La creciente politización de los casos de narcotráfico en la provincia impulsaron al intendente interino de Granadero Baigorria, Adrián Maglia, a convocar ayer a una conferencia de prensa "para aclarar la situación de 21 licencias de remises que pertenecieron a Delfín David Zacarías", el hombre procesado por el juez federal Carlos Vera Barros por liderar una banda dedicada al narcotráfico en la región. Empleados de "Frecuencia Urbana", la remisería que el supuesto narco tenía en la vecina localidad, le habían exigido al municipio la devolución de las chapas incautadas por orden de la Justicia. "Después que la Justicia Federal dictó el procesamiento de los imputados y la inhibición de bienes en la causa Zacarías, este municipio decretó la baja a las licencias y retomó su control", explicó el asesor legal baigorriense, Guillermo Vitali. Pero la conferencia de prensa estuvo marcada por dos cuestiones. El plano legal, es decir la decisión que el municipio tomó sobre las 21 licencias que pertenecieron a Zacarías; y el contexto político económico que rodea al caso. Al respecto, Maglia (Frente para la Victoria) sostuvo: "Desde 2007 nos opusimos a que las licencias sigan en manos de esa empresa pero lo hicimos hasta donde sabíamos, porque no somos investigadores, y ayudando a la Justicia. Y ahora hemos sufrido presiones y extorsiones tanto nosotros como nuestros asesores legales", indicó. ¿El trasfondo para Maglia y los suyos? Con el caso Zacarías se pretende enlodar una potencial candidatura del secretario de Transporte de la Nación, e intendente en uso de licencia de Baigorria, Alejandro Ramos.
¿Y cómo lo haría? "Las presiones a las que se refería el intendente llegan de parte de apoderados o voceros del señor Zacarías. Amenazan o extorsionan con que el señor Zacarías brindará información sobre vínculos con la administración municipal, no sólo de Granadero Baigorria sino de otras localidades y municipios, si nosotros no le restituimos las chapas a su titularidad", explicó el abogado Guillermo Vitali, asesor legal del municipio. Y agregó que "todas las chapas que tenía Zacarías fueron otorgadas por gestiones anteriores a 2007", cuando Alejandro Ramos se hizo cargo de la intendencia. "Todas las amenazas fueron denunciadas y cada anormalidad que se presenta se la informamos al juez federal Carlos Vera Barros", explicó.
Allanamientos. El 5 de septiembre pasado, a partir de una investigación del fiscal federal Juan Patricio Murray, Delfín David Zacarías y otras 12 personas (entre ellos varios de sus familiares) fueron detenidos por efectivos de Policía Federal en el marco de la denominada "Operación Flipper". Fue la primera vez que el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, hizo una conferencia de prensa sobre un operativo narco en el departamento Rosario. Entonces, en una casa de Funes, se secuestraron 300 kilos de pasta base de cocaína, mil litros de precursores químicos, varios autos y propiedades. La causa quedó en manos del juez federal Carlos Vera Barros, quien en octubre dictó el procesamiento a todos los involucrados, medida confirmada a fin de año por la Cámara Federal de Rosario. Uno de los efectos colaterales de esa medida fue la inhibición de los bienes personales de los procesados, y entre esos bienes están las 21 licencias de remises de Frecuencia Urbana, cuyos choferes se quedaron sin trabajo y ahora reclaman al municipio de Granadero Baigorria.
"Nosotros incautamos la chapas por pedido expreso de la Justicia Federal. No se dio un sólo paso sin el conocimiento de la Justicia. Luego tuvimos una serie de reclamos que se hicieron muy visibles a partir de la candidatura de nuestro intendente en uso de licencia, el doctor Alejandro Ramos, y se incrementaron las presiones sobre funcionarios de esta gestión. De ninguna manera podemos transferir, como solicitaban los titulares de las licencias, porque esas chapas han sido incautadas y ninguna persona inhibida puede disponer de sus bienes por disposición de la Justicia. De eso trata todo", explicó Maglia.
Pero el intendente no estuvo sólo. Fue acompañado por cinco concejales del FPV; el secretario de gobierno, Adrián Playa; y el asesor legal, Vitali. "El municipio se ve en la obligación de defender esas chapas porque estamos hablando de cifras que oscilan alrededor de los 2 a los 2,5 millones de pesos, que es el eje de la disputa. Vuelvo a insistir que debemos regirnos por lo que dice el juzgado", indicó Maglia.
Si bien no se hizo hincapié sobre la manera en la que Zacarías se hizo con las 21 licencias de un parque de 150, una fuente allegada al gobierno baigorriense indicó que "Zacarías le fue comprando las licencias a primeros propietarios. Son licencias que se otorgaron antes de la gestión de Alejandro Ramos".
El decreto. Una vez dictados los procesamientos a la familia Zacarías, el municipio de Baigorria dictó el decreto 624 a través del cual ordenó la caución de las 21 licencias que automáticamente volvieron a poder del Estado. Además se clausuró Frecuencia Urbana. "En un primer momento se caucionaron las chapas de los remises. Un grupo de choferes y los apoderados de la firma intentaron un reclamo administrativo en la secretaria de Trabajo, que fue rechazado; una medida cautelar en la Cámara Contenciosa Administrativo solicitando la devolución de las chapas, que también rechazado. Después la Justicia Federal dictó el procesamiento de los imputados y la inhibición de sus bienes, por eso el municipio decretó la baja de las licencias y retomó su control", comentó el abogado Vitali.
¿Y los puestos de trabajo? "No creemos que haya habido connivencia entre los trabajadores y el delito que se plantea, por eso tenemos una mesa abierta con los trabajadores y el sindicato de choferes de remises, con los que estamos trabajando para que los conductores afectados sean absorbidos por otras firmas de la ciudad. La mesa de dialogo fue abierta para cuidar los puestos de trabajo", explicó el asesor legal de Baigorria.
