Un crimen con cinco implicados que no se agravó por la actuación conjunta, sin explicar por qué ni el desempeño de cada uno. Y un acusado que pasó de ejecutor a partícipe sin justificar el cambio de rol. Esos problemas encontró el camarista Daniel Acosta en el juicio abreviado celebrado por Ariel Máximo “Guille” Cantero y otros dos acusados de acribillar al bolichero Diego Demarre en 2013. Ante esos defectos, el juez confirmó el rechazo al acuerdo dictado en julio por tres jueces de primera instancia. Al igual que sus pares, consideró que al convenio le faltaron fundamentos, cuando “uno de los pilares de todo sistema democrático es que los poderes públicos den razón de sus actos”.
Si bien desaprobó el abreviado, el juez no estuvo de acuerdo con la forma jurídica que utilizaron para rechazarlo sus colegas que lo precedieron. El tribunal integrado por Edgardo Fertitta, José Luis Mascali y Julio Kesuani había dictado una nulidad de oficio. Para Acosta, ese no es el remedio procesal que se aplica en estos casos, sino que corresponde otra vía. La nulidad alcanza a medidas o decisiones judiciales y puede invalidar actos posteriores. En este caso, advirtió, corresponde declarar la “inadmisibilidad”, que se aplica cuando un acto de partes no cumple con requisitos formales.
Una sola voz. La decisión plasmada en 18 páginas, que leyó a sala llena y ante los tres detenidos de rostros inescrutables, fue seguida por un silencio abrumador. Es que (algo inusual) ninguna de las partes se fue conforme. El fiscal de Cámaras Guillermo Camporini adelantó que dará un paso al costado, dado que ya plasmó su postura favorable a este abreviado. El equipo de defensores (Jorge Bedouret, Adrián Martínez, Fausto Yrure y Carlos Varela) estudia los pasos a seguir, aunque Varela dijo que evalúan acudir ante la Corte Suprema (ver aparte).
Con el acuerdo caído, el futuro de la causa dependerá de cómo se muevan las partes: pueden esperar un pronunciamiento del máximo tribunal, cerrar otro abreviado que solucione los problemas de éste o encaminarse a un juicio que puede ser oral o escrito según la calificación legal que escoja la fiscalía al pedir la elevación a juicio.
Si el expediente sigue con su curso habitual ese sería el próximo paso luego del procesamiento que dictó en junio del año pasado la jueza Alejandra Rodenas contra Cantero y sus laderos: Jorge Emanuel Chamorro y Leandro Alberto Vilches. Paralelamente, sigue adelante la parte del acuerdo abreviado que sí prosperó: la que fijó penas que rondan los 3 años de prisión a 14 personas por integrar una asociación ilícita conocida como Los Monos. De ellas, once ya firmaron su consentimiento y sólo resta que el tribunal dicte la sentencia de homologación.
Los tres que no firmaron, sin que ello invalide el trámite del resto, son precisamente Cantero, Vilche y Chamorro. Es que habían aceptado penas únicas sin discriminar qué monto correspondía a su actuación en la banda y cuántos años de prisión por el caso Demarre. De modo que una cosa quedó atada a la otra y sus abogados analizan qué hacer.
Sin concesiones. El escrito de Acosta, en respuesta a la apelación de la defensa, no hizo concesiones con nadie. Señaló errores de los abogados, de la fiscalía y del tribunal, al que no sólo le reprochó llegar a una nulidad que no correspondía sino también confundir los roles bajo los que fueron procesados Chamorro y Vilches, error que dijo haber constatado con “sorpresa y estupor”. El texto versa sobre cuestiones técnicas que hacen al abreviado, como qué les corresponde revisar a los jueces o si a los acuerdos entre partes hay que fundarlos.
En este punto fue tajante. Si bien entre los requisitos que cita el Código para los abreviados no figura la fundamentación, el juez señaló que un sistema adversarial no puede renegar de “uno de los pilares básicos de todo sistema democrático, cual es que los poderes públicos deben dar razón de sus actos. Siempre se dijo que el estado de derecho es estado de razón”. Incluso citó autores que advierten que los abreviados tienen el riesgo de dar soluciones jurídicas distintas para hechos similares.
Acosta dijo que hay un problema de congruencia entre la conducta imputada a “Guille” y el rol fijado para condenarlo a 9 años de prisión. En el texto del convenio se le enrostra “haber dado muerte a Diego Oscar Demarre mediante múltiples disparos con un arma 9 milímetros, habiendo sido esa muerte ordenada por precio o promesa remuneratoria por el grupo Cantero y en venganza por la muerte de Ariel Claudio “Pájaro” Cantero”.
La muerte. El mediodía del 27 de mayo de 2013 Demarre volvía a su casa tras declarar por la muerte del Pájaro frente a su boliche de Villa Gobernador Gálvez. En Seguí y Maipú fue herido con seis tiros desde un auto que se le puso a la par. La pesquisa probó por escuchas que lo siguieron desde Tribunales y a Guille se lo acusó de ser quien efectuó los disparos mortales, tal como quedó registrado en una filmación. Sin embargo, de manera “ilógica” y con una “incomprensible inconsistencia”, se propuso condenarlo como partícipe secundario. Tampoco se aclaró —dijo Acosta— en qué consistiría su aporte secundario.
Pero el punto decisivo es la falta de fundamentación del cambio de calificación penal. Guille y sus hombres estaban acusados de un crimen “calificado por la participación premeditada de dos o más personas”, que se pena con perpetua. Pero cerraron condenas por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, con 9 años para Guille y 8 para sus secuaces. Un cambio que tampoco se fundó.
En ese sentido, el juez recordó que los implicados no son tres sino cinco. Está prófugo Ramón “Monchi” Machuca, a quien lo comprometen escuchas, y el conductor del Volkswagen Bora desde el que se concretó el ataque, Andrés “Gitano” Fernández. Este hombre fue procesado bajo el agravante que el acuerdo desestimó. Para Acosta, antes de desechar esa figura hace falta explicar qué aporte hizo cada uno de los acusados en el hecho. Ese agravante se aplica cuando actúan al menos tres personas (sean coautores o cómplices) de manera tal que “la pluralidad pueda aminorar la defensa de la víctima”.
En respuesta a los defensores, Acosta rechazó el argumento de que el tribunal anterior fue creado “ad hoc” ya que la conformación pluripersonal fue consentida por la defensa. Señaló que, en todo caso, eso supone un menor riesgo de error.
También descartó que existiera un “doble juicio de admisibilidad”, como alegaban los defensores al recordar que hubo una primera inspección formal del juez de Instrucción Luis María Caterina. Acosta contestó que esa primera revisión es amplia, pero al tribunal de juicio le corresponde ser más estricto. Tampoco se explayó sobre los fundamentos que presentó la fiscalía tras el rechazo al abreviado porque eso no fue motivo de apelación.
Así, sin siquiera considerar necesario introducirse cuestiones de prueba, “ni menos aún desnudar ninguna estrategia procesal de las partes” confirmó el rechazo del abreviado por la falta de fundamentación.
