Cámara Federal sostuvieron que "en todo Estado de Derecho es irrenunciable el cumplimiento de la ley y la consideración de las cuestiones de índole humanitaria contenidas en las normas nacionales e internacionales de Derechos Humanos y la Responsabilidad del Estado acerca estos tópicos".

¿Te gustó la nota?

Dejanos tu comentario