Un proyecto para reformar el Código Forestal, principal ley de protección de bosques, provocó alarma entre ambientalistas que temen que abrirá la puerta a la destrucción de la Amazonia y otros ecosistemas brasileños.
La propuesta de reforma, elaborada por el diputado comunista Aldo Rebelo, debe ser sometida a votación esta semana en una comisión especial de la Cámara de Diputados, pero la bancada ambientalista del Congreso pretende atrasar el voto.
La iniciativa de Rebelo revivió la tradicional disputa entre ambientalistas y ruralistas, entre los que pregonan la defensa del medio ambiente y aquellos que quieren expandir la frontera agrícola.
El propio legislador provocó el debate al defender su propuesta de forma, señalando que “la agricultura brasileña está en una encrucijada: es competitiva internacionalmente pero vive a merced de normas y decretos que no se encuadran con la realidad nacional, aunque fueron emitidos bajo el manto del Código Forestal”.
Agregó que la meta de su propuesta de reforma del código “es dejar al agricultor trabajar en paz y armonía con el medio ambiente”.
Sin embargo, varias modificaciones propuestas por Rebelo despertaron reacciones airadas de ambientalistas y miembros del gobierno.
El Código Forestal actual establece áreas mínimas de protección ambiental en propiedades privadas dentro de los diferentes ecosistemas. En la Amazonia, ese porcentaje de protección es de 80%, con 20% susceptible a la producción, mientras en otras áreas como la sabana tropical, debe protegerse 35%.
La propuesta de reforma establece una moratoria de cinco años en la eliminación de cobertura boscosa con fines agrícolas y, después de ese plazo, deja en manos de cada uno de los 27 estados definir el área de protección legal.
Según ambientalistas, eso debilitará la protección ambiental porque los gobiernos estatales son más vulnerables a presiones de productores locales. Para propiedades de hasta 400 hectáreas, que la propuesta cataloga como “pequeñas”, no se prevé compromiso alguno de protección.
Crímenes ambientales. Al mismo tiempo, la iniciativa admite que el bosque que crece a la orilla de los ríos, considerado crucial para proteger los afluentes e impedir que se desborden, tenga su área de protección legal reducida de 30 metros en la ley actual a 15 metros, mientras concede amnistía a quien cometió crímenes ambientales hasta julio de 2008.
“El Código Forestal es la ley brasileña para los bosques, no es ley agrícola ni agraria, y el diputado (Rebelo) presentó una propuesta que confunde este hecho básico”, escribió el indigenista Marcio Santilli, del Instituto Socioambiental, en un artículo de opinión.
“La pieza producida por Aldo Rebelo parte de falsos presupuestos para llegar a un resultado lamentable. Es premeditadamente contraria al patrimonio forestal, no consulta a la población del bosque ni al sector productivo del bosque ni a los que estudian el bosque, ni siquiera reconoce el innegable papel que la salud forestal ejerce para la salud climática y el bienestar de las poblaciones”, agregó Santilli.
La organización Greenpeace calificó el código vigente como una ley ambiental progresista que ayudó a proteger a la Amazonia y otros ecosistemas, y es crucial en los esfuerzos brasileños por defender la diversidad biológica y reducir las emisiones de gases causantes del calentamiento global.
Acusó a empresarios de los sectores de agricultura, biocombustibles y energía de intentar socavar la legislación con el apoyo de sectores afines en el congreso. En caso de prosperar su proyecto, según Greenpeace, abriría la puerta a la destrucción de hasta 85 millones de hectáreas de la Amazonia, un área equivalente a Inglaterra y Francia juntos.
La coordinadora de la campaña de cambio climático del gobierno brasileño, Branca Americano, advirtió que con las modificaciones al Código Forestal será difícil que Brasil cumpla su compromiso de reducir sus emisiones de gases en entre 36% y 39% hasta 2020, como parte del esfuerzo mundial por contener el cambio climático.
Quien defendió la propuesta de reforma fue la senadora Katia Abreu, del conservador partido Demócrata y presidenta de la Confederación Nacional de la Agricultura (CNA), principal gremio de los empresarios agrícolas. Según Abreu, la iniciativa de Rebelo “concilia visiones antagónicas entre producción y equilibrio ambiental”. (AP)
