Un joven, integrante de una banda que perpetró robos en departamentos y viviendas del microcentro logrando cuantiosos botines, fue condenado a 3 años de prisión efectiva en el marco de un juicio abreviado en el que admitió haber participado de nueve atracos y ser parte de la asociación ilícita que los cometía. El acuerdo fue rubricado por la fiscal Georgina Pairola y el abogado Marcos Cella, quien asumió la defensa de Jonathan Ezequiel Fernández, detenido junto a cuatro cómplices en marzo de 2015 cuando terminaban de concretar un golpe en Laprida al 900.
Luego de una sigilosa pesquisa coordinada por la Unidad de Investigación y Juicio de la Fiscalía Regional, la Policía de Investigaciones logró la detención de cinco hombres sospechados de cometer al menos una decena de escruches entre agosto de 2014 y marzo de 2015. Fueron identificados como Jorge Alberto Parrondo, de 50 años y sindicado como jefe de la banda; Jonatan Ezequiel Fernández, de 24; Cristian Leonel De Marco, de 23 años; Jonatan Flores, de 26 años; y Andrés Flores, de 22 años.
Peligrosos. En una audiencia imputativa celebrada el 23 de marzo, los fiscales Georgina Pairola y Nicolás Foppiani desplegaron evidencias concretas para demostrar la peligrosa criminal del grupo. Los vincularon a una decena de atracos y le asignaron una "aceitada logística, capacidad económica, distribución clara de roles, y gran capacidad para atentar contra la intimidad de las víctimas".
Ese poderío quedó en evidencia cuando se constató que la banda alquilaba un departamento en Suipacha al 1100 que servía como base de operaciones, que contaba con movilidad de alta gama (una Toyota Hilux, un Ford Focus, dos motos tipo enduro), que accedían a la frecuencia radial de la policía y que realizaban pacientes tareas de inteligencia para conocer los movimientos y actividades de los moradores de las casas asaltadas.
A pesar de la evidencia y la petición fiscal de acusarlos como una asociación ilícita cuya jefatura asignaron a Parrondo (condenado en 2012 a 10 años de prisión por delitos contra la propiedad y a un año por lesiones graves en accidente de tránsito), el juez Héctor Núñez Cartelle no estuvo de acuerdo con la calificación y les imputó solamente "robo por efracción en poblado y en banda", dictándole 30 días de prisión preventiva.
Sin embargo ese fallo fue apelado por la fiscalía y el camarista Daniel Acosta revocó la decisión del juez de garantías y coincidió con la postura fiscal. En ese sentido remarcó que "el delito de asociación ilícita es de carácter permanente y requiere la existencia de un acuerdo de voluntades, estable y con caracteres de cohesión y organización, entre tres o más personas con la finalidad de cometer delitos en forma general e indeterminada, «aun cuando se refieran a una misma modalidad comisiva»".
Al tipificar al grupo como una asociación ilícita, con penas efectivas de 5 a 10 años de prisión, el juez se refirió al peligro que representan en la sociedad. "Se refiere a una forma de cometer el robo que disminuye las dificultades para el agente, al mismo tiempo que aumenta el peligro concreto para el bien jurídico lo cual está dado por la pluralidad de sujetos que se organizan", dijo.
Bajo la misma figura. Así las cosas, en los últimos días se cerraron dos acuerdos abreviados por idénticas imputaciones. Primero recibió 3 años de prisión condicional el acusado Cristian Leonel De Marco, al que le atribuyeron ser parte de la asociación ilícita y la comisión de diez hechos de robo. Y ahora el que aceptó 3 años de prisión, pero efectiva, además de una indemnización de 50 mil pesos, fue Jonatan Ezequiel Fernández, a quien apodan "Piñón" y le achacaron haber cometido 8 hechos y ser parte de la misma organización delictiva.
Mientras tanto, Darío Flores sigue imputado y goza del beneficio de la prisión domiciliaria; mientras la fiscalía prepara la acusación para Parrondo como jefe y Jonathan Flores como integrante.
Acerca de las operaciones de la banda quedó demostrado que "robaba tres o cuatro departamentos por fin de semana", la mayoría en jurisdicción de las comisarías 1ª, 2ª y 3ª, es decir en la zona céntrica de la ciudad. Hasta ello los pesquisas llegaron de rebote ya que fue mediante las escuchas telefónicas por un caso de abuso sexual que descubrieron cómo se organizaban estas personas y dónde vivían además de determinar cómo trabajaban para cometer los delitos.
En ese marco, los hombres de la Policía de Investigaciones supieron que la banda "chequeaba en internet direcciones y teléfonos con los que elaboraban un listado de las personas que planeaban asaltar durante la semana. Luego observaban los movimientos de las futuras víctimas. Y cuando realizaban los atracos, los que estaban robando adentro de los departamentos se comunicaban a través de teléfonos celulares con manos libres con los que estaban afuera para asegurarse de que no apareciera la policía".
