El bloque de diputados provinciales del Movimiento Evita, que integran los legisladores Gerardo Rico y Eduardo Toniolli, sostuvo que la "ostentosa reforma tributaria" que propone el gobierno de Antonio Bonfatti "esconde a todas luces un criterio de aumento masivo de la carga impositiva sin conservar esa equidad tributaria que exigimos".
En una semana que se prevé volverá al ruedo la discusión sobre la reforma, y en la cual el Ejecutivo provincial busca que la iniciativa obtenga la aprobación del Senado, los legisladores kirchneristas adelantaron su posición de cara a la discusión en la Cámara baja. En ese punto, Rico y Toniolli aseguraron que la reforma es "una carga desproporcionada y masiva" que sólo beneficia a los grandes grupos económicos, y que cae sobre las espaldas de los pequeños emprendimientos, trabajadores y sectores más humildes.
"Sostenemos el concepto solidario del tributo en el marco de un equilibrio en el que los sectores más beneficiados en el juego de la economía aporten proporcionalmente para el sostenimiento del andamiaje social", explicaron.
Por esos motivos, desde el bloque insistieron en sus cuestionamientos hacia la política de recaudación que se viene operando desde 2007 a la fecha, a la que calificaron como "errática, ineficiente y creadora sólo de estructuras onerosas" que no condicen con una efectiva recaudación, "lo que hoy se quiere salvar con un aumento masivo de impuestos".
Entre los principales argumentos que plantearán en la discusión sobre la reforma, Rico y Toniolli señalaron que:
u El aumento del impuesto inmobiliario urbano debe ceñirse esta vez a una categoría de propiedades que tengan en cuenta la valoración fiscal respecto de los valores de mercado. Las propiedades suntuarias o las urbanizaciones cerradas deben esta vez y en base a esos valores efectuar el aporte correspondiente.
u No avalarán un aumento de "irracionalidad tributaria" cargando nuevamente con emisiones extras al inmobiliario urbano masivo y que afecte a las viviendas familiares.
u El revalúo actualizado del inmobiliario rural se debe realizar tomando como base el valor de referencia determinado por catastro en las operaciones de compraventa. (Según el censo agropecuario de 2008, en la provincia de Santa Fe hay una superficie de 11.975.811 de hectáreas rurales. Los números oficiales indican que en 2011 se recaudó —en concepto de inmobiliario rural— alrededor de 159.000.000 de pesos, lo que da una recaudación anual promedio de 13,28 pesos por hectárea, es decir una recaudación mensual promedio de 1,11 pesos por hectárea. Por lo que si no se sincera el avalúo, con un aumento del 300 por ciento del inmobiliario rural sólo se pasaría a abonar un promedio de 3,33 pesos por hectárea).
u Insisten en promocionar la producción y garantizar la soberanía alimentaria desgravando, por ejemplo, a los pequeños horticultores de los cinturones verdes de los grandes aglomerados provinciales.
u Esa misma progresividad se debe respetar en un eventual incremento del impuesto a los ingresos brutos de las grandes empresas, en particular a las cerealeras del cordón industrial que va de Timbúes a Puerto San Martín, razón por la cual proponen gravar con un 0,5 por ciento las actividades del complejo oleaginoso, principalmente exportadoras (gravando con sólo un 0,5 por ciento dichos ingreso, durante 2011 se habrían recaudado aproximadamente 191 millones de pesos, la mitad de lo que el gobierno pretende obtener con un brutal aumento del inmobiliario urbano).
Como medida de protección a la producción local, proponen gravar las compras de otras provincias de productos primarios locales que se industrializan en aquellas. Dicha protección se sostiene en todas las provincias vecinas, excepto en Santa Fe. Citaron como ejemplo el ganado en pie del norte que se procesa en frigoríficos del noroeste.
Por Carlos Durhand
Por Miguel Pisano