Ni se trata de un rumor, ni me lo contaron. Sucedió y en primera persona del singular. Determinados estudios vitales para los beneficiarios de Pami sólo pueden ser autorizados por la central porteña y a tal efecto se toman como mínimo 45 días para decidir. Luego de lo cual, si el paciente aún continúa vivo, se le agregan días más para el turno que otorgue la entidad prestataria que realiza aquí en Rosario los estudios. Imaginarse que este extraño proceso involucra a tantos de mis pares jubilados que no pueden reclamar o defenderse genera angustia e impotencia. “El hombre es bueno, pero si se lo vigila es mejor”, solía decir el general Perón. Sabio apotegma cuando se trata de una cadena de responsabilidades ejecutivas o administrativas que tienen que ver con la organización estructural de instituciones públicas o privadas. Pami, la obra social de los jubilados, es la salvedad porque se trata de ancianos enfermos y urgencias. Por lo tanto no entra en las generales de la ley. Sería como desconfiar de los médicos especialistas, auditores propios y menoscabo de la dirección local de Pami. Tener que pedir autorización a una auditoría de prestaciones especiales de la capital por compleja y costosa que sea en opinión de este lector significa subestimar la idoneidad del facultativo que ordena el estudio, hecho no exento de plantear irritantes dudas sobre su honestidad. Ciertas patologías graves no conceden suspenso en espera de las decisiones burocráticas del sistema. Reconozco en Pami lo bueno del presente en muchas de sus actividades y beneficios. Esta es una excepción inaceptable que debe ser corregida sin más trámite y a la brevedad. Al envío de esta carta el suscripto no ha tenido respuesta de la citada auditoria porteña pese estar a punto de cumplirse los 45 días establecidos.
