El asesinato simultáneo de dos policías uniformados y en servicio no es
frecuente en ningún lugar de Argentina. Pero en una ciudad de 15 mil habitantes como Diamante,
desacostumbrada al delito violento en estos extremos, la conmoción sacudió como un maremoto. La
policía, las autoridades políticas y los vecinos manifestaron indignación, exigieron respuestas
rápidas, cuestionaron el sistema de garantías. Y la respuesta llegó tan veloz como se requería: a
veinte minutos del hecho fue capturado un hombre de 32 años, rosarino, de condición modesta. Le
atribuyeron la tenencia de un arma, dijeron contar con pruebas abrumadoras en su contra y señalaron
que había estado preso por un hurto 36 horas antes pero que el juez lo había dejado libre.
Todo pintaba para escándalo. "Lo liberaron luego de haber robado y mató a dos
policías", tituló el diario La Nación en su edición del lunes 5 de julio. El jefe de policía de
Entre Ríos, Héctor Massuh, daba cuenta del arresto de Mauro Ramón R., de 32 años, y decía, en
Diamante, al mismo diario: "Estos funcionarios, cumpliendo su misión de resguardar a la sociedad,
identifican a un individuo, un asesino, que termina con la vida de los dos funcionarios".
Cambio de frente. Pero el día miércoles 7, después de que se hicieran marchas
diarias de vecinos consternados, se conoció una noticia que tumbó el tablero prolijamente armado
hasta entonces. El juez Jorge Barbagelata Xavier indicaba que la persona que tenían presa desde
tres días antes no era el ejecutor de los policías. Había un nuevo detenido. También era rosarino:
Rubén Ricardo Ferreyra, de 26 años, condenado en el pasado por tráfico de drogas en Rosario,
prófugo de la cárcel de Ezeiza. Tres días después varios testigos en rueda de reconocimiento lo
señalaban sin vacilar como el homicida de los policías Marcelo Zárate, de 43 años, y Alejandro
Muñoz, de 25.
¿Y el primer detenido? ¿No era que lo habían atrapado con un arma de fuego?
¿Acaso el director de Investigaciones de la policía de Entre Ríos, Carlos Shmunk, no había
declarado que la evidencia contra él era abrumadora?
El jueves último el juez Barbagelata terminó por procesar por doble homicidio a
Ferreyra y dictar la falta de mérito a este primer detenido. LaCapital trató de ubicarlo en
Diamante pero el joven declinó cualquier contacto. Tras pasar ocho días preso permanecía bajo
estado de terror. El informe forense judicial determinó que tenía lesiones compatibles con apremios
ilegales. Es imaginable que no pasó bien sus primeras horas entre policías acusado por matar a dos
policías. Su defensor oficial, Esteban Monje, no duda de que sufrió castigo feroz.
El chivo expiatorio. Y hoy a pocos le caben dudas de que Mauro R. fue la víctima
propiciatoria que una comunidad desangelada reclamaba a gritos a instantes de ocurrido un doble
crimen estremecedor. La policía rápidamente ofreció una. El ministro de Gobierno de Entre Ríos,
Adán Bahl, ponderó a la fuerza por esclarecer el caso con la celeridad esperada. De qué modo se
había hecho, a la vista de lo ocurrido luego, no parecía igual de importante.
En el mismo fallo en el que procesó a Rubén Ferreyra por el doble crimen, el
juez Barbagelata impartió instrucciones para que se investigue por qué motivo la policía señaló que
Mauro R. tenía un arma que ahora se presume plantada. También requirió que se determine si sufrió
vejaciones o apremios físicos durante su detención. Fuentes judiciales dijeron que al recuperar la
libertad se fue a su casa "con la cara dibujada".
En este caso se cuelan elementos que sugieren una utilización política. El
primer detenido, luego desvinculado, había sido detenido por el robo de una mochila el 3 de julio.
El juez Barbagelata debió liberarlo porque no tenía evidencia de su autoría: sólo lo acusaba del
hecho un acta policial. Cuando lo apresaron el 5 de julio y lo culparon del doble homicidio empezó
a montarse un escándalo. ¿El hombre que había matado a dos policías en la calle cuando trataban de
identificarlo era el mismo al que el juez había dejado ir dos días antes por un hurto?
Así se tejió la historia, tan inapelable como para llegar a ser cabeza de página
en La Nación. Pero un sector de la policía de Diamante se obstinó en investigar otra línea que, al
derivar en la detención de Rubén Ferreyra, terminaría poniendo en evidencia la fabricación de un
culpable.
Altas fuentes del Poder Judicial de Entre Ríos señalaron que este caso expresa
una demagógica y peligrosa fórmula para bajar la tensión de conflictos que desatan la ira pública:
entregar una cabeza. "Además hubo algo más: el poder político y policial enfocó la presión hacia el
juez, sugiriendo negligencia o culpa de su parte porque supuestamente, con desdén, había liberado
dos días antes al asesino que mató a los dos policías", sostuvo el funcionario que habló con este
diario.
Es usual que las fuerzas de seguridad y su conducción política, en casos como
éste, se presenten como instituciones operativas, que resuelven arrestos e identifican culpables,
endilgándole a los jueces penales un rol permisivo o indolente, que al liberar acusados deshacen la
eficacia de aquel trabajo. Pareció patente, en este caso, con el ministro de Gobierno Bahl, y su
clara crítica lanzada al Poder Judicial. "Por más que uno ponga un ejército en la calle, si no se
trabaja en conjunto suceden estos hechos", decía a los pocos minutos de que la cúpula de la policía
entrerriana presentara como resuelto este caso amañando un culpable.
En offside. Tanto la jerarquía de la policía entrerriana como el Ministerio de
Gobierno, que anunciaron tener el caso resuelto el primer día, quedaron en off side. No así del
área de Investigaciones de la departamental de Diamante que con un acusado plantado igual
profundizó la línea de pesquisa que terminó con la detención de Ferreyra y su posterior
procesamiento por doble asesinato triplemente calificado.
"La gran enseñanza de este caso es que en las situaciones más adversas hay que
ser prudentes", dijo a este diario el juez Barbagelata Xavier. "Cuanto más conmoción provoca un
tema más debemos saber esperar. Hay que ser prudentes con las personas y respetuosos de los demás
poderes del Estado".
Por una compensación. Tras pasar ocho días detenido, con un informe del forense
judicial que indica lesiones compatibles con apremios ilegales, el primer detenido en este caso,
Mauro Ramón R. está en condiciones de impulsar una demanda civil millonaria contra la provincia de
Entre Ríos.
“En el momento que se anunció su detención, si lo agarraban a Mauro R. lo colgaban en
la plaza. Y lo mismo hubiera ocurrido con el juez. Fue una situación que parecía justificar la mano
dura pero que muestra que ese discurso es una falacia: iban a aplicarle mano dura a un presunto
inocente”, señaló una fuente tribunalicia.
