Hundida en una recesión histórica, la crisis se prolonga en una España que se ha visto forzada ayer a revisar sus proyecciones económicas y a admitir que necesitará dos años más para sanear sus finanzas, para lo que cuenta con el visto bueno desde Bruselas (sede de la Unión Europea). Estas previsiones, recogidas en el programa de estabilidad 2013-2016, vienen acompañadas de un plan de reformas reclamado por la UE, que pide corregir los desequilibrios de la economía española, incapaz hasta ahora de volver a crecer y reducir el alto desempleo. Tras un programa de austeridad draconiano para ahorrar 150.000 millones de euros en dos años, que ha sumido al país en la recesión desde finales de 2011, y un desempleo de más del 27% _más de 6 millones de personas_ el gobierno del conservador Mariano Rajoy descartó ayer seguir recortando y subir los impuestos, lo que hará que hasta 2016 no se reduzca el déficit por debajo del 3%.
Ante estas circunstancias, el gobierno español decidió moderar la austeridad y elevar su objetivo de déficit al 6,3% en 2013, bastante por encima del 4,5% pactado inicialmente. Mientras tanto, la deuda de la administración pública española seguirá creciendo: en 2013 será del 91,4% del PIB y en 2016 alcanzará el 99,8%, frente al 36,2% de 2007, antes del estallido de la crisis.
Lastre. Precisamente, la insistencia del gobierno en reducir el déficit, del 9,4% en 2011 al 7% en 2012, ha sido señalada por muchos analistas como un lastre para la recuperación económica y una de las causas del elevado desempleo del país. Por ello, el ministro de Economía Luis de Guindos apostó por equilibrar “la reducción del déficit y el crecimiento económico” en este período. Recuperación que, según las estimaciones del gobierno, no llegará hasta 2014.
Tras experimentar una contracción del 1,37% del PIB en 2012, la economía española caerá este año otro 1,3%, lejos del 0,5% previsto inicialmente. El desempleo, que en el primer trimestre de 2013 llegó a su máximo histórico, empezará a decaer aunque en 2014 seguirá afectando a un 26,7% de la población activa y en 2015 a un 25%.
Paralelamente, el gobierno conservador proseguirá con las reformas estructurales. Entre ellas, la cacareada reforma de la administración pública, destinada a eliminar las numerosas duplicidades entre administración central, comunidades autónomas y ayuntamientos, así como también una relajación del IVA.
En Madrid también están revisando el actual sistema de pensiones para “garantizar su futuro”, lo que, según algunas informaciones de la prensa, podría elevar aún más la edad de jubilación, actualmente fijada en 67 años. En la agenda política del gobierno español también está la reforma del sector energético, que, a finales de 2012 tenía un déficit acumulado de 29.000 millones de euros.
El Ejecutivo de Rajoy tendrá que enviar cuanto antes el plan nacional de reformas a la Comisión Europea, que prevé divulgar el 29 de mayo sus recomendaciones para los países de la UE, y entonces se haría oficial si decide flexibilizar una vez más las metas de déficit para España.
Respaldo del FMI. La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, saludó ayer como un “paso acertado” la decisión del gobierno de Mariano Rajoy de hacer una consolidación fiscal más gradual y aseguró su “firme respaldo” a los objetivos económicos del Ejecutivo español.
Ya durante la reunión de primavera del FMI celebrada la semana pasada en Washington, Lagarde había presionado a España para que impulse un ajuste fiscal más “flexible”, advirtiendo de que en caso contrario el país europeo no logrará volver el año próximo a la zona de crecimiento. “Creemos que, considerando la situación del país y los esfuerzos que se han realizado ya, y con una tasa de desempleo del 27 por ciento, claramente se necesita una consolidación fiscal, pero no vemos la necesidad de hacer una consolidación fiscal tan dura como pensamos al principio”, dijo Lagarde al inicio de la cumbre, insistiendo en que España “necesita más tiempo”.