Sigue la polémica por la restricción de atención a la salud de los 600 mil afiliados del Iapos por parte de los efectores privados en Rosario. Tras la publicación de algunas historias de personas que vieron empeorados sus cuadros físicos por la falta de seguimiento médico, cirugías y estudios, un legislador provincial volvió a la carga con una presentación que busca arribar a soluciones del conflicto por los aranceles que sostienen los sanatorios y la mayor obra social de Santa Fe, que cubre a trabajadores provinciales, municipales y comunales, médicos, docentes, policías, funcionarios judiciales y legislativos.
En este marco, el diputado provincial Miguel Rabbia recordó un pedido de informes presentado hace dos semanas en la Legislatura santafesina en relación al corte de prestaciones médicas anunciado por la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Rosario, pero también las de Santa Fe y Rafaela, fundamentada en el atraso de pagos como así también por la falta de actualización de los montos abonados por cada prestación cubierta por el instituto.
"La medida ha resultado sorpresiva para los afiliados Iapos, poniéndolos en una situación de extrema vulnerabilidad al no tener certezas de la cobertura que disponen y la suspensión de distintas prestaciones como cirugías programadas, estudios complementarios de imágenes o endoscopías, a lo que se suma el plus como compensación que exigen los prestadores", puntualizó el diputado en los fundamentos del pedido.
Según el legislador, la situación supone la vulneración del derecho de acceso al sistema de salud a las familias de los trabajadores que mensualmente realizan los aportes correspondientes, y que son superiores a los empleados agrupados en las obras sociales nacionales sindicales regulados por la ley 23.660 y 23.661. "Los trabajadores de las obras sociales nacionales aportan el 3% de su salario, mientras que los trabajadores estatales sin familia el 3,5% y con grupo familiar 4,5%. La situación es más desigual para los jubilados, que aportan el 4,5%", explicó.
Datos
En virtud de estas consideraciones, pidió al Ejecutivo provincial que brinde información sobre el estado actual de la disputa, y las estrategias a implementarse para dar una pronta solución. Entre los datos solicitados, quiere saber el alcance y tipos de prestaciones que están sufriendo recortes; motivos por los cuales se ha producido la interrupción de prestaciones; la deuda existente esos actores; la fecha de inicio de estos reclamos; y las gestiones y acciones que se están desarrollando para normalizar las prestaciones.
Además, solicita conocer el presupuesto asignado y ejecutado durante los tres primeros meses del año para cubrir prestaciones requeridas por los afiliados y provisión de medicamentos, y para costear desde rentas generales los medicamentos comprados vía recurso de amparo con la nómina de los mismos. También pide información sobre el cálculo de recursos previstos para el presente ejercicio, detallando el destinado a gastos administrativos para el funcionamiento del Iapos y los ingresos previstos para el año y percibidos durante los tres primeros meses provenientes de los aportes de los afiliados y contribuciones del empleador.
Por último, interroga sobre las acciones de mejora previstas para resolver situaciones recurrentes de la obra social tales como plus prestacional, exigua cobertura de medicamentos y recursos de amparos para poder lograrlos.
"Hoy lo urgente es la búsqueda de un acuerdo, y traer a la mesa mejores ideas para que esto pueda seguir funcionando. Los prestadores aducen incrementos del 1000% de los medicamentos de anestesia. Sería una buena idea comprarlos de manera unificada para toda la provincia, o producirlos en el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF, el laboratorio público de la provincia). Existen muchas estrategias colaborativas que se pueden disponer", subrayó a La Capital.
En esa línea, Rabbia recordó que en su paso por el Senado provincial representando al departamento Rosario (2021-2023), fue el autor de tres proyectos de ley relacionados al Iapos, en busca de mejorar la calidad de atención y la transparencia del instituto: uno es la creación de un consejo consultivo para el manejo del instituto, el segundo fue para generar un piso de prestaciones anclado en el Programa Médico Obligatorio Nacional, y el tercero para garantizar la accesibilidad al sistema sanitario en las localidades del interior a través de la generación de un número de prestador para cada efector público.
