Granadero Baigorria.— En un operativo que tuvo lugar a última hora del lunes la Municipalidad clausuró el espacio que, en medio de una polémica de años, una guardería náutica ocupó en forma irregular, y se comprometió a liberarlo para el acceso al público.
Se trata de un espacio de 60 metros hacia el norte de calle Lisandro de la Torre y el río, que la empresa MB Servicios Náuticos ocupó desde 1995 ampliando su lugar de explotación comercial del espejo de agua, donde además se instalaron tanques de combustible que hoy no están funcionado.
La empresa había obtenido en 2003 un permiso para ocupar el lugar durante cinco años, luego amplió su extensión en 2007 mediante una licitación cuestionada por el Concejo Municipal, que fue dejada sin efecto por una ordenanza.
La empresa tiene ahora un plazo de diez días para retirar sus pertenencias, y los dueños de las embarcaciones deberán tramitar ante el municipio su retiro, ya que quedaron bajo una custodia policial.
La Municipalidad anunció que, una vez cumplido el plazo para regularizar esta situación, liberará el lugar para el acceso del público.
El equipo de asesoría letrada del municipio, el juez de faltas, una escribana y hasta el apoyo de un móvil policial que mantuvo una prudente distancia fueron parte del operativo que se realizó en forma pacífica y sin resistencia alguna.
Según el asesor legal del municipio, Guillermo Vitali, "esta iniciativa responde a una decisión del Ejecutivo para avanzar en recuperar los espacios públicos defendiendo el derecho de los vecinos de usufructuar libremente y sin restricciones los bienes públicos de la ciudad". Y agregó: "No estamos en contra de las iniciativas comerciales privadas, siempre y cuando se ajusten a derecho".
Desde hace seis años. En 2003 LaCapital dio cuenta en una serie de notas sobre esta situación irregular y de la pasividad del Estado para permitir el desarrollo comercial de este emprendimiento. Incluso existía un fallo judicial de 2002 que no hacía lugar a un recurso de amparo presentado por la empresa, habilitando al municipio a proceder en ese momento al desalojo.
Sin embargo, el 15 de enero de 2003 el Concejo Municipal otorgó, en una sesión polémica y con votos en contra de la oposición, un permiso de explotación a la empresa por cinco años del espacio ocupado.
En ese momento se fijó un canon mensual en función de la cantidad de lanchas guardadas y se obligó a la firma a realizar en diez meses un muelle de pescadores, un lugar para embarco y desembarco de lanchas y una pasarela de acceso libre y gratuito. Ninguna de estas obras fueron concluidas, a pesar de que la ordenanza remarcaba que un atraso en tres meses en los plazos daría por caído el permiso en forma automática. En los últimos tiempos la empresa tampoco cumplió con el canon, dice el municipio.
Cuando todavía este permiso de cinco años estaba vigente el ex intendente Lioy, a punto de terminar su mandato en 2007, llamó a licitación y prolongó por cinco años más la ocupación.
Ante esto, los concejales aprobaron una ordenanza declarando nula la licitación de 2007, que si bien fue observada por el Ejecutivo, quedó firme cuando retornó al cuerpo.
Por eso, una vez vencido el primer permiso, en enero de 2008, la actual gestión inició las tramitaciones que desembocaron en el procedimiento del lunes.
Por Alvaro Torriglia
Por Javier Felcaro