La jueza de Menores María Dolores Aguirre Guarrochena decidió ayer archivar la causa que investigaba el supuesto abuso sexual a un alumno de 1º grado la Escuela Nº 1318, de Saavedra al 6100. La magistrada consideró que “no existen elementos serios y verosímiles” que permitan abonar la denuncia realizada por la mamá del menor, quien había señalado a un grupo de ocho chicos de 7º grado como autores de la agresión. La magistrada, además, ordenó a Facebook la inmediata eliminación de las publicaciones referidas al tema, haciendo hincapié en el daño producido a los menores denunciados.
El caso conmocionó la comunidad educativa de la escuela de zona oeste donde concurren unos 700 niños. Es más, el Ministerio de Educación de la provincia dispuso la intervención del establecimiento y el reemplazo del equipo directivo con la intención de superar la crisis abierta una vez que se hizo pública la denuncia de la mamá del pequeño (ver aparte).
Sin embargo, después de tres meses de reunir los testimonios de la madre, de la directora y docentes de la escuela e informes de peritos forenses y de profesionales del Centro de Asistencia a la Víctima que asistieron al chico, la jueza decidió archivar la causa.
“A la luz de las pruebas colectadas, no existen elementos serios y verosímiles que justifiquen el sustento de un proceso”, advirtió Aguirre Guarrochena.
La denuncia. La causa se inició el pasado 2 de junio, cuando la mamá del niño radicó una denuncia en la seccional 19ª de la policía provincial y en el Centro de Asistencia a la Víctima de Delitos Sexuales (Cavds). Allí aseguró que su hijo de 7 años era abusado por ocho chicos de 7º grado en el baño ubicado en la planta baja del establecimiento.
Los médicos que asistieron al chiquito lo derivaron al Hospital Roque Sáenz Peña para realizar un tratamiento pertinente en materia de profilaxis.
El caso quedó en manos de la jueza Aguirre Guarrochena, quien concurrió a la escuela y habló con los padres. En su despacho reunió después los testimonios de la directora, la maestra del niño y los docentes de 7º grado, además de informes de profesionales del Cavds y de peritos judiciales.
La magistrada pidió también la declaración del menor en una Cámara Gessel. Sin embargo, profesionales del Equipo Interdisciplinario del Poder Judicial advirtieron que el niño no se encontraba en condiciones para enfrentar una declaración testimonial, ya que debía recibir atención terapéutica.
Para esto, citaron varias veces a su mamá en el Cavds sin lograr que la mujer asistiera a ninguna de tres entrevistas pautadas. Y el mismo final tuvieron otras dos encuentros pactados con profesionales del Equipo Interdisciplinario del Poder Judicial.
Situaciones que la jueza evaluó como “una actitud obstructiva por parte de la madre en relación a prestar un mínimo de colaboración necesaria para investigar la realidad de los hechos, actitud que también quedó reflejada en este mismo Juzgado”, señala la resolución judicial.
Sin embargo, no fue este el único elemento considerado para decidir el archivo de la causa. El cotejo de los testimonios de los docentes y de las planillas de asistencias de las semanas previas a la denuncia permite inferir que la posibilidad de que el niño de 1º grado y sus compañeros de 7º “hayan podido compartir el baño de la escuela aparece como más bien remota”, advierte el escrito.
Esto es, apunta, porque los alumnos de 7º empezaron a compartir turno con los más pequeños desde el inicio de la jornada ampliada. Esta modalidad comenzó en la escuela a mediados de mayo y durante las primeras semanas los alumnos más grandes carecieron de recreos o participaron de actividades fuera de la escuela.
El escrito de la jueza finaliza con una advertencia a los adultos, por la dimensión que tomó el caso y la divulgación en las redes sociales de los nombres y las fotografías de los ocho adolescentes acusados de abusar del pequeño.
“Es prudente hacer un serio llamado de atención a los responsables de los medios de comunicación, a los responsables de las redes sociales y a los operadores y funcionarios de todos los organismos del Estado por no haber sabido proteger cabalmente las infancias de los niños acusados contra los embates del mundo de los adultos”, sostiene y lamenta que “muchas veces la primicia impide dimensionar el daño -quizás irreversible- que se provoca en aquellas subjetividades -recién iniciadas- y en la imagen y el buen nombre al que tienen derecho”.
