Denuncian por sedición a polícias acuartelados en Santa Cruz

El gobierno de Santa Cruz denunció ayer por el posible delito de "sedición" a los policías provinciales autoacuartelados en Caleta Olivia, al tiempo que la Nación envió unos 200 gendarmes y prefectos para que patrullen la zona.

A primera hora de ayer, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, les había pedido a los gobernadores que no actúen con "medias tintas" contra policías que se acuartelen y denunció una "usina articulada de rumores" que hace "apología del delito" al insistir sobre posibles desmanes a fin de año.

Sobre los sucesos en Caleta Olivia, remarcó que "es un delito, de sedición, y tiene que ser severamente condenado", y que "no se puede admitir medias tintas".

Tras una orden del gobernador santacruceño, Daniel Peralta, el fiscal de Estado de la provincia, Iván Saldivia, inició las acciones legales bajo el posible delito de sedición ante el Juzgado Federal de Río Gallegos y "se entregó la nómina del personal autoacuartelado", precisó el ministro de Gobierno patagónico, Gustavo Martínez.

En su habitual conferencia de prensa matinal, Capitanich salió tratar de cortar de cuajo el conato de rebelión policial, ante el temor de que las protestas se repliquen en otras provincias, como sucedió el año pasado.

Según Capitanich, las rebeliones policiales de diciembre de 2013 fueron parte de "una estrategia golpista, de golpe institucional, de afrenta a las instituciones de la República y la democracia". "Esto requiere repudio y condena. Quien porta un arma debe ser salvaguardar la República", señaló luego.

Además, precisó que en Caleta Olivia se rebelan 260 uniformados "sobre el total de casi cinco mil". También dijo que acciones de ese tipo requieren de una "acción tanto preventiva como correctiva de los gobiernos provinciales".

Capitanich cargó entonces contra los "sectores" que tienen una "tendencia a construir apología del delito sistemático" cuando se afirma que "en diciembre va a ocurrir tal cosa", en referencia a posibles hechos de violencia.

En ese contexto, habló de "la estrategia urdida por grupos opositores en donde muchas policías provinciales fueron instrumento el 2 de diciembre del año 2013", y consideró que "en realidad fue una estrategia golpista, de golpe institucional, de afrenta a las instituciones de la República y de la democracia".

Capitanich afirmó que los efectivos "incurren en un delito de sedición investigados por fiscales de la República y también por la Justicia de las provincias".

Desde Santa Cruz, el fiscal de Estado reconoció que están "preocupados por la seguridad de la comunidad de Caleta Olivia, de Río Gallegos y de toda la provincia" y consideró que detrás del reclamo salarial hay un "reclamo político interno" de los delegados de la fuerza, que son los encargados de representar a los efectivos en el Consejo del Salario provincial.

"La provincia no está en condiciones de generar aumento salarial para la policía. El salario que tienen es uno de los mejores en el ámbito provincial: un agente que recién entra está cobrando unos 12 mil pesos y un sargento casi 21 mil pesos", precisó a su turno el ministro de Gobierno santacruceño, Gustavo Martínez.

Además, informó que desde ayer se comenzarían a aplicar sanciones a los efectivos que se plieguen al autoacuartelamiento, con multas que van desde los 700 a 1.200 pesos.