La ministra de la Corte Suprema de la Nación Carmen Argibay pulverizó ayer, con
una humorada, la propuesta de rebajar la edad de imputabilidad penal como fórmula para controlar el
delito. “Quieren bajar la imputabilidad de 16 a 14 años. Pero va a seguir igual la cosa.
Luego van a proponer bajarla a 12. Y luego a 10. Finalmente vamos a encarcelar al nene de tres años
porque le pegó al compañerito en el pelotero del jardín de infantes”, ironizó.
La integrante del máximo tribunal argentino, especialista en derecho
penal, reiteró en Rosario posiciones personales ante la renacida polémica de reducir el umbral de
persecución a chicos. Su criterio es que los niños y adolescentes que se convierten en victimarios
son antes, en la mayoría de los casos, víctimas de situaciones sociales vulnerables: falta de
hogar, educación, familia y de perspectiva de futuro.
Bajar la imputabilidad de los menores sin generar políticas sociales
inclusivas para niños y adolescentes, dice la jueza, servirá para encarcelar más, pero no para
terminar con la criminalidad. “No sirve para nada. Es lo mismo que incrementar las penas para
los delitos en el Codigo Penal. Son fórmulas inadecuadas para resolver el delito. Esto se resuelve
con programas de prevención e integración social que hoy en Argentina son insuficientes”,
sostuvo.
Las declaraciones fueron realizadas ayer a la mañana en los Tribunales
provinciales de Rosario, al inaugurar el XII Congreso Nacional y II Internacional de Capacitación
Judicial. Hasta allí llegaron el gobernador Hermes Binner, los ministros de Justicia y de
Seguridad, Héctor Superti y Daniel Cuenca respectivamente, y los representantes de la Suprema Corte
provincial encabezados por su presidente, Roberto Falistocco.
¿Me pueden explicar? La jueza consideró que las relaciones entre menores y sistema penal se
instala en forma espasmódica en los medios por razones políticas. “Hay muchos chicos que
tienen una expectativa de vida de 20 años como mucho. Saben que su vida no vale nada. Lo saben
porque la sociedad no les ha dado nada: ni familia, ni salud, ni atención médica, ni cariño, ni
nada. ¿Me pueden explicar por qué les voy a exigir yo a esos chicos que respeten la vida de los
demás si nadie respetó la de ellos?, se preguntó, en una entrevista con Canal 3.
La semana pasada Argibay había sostenido que si se tocan los libros sin
modificar la realidad social donde se origina la criminalidad el delito seguirá existiendo. A la
ministra le preguntaron por los dichos de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, respecto
de que la policía realiza detenciones y los jueces liberan con ligereza. “Son declaraciones
políticas. Yo no hago declaraciones políticas, hago mi trabajo de jueza”, planteó.
Argibay coincidió, contra la línea del Poder Ejecutivo en este tema, con
su colega de la Corte nacional Raúl Zaffaroni, quien dijo que Kirchner “se equivoca
políticamente y mal”, al pedir a los jueces garantistas “ponerse los pantalones
largos” porque liberan a delincuentes que vuelven a cometer delitos. “Hay hipócritas
que pretenden que se encierre a todo el mundo y que los jueces se conviertan en verdugos de los
pobres y excluidos. Piden que se condene a niños para meterlos en cárceles donde sean violados y de
las que salgan como psicópatas asesinos”, afirmó la semana pasada.
La discusión. La iniciativa del gobernador bonaerense, Daniel Scioli, de bajar la edad de
imputabilidad de 16 a 14 años en casos de delitos graves, surgió tras la muerte de un ingeniero en
San Isidro hace dos semanas y abrió la polémica luego de que fuera rechazada desde varios sectores,
incluso oficiales.
En Buenos Aires, según datos del Ministerio de Desarrollo Social, hay
400 mil jóvenes de entre 15 y 24 años que no estudian ni trabajan y gran parte de ellos vive
“situaciones extremas de marginalidad y de pobreza”. En este sentido, desde esa área
consideraron que “es letal y lacerante criminalizar” a los adolescentes, al tiempo que
es una “barbaridad” y una “irresponsabilidad” decir que ellos son los
culpables de la inseguridad.
