Causa Escobar: acusados rechazan el envío del caso a la Justicia federal

Los abogados de los imputados de la desaparición y muerte de Gerardo "Pichón" Escobar, el joven golpeado al salir del bar La Tienda y hallado muerto en el río una semana después, apelaron ayer la resolución que ordenó girar la pesquisa a la Justicia Federal bajo la sospecha de una posible participación policial y la configuración del delito de desaparición forzada de persona. Si el pedido es admitido será la Cámara Penal quien dirima la controversia.

Ignacio Carbone y Juan Ubiedo, letrados de los patovicas del bar La Tienda José Luis C. y César Darío A.; y sus colegas José Luis Giacometti, por el policía José Luis N., y Marcelo Piercecchi como asesor de Maximiliano A., también agente provincial que realizaba tareas adicionales de vigilancia, pidieron que se revoque la resolución del juez Luis María Caterina que declaró la incompetencia del Poder Judicial de Santa Fe en el caso Escobar.

El viernes Caterina evaluó elementos "nuevos" surgidos que lo inclinaron a sospechar la posible participación del Estado a través de la policía en la privación de la libertad y desaparición de Escobar, quien al salir del bar La Tienda el 14 de agosto fue golpeado por un patovica, y apareció sin vida en el río Paraná una semana más tarde.

Sin evidencia concluyente. Cada defensa con escritos por separado pero con planteos comunes apelaron. No hizo uso de esa opción el principal acusado, el patovica Cristian Jesús V., a quien se ve en un video golpear a Escobar en Tucumán al 1100, aunque también apelará en los próximos días, según su asesor legal Leopoldo Monteil.

El resto de los imputados cuestiona a Caterina. Aducen que las conclusiones a las que arribó "no son "convincentes" ni "fundadas", y que de esa manera se causó "un perjuicio manifesto". En una audiencia que tuvo momentos de tensión, el viernes el juez aceptó el pedido de los fiscales Marisol Fabbro y Rafael Coria. Los funcionarios, que en un primer momento no habían hallado elementos más que para imputar el homicidio y el encubrimiento agravado, sumaron nuevos que los inclinaron a sospechar de la posible intervención de agentes policiales en una privación ilegítima de la libertad de la víctima.

De esa manera se plegaron a la pretensión que esgrimieron los abogados querellantes —en representación de la hermana de Pichón— quienes sostuvieron la eventual connivencia entre personal de seguridad del boliche y efectivos de la comisaría 3ª (Dorrego al 100).

Según esa hipótesis, tras ser golpeado el joven habría sido levantado por un móvil policial en Sarmiento y Catamarca, y luego trasladada a la comisaría. Mencionaron que no hay datos oficiales sobre la ubicación de dos patrulleros, y que hubo presos que escucharon gritos de una persona detenida esa noche.

Pero para los defensores esos indicios no alcanzan para llevar la causa al fuero federal. Dicen que hay "ausencia total y absoluta de evidencias" que por lo menos generen un estado de probabilidad para sospechar de desaparición forzada.

Apuntan que la resolución de Caterina peca de "contradictoria" porque los argumentos "no demostraron que a Gerardo lo hubiera llevado un patrullero a la seccional 3ª, ni se acreditó el alegado acuerdo entre el comercio y la policía".

Los letrados hablan de que las "nuevas" evidencias expuestas por la fiscalía sólo son "conjeturas forzadas", y ello expuso "falta de objetividad" y "mala fe procesal".