Al terminar hace dos semanas la audiencia en que dos jóvenes de barrio Azcuénaga quedaron presos por el linchamiento que llevó a la muerte a un joven de 18 años, el fiscal Florentino Malaponte se apartó hacia un salón cerrado y durante un minuto se quedó a solas consigo. El hombre público que había llevado el caso hasta allí se dejó asaltar por el peso de los acontecimientos que habrían agobiado a cualquier hombre privado. Apegarse a la ley en un caso de enorme sensibilidad, pero en un clima de opinión contraria le había dejado marcas. Fueron muy pocas las voces desde lugares institucionales que acompañaron, en esa atmósfera hostil, eso que es un principio indiscutible en el orden legal argentino: tomar la justicia en propias manos y matar es una acción repudiable y sin justificación posible.
Con 36 años de edad, Malaponte es el más joven de los fiscales de la Unidad de Homicidios de Rosario. Al aplicarse a la causa del linchamiento de David Moreira, acusado de robar la cartera a una mujer embarazada en marzo pasado, se enfrascó en un largo proceso de búsqueda de testigos y evidencia en un territorio replegado sobre el silencio. Finalmente hace dos semanas ordenó la detención de dos muchachos de 26 y 28 años que aparecen en un video golpeando al joven que perdió la vida. El fiscal sabe que de la agresión participaron varias personas más pero ellas no fueron identificadas.
Ante las detenciones en un barrio también agobiado hubo reacciones viscerales que revisten algo de novedad. En las redes sociales se organizaron perfiles difundiendo las fotos del fiscal, detalles de su intimidad y su domicilio. Hubo mensajes agraviantes y amenazantes en los portales de prensa y en las radios. Y fueron escasas las voces de líderes de opinión o dirigentes públicos que analizaran más allá del fenómeno de superficie la complejidad del asunto.
“Uno sabe que hay cosas ingratas, forman parte del trabajo elegido. No tengo nada que decir fuera de la investigación. Excepto que cualquier colega al que le hubiera tocado jugar este rol de un modo apegado a la ley hubiera hecho lo mismo que me tocó hacer a mí”, es todo lo que dice Malaponte. Pero se percibe que al fiscal le hubiera complacido encontrar más compañía de aquellos que tienen jerarquía en los poderes del Estado. Pero en un campo de sensibilidad minada, para muchos dar su apoyo a lo actuado puede significar encontrar repudio en vastos sectores de opinión que se sienten desamparados frente a la inseguridad.
En barrio Azcuénaga hay indignación y desconcierto. Pero los sentimientos no son homogéneos. Así como se organizó una marcha para repudiar las detenciones de dos chicos acusados de matar a Moreira, muchos de los aportes para esclarecer lo ocurrido vinieron de ahí. No de una comunidad que quería acusar, sino de personas sobrepasadas por el remordimiento y la impresión imborrable de haber visto la eliminación de un ser humano.
Horror en palabras. Esa aglomeración de sensaciones se advierte en los avisos al 911 de los vecinos que contemplaron el linchamiento. Fueron once llamados en quince minutos que duró la golpiza. Si algo se nota allí no es regocijo por el ataque a un ladrón presunto, sino espanto. Los últimos llamados son de mujeres que suplican la llegada de la policía con voces ahogadas en sollozos. “Por favor, no demoren, lo están matando”. Lo mejor es ahorrar detalles. Pero la mayor parte de las personas que parten de sus sensaciones sin conocer detalles del caso se saltean momentos como éste.
La acusación contra los dos jóvenes que están detenidos se elaboró con aportes múltiples del barrio que desmienten la idea allí de un pacto de silencio. Muchos llegaron al Centro de Asistencia Judicial (CAJ) bajo la condición estricta del secreto. Eso contradice la idea de que existe convergencia de intereses con una acción repudiable. Lo que hubo es miedo. Miedo de ser señalado como un delator al ir al almacén, de quedar entrampados en el filoso malentendido de estar señalando a vecinos que son usualmente blancos de asaltos y arrebatos.
En el fondo de confusión que alimenta toda esta desdichada dinámica social surge un genuino sentimiento de desprotección que reconocen los mismos que debieron acusar a los dos chicos. “Es incomprensible e injustificable que hayan habido quince minutos desde el llamado inicial hasta que llegó el primer patrullero del Comando. La comisaría está a diez cuadras. Parece claro que en esta omisión hay parte del problema. Eso indica cómo está viviendo el barrio”, piensan en la Fiscalía de Homicidios.
La línea debe ser tajante. Le pegaron durante quince minutos ininterrumpidos, le deformaron la cabeza, eliminaron a alguien declarado culpable por un puñado en forma espontánea. Esa conducta no puede quedar sin reproche. Pero indagar en el ánimo de los vecinos también expone el modo en que una acción pavorosa no brota de la naturaleza, sino de una historia.
Sufrir antes y después. “La aplicación de la ley es esencial porque funda y organiza la vida comunitaria. Pero uno debe intentar comprender la producción histórica de un acto de horror. El desamparo por la inseguridad deja a las personas expuestas a sus propias pasiones. Muchas veces hay conductas que los individuos no imaginan que pueden tener y que incluso no están articuladas con sus principios morales. Pero las tienen y son conductas que ocasionan con posterioridad enorme sufrimiento”, dice Jorge Degano, doctor en Psicología y especialista en problemáticas jurídico-forenses.
El día en que se decretó la preventiva para los acusados del asesinato de David Moreira hubo una marcha en el corazón de barrio Azcuénaga. Fueron 200 personas en un vecindario de varios miles. En la movilización se expresó abierta la bronca en base a una premisa discutible resumida en la voz de una mujer: “Están para aplicar la ley con dos chicos del barrio, pero no cuando nos roban a cada minuto por la calle”.
Este viernes dos jóvenes de unos 30 años nacidos y residentes en el barrio trataban de tomar alguna esforzada distancia de lo ocurrido para analizarlo. Ambos estuvieron en la marcha no tanto para adherir, dicen, sino acompañar en su abatimiento a sus vecinos de toda la vida.
“Pese a las puteadas, esa marcha para mí fue el reflejo de un sentimiento de soledad y de tristeza”, dice uno de ellos. “Yo sé que lo que algunos vecinos dicen en grupo no lo sostienen de a uno. Los tipos que estaban ahí son los que van a trabajar a las seis de la mañana, los que acompañan a las chicas hasta las casas para que no caminen solas, los que te dan una mano si hacés una mudanza. Pero están hartos y con miedo”.
El hartazgo no libera de culpa alguna. Pero uno de los jóvenes quiere abundar en su idea. “Estamos en un barrio donde llamamos a un patrullero y no viene, donde en la comisaría te desalientan a que hagas la denuncia de lo que pasa o no la toman. Gente que está podrida de que arrastren a las mujeres por la calle para robarles la cartera o que te acorralen desde una moto. En Teniente Agneta y San Luis a fin de año sacaban un tablón a la calle para una cena de la cuadra, pero desde hace dos años es impensable. La gente perdió el respeto a la policía, a los políticos y a los jueces. Es algo que no habrían preferido, pero pasó. Ahí sale la idea: «lo tenemos que hacer nosotros porque los que tienen que actuar no hacen nada»”
“El cumplimiento de las normas —dice el psicoanalista Degano— no se da en un campo abstracto sino favorecido o desfavorecido en el entorno en el que vive la gente. Si hay una exposición permanente a la transgresión sin sanción se exacerba la cultura del miedo. Y en esos fondos de irracionalidad se dan comportamientos incluso inesperados para los valores esenciales que esas personas que reaccionan profesan. Allí incumplen normas personas que en otro momento jamás lo harían. Frente a la idea de estar abandonado, aun cuando eso pueda exagerarse, estamos expuestos al descontrol de las pasiones y a un mayor sufrimiento subjetivo”.
Ha habido un asesinato. El joven que estaba junto a Moreira ya está condenado por el robo que derivó en el homicidio. Moreira fue flagelado hasta el último aliento. En la zona donde se cruza la imperiosa aplicación de la ley con las reacciones del barrio se anudan malestares diversos que tienen una historia borroneada: el de la familia de un chico asesinado de manera atroz, el de un vecindario que no se habitúa a vivir con zozobra, el de un fiscal al que su trabajo escrupuloso le ocasiona amenazas en las redes públicas donde se difunde su foto, el de un sistema institucional lánguido que quiere que se aplique la ley, pero cuyos representantes lo expresan lánguidamente por temor al descrédito.
Este conjunto de pesadumbres tienen la forma y el peso de las omisiones institucionales y las tareas pendientes.
