Hemos aprendido en la escuela secundaria que el Estado es la organización jurídica de la Nación y el ciudadano común, a través de los impuestos que paga, contribuye al sostén económico de aquél. Sin embargo, poco es lo que se conoce del andamiaje político-administrativo del Estado. Funcionarios designados a través de mecanismos que dejan mucho que desear responden más a quienes propiciaron su nombramiento que a las reales necesidades de la sociedad. Comisarios, funcionarios judiciales, ignotos para la mayoría de los ciudadanos, cumplen sus funciones sin ninguna obligación de exponer o rendir cuenta de sus actos o gestiones ante la ciudadanía quien observa impávida sus actuaciones públicas careciendo de una herramienta legal para pedir su remoción en el cargo. Las audiencias públicas y todas las instancias que permitan el accionar cívico del control de los funcionarios deberían ser conocidas por los ciudadanos.
