Un proyecto para reformar el Código Forestal, principal ley de protección de bosques, provocó
alarma entre ambientalistas que temen que abrirá la puerta a la destrucción de la Amazonia y otros
ecosistemas brasileños.
La propuesta de reforma, elaborada por el diputado comunista Aldo
Rebelo, debe ser sometida a votación esta semana en una comisión especial de la Cámara de
Diputados, pero la bancada ambientalista del Congreso pretende atrasar el voto.
La iniciativa de Rebelo revivió la tradicional disputa entre
ambientalistas y ruralistas, entre los que pregonan la defensa del medio ambiente y aquellos que
quieren expandir la frontera agrícola.
El propio legislador provocó el debate al defender su propuesta de
forma, señalando que “la agricultura brasileña está en una encrucijada: es competitiva
internacionalmente pero vive a merced de normas y decretos que no se encuadran con la realidad
nacional, aunque fueron emitidos bajo el manto del Código Forestal”.
Agregó que la meta de su propuesta de reforma del código “es dejar
al agricultor trabajar en paz y armonía con el medio ambiente”.
Sin embargo, varias modificaciones propuestas por Rebelo despertaron
reacciones airadas de ambientalistas y miembros del gobierno.
El Código Forestal actual establece áreas mínimas de protección
ambiental en propiedades privadas dentro de los diferentes ecosistemas. En la Amazonia, ese
porcentaje de protección es de 80%, con 20% susceptible a la producción, mientras en otras áreas
como la sabana tropical, debe protegerse 35%.
La propuesta de reforma establece una moratoria de cinco años en la
eliminación de cobertura boscosa con fines agrícolas y, después de ese plazo, deja en manos de cada
uno de los 27 estados definir el área de protección legal.
Según ambientalistas, eso debilitará la protección ambiental porque los
gobiernos estatales son más vulnerables a presiones de productores locales. Para propiedades de
hasta 400 hectáreas, que la propuesta cataloga como “pequeñas”, no se prevé compromiso
alguno de protección.
Crímenes ambientales. Al mismo tiempo, la iniciativa admite que el bosque que
crece a la orilla de los ríos, considerado crucial para proteger los afluentes e impedir que se
desborden, tenga su área de protección legal reducida de 30 metros en la ley actual a 15 metros,
mientras concede amnistía a quien cometió crímenes ambientales hasta julio de 2008.
“El Código Forestal es la ley brasileña para los bosques, no es
ley agrícola ni agraria, y el diputado (Rebelo) presentó una propuesta que confunde este hecho
básico”, escribió el indigenista Marcio Santilli, del Instituto Socioambiental, en un
artículo de opinión.
“La pieza producida por Aldo Rebelo parte de falsos presupuestos
para llegar a un resultado lamentable. Es premeditadamente contraria al patrimonio forestal, no
consulta a la población del bosque ni al sector productivo del bosque ni a los que estudian el
bosque, ni siquiera reconoce el innegable papel que la salud forestal ejerce para la salud
climática y el bienestar de las poblaciones”, agregó Santilli.
La organización Greenpeace calificó el código vigente como una ley
ambiental progresista que ayudó a proteger a la Amazonia y otros ecosistemas, y es crucial en los
esfuerzos brasileños por defender la diversidad biológica y reducir las emisiones de gases
causantes del calentamiento global.
Acusó a empresarios de los sectores de agricultura, biocombustibles y
energía de intentar socavar la legislación con el apoyo de sectores afines en el congreso. En caso
de prosperar su proyecto, según Greenpeace, abriría la puerta a la destrucción de hasta 85 millones
de hectáreas de la Amazonia, un área equivalente a Inglaterra y Francia juntos.
La coordinadora de la campaña de cambio climático del gobierno
brasileño, Branca Americano, advirtió que con las modificaciones al Código Forestal será difícil
que Brasil cumpla su compromiso de reducir sus emisiones de gases en entre 36% y 39% hasta 2020,
como parte del esfuerzo mundial por contener el cambio climático.
Quien defendió la propuesta de reforma fue la senadora Katia Abreu, del
conservador partido Demócrata y presidenta de la Confederación Nacional de la Agricultura (CNA),
principal gremio de los empresarios agrícolas. Según Abreu, la iniciativa de Rebelo “concilia
visiones antagónicas entre producción y equilibrio ambiental”. (AP)
