Hace unos días, la señora de Kirchner volvió a reclamar la "democratización" de la Justicia y adelantó que tenía planes para alcanzar ese objetivo. El kirchnerismo tiene una especial maestría para resignificar palabras, a tal punto que suele usarlas en un sentido opuesto al de su acepción habitual. Así, por ejemplo, en cuanto a la ley de medios, el propósito de "acallar cualquier disidencia" se enuncia mediante la apelación a "la pluralidad de voces". Algo similar sucede con esta reiterativa "democratización". ¿Qué quiere decir democratizar la Justicia? El Poder Judicial, en un país republicano como el que establece nuestra Constitución, es democrático, porque los jueces son designados en última instancia por el pueblo. No lo son de manera directa, mediante elecciones, sino a través de mecanismos en los que intervienen representantes del pueblo (Poder Ejecutivo, Senado) y desde 1994, en el orden federal, también, con carácter previo, el Consejo de la Magistratura, que se compone de representantes del pueblo, de jueces (elegidos indirectamente por el pueblo) y de abogados (elegidos por sus pares). Salvo en algunos estados de los Estados Unidos de América, es muy raro que los jueces sean electos popularmente en forma directa. Inclusive en ese país, tal mecanismo es objeto de fuertes cuestionamientos, ya que parece impropio de la función judicial hacer campañas, promesas electorales, recibir financiación proselitista. De todas formas, si la mentada democratización implicara la elección popular de los jueces debería hacerse a través de una reforma constitucional, que hoy parece remota porque el oficialismo no cuenta con las mayorías necesarias en el Congreso. ¿Qué procura, entonces, la presidente cuando insiste con este críptico concepto? Es difícil saberlo, pero aún sin tocar el texto de la Constitución puede usar su holgada mayoría en ambas Cámaras del Congreso para promover reformas legislativas que afecten la independencia judicial. Acaso pretenda introducir modificaciones a la ley del Consejo de la Magistratura para reforzar el componente político en detrimento de los estamentos judicial y de abogados. Fue por su iniciativa, siendo senadora, que en 2006 se modificó esa ley con el propósito de alterar inconstitucionalmente el equilibrio previsto en el artículo 114 de la CN. ¿Profundizará este año ese camino? En otras palabras, ¿profundizará la inconstitucionalidad? ¿Irá, también en esta materia, tan sensible a los valores republicanos, por todo? Otra idea que subyace en las declaraciones de la primera mandataria y de sus habituales voceros es la de que los jueces no pueden "alzarse" contra las decisiones de los órganos políticos. Llevar este criterio al extremo implicaría rechazar nada menos que el control judicial de constitucionalidad, que viene ejerciéndose en la Argentina desde hace 150 años, cuando se sancionaron las primeras leyes de organización de la Justicia Federal y se constituyó la Corte Suprema, y que desde 1994 está expresamente reconocido en la Constitución. No hay país civilizado en el que el control de las leyes y demás actos estatales no esté a cargo de órganos independientes. Si el controlante es el mismo controlado no hay límite alguno a la inconstitucionalidad. Prescindir de una ley porque es inconstitucional es una decisión "contramayoritaria", como lo señala la doctrina norteamericana. Y está bien que así sea: ni una amplia mayoría legislativa —aun cuando esté respaldada por la opinión pública- puede violar los preceptos constitucionales. Postular lo contrario equivale a desconocer lisa y llanamente la existencia de la Constitución. En cualquier caso, de algo podemos estar seguros: "democratizar", para el kirchnerismo, es "subordinar", "alinear", "hacer obedecer al Poder Ejecutivo". En otras palabras, conseguir jueces dóciles, que no investiguen la corrupción gubernamental, que no ejerzan cabalmente el control de constitucionalidad, que no molesten. Democratizar es, pues, en la neolengua K, terminar con la República.
