Un tribunal oral porteño comenzará a juzgar hoy por la mañana al ex comisario Miguel Angel Espósito por la detención ilegal de Walter Bulacio, el joven que en 1991 murió tras ser apresado y alojado en una comisaría luego de un recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. A 22 años del hecho, el ex policía llega a debate acusado de un delito menor como el de privación ilegal de la libertad, que tiene como pena máxima seis años de prisión, ya que nunca se le imputaron las torturas seguidas de muerte que, según sus familiares, sufrió el chico de 17 años.
El juicio estará precedido de un acto y movilización organizados por la Coordinadora contra la Represión Policial (Correpi) que tendrá lugar a las 9 en la plaza situada en Paraguay y Callao, desde donde marcharán al tribunal.
"Es un juicio de puro derecho, lo único que se va a determinar es si Walter Bulacio fue o no detenido en forma ilegal. Y la defensa a lo que va a apuntar es a demostrar que todos hacían detenciones ilegales y estaba avalado por los funcionarios judiciales", señaló la abogada de la familia Bulacio, María del Carmen Verdú.
Impunidad. "Ni Correpi ni la familia tiene expectativas en el juicio en sí, porque aun cuando logremos una condena será muy leve, por un delito menor y 22 años tarde. Para nosotros, este juicio es el broche de oro de la impunidad, porque significa que nunca jamás se va a castigar la tortura y muerte de Walter", sostuvo la abogada de la familia Bulacio. Según Verdú, el juicio oral que comenzará hoy podrá servir "para exponer cómo funcionaba en el año 1991, y cómo sigue funcionando hoy, el sistema de detenciones arbitrarias en el país, que es el antecedente de centenares de muertes en comisarías".
El juicio estará a cargo de los jueces Rodolfo Goerner, María Deluca Giacobini y Alejandro Litvack, en tanto que la acusación la llevará adelante el fiscal Horacio Fornaciari.
A pedido de las partes, especialmente de la defensa de Espósito —ejercida por Pablo Argibay Molina— declararán 27 testigos, entre ellos la madre de Walter Bulacio, Graciela Scavone, así como policías y también funcionarios judiciales.
Luego de la audiencia de hoy, las próximas jornadas están previstas para los días 26 y 30 de septiembre, 2, 3 y 8 de octubre.
Asimismo, el jueves 10 de octubre se escucharán los alegatos de la querella, mientras que el 15 será el turno de la fiscalía y el 17 de la defensa. Luego, el tribunal fijará la fecha del veredicto.
La defensa de Espósito insistió reiteradas veces ante los distintos jueces y tribunales que "la imputación contra el policía es nula", pues su asistido estaba autorizado para detener a Bulacio en base a normas y reglamentos entonces vigentes y que luego fueron declarados inconstitucionales.
Años. Los hechos ocurrieron el 19 de abril de 1991 en inmediaciones del estadio Obras Sanitarias donde se iba a desarrollar un recital de Los Redonditos y centenares de personas que se dirigían al estadio, entre ellas Bulacio, fueron detenidas por la policía. Quienes detuvieron al joven invocaron, en ese momento, el Memorando 40, una disposición pergeñada por dos jueces correccionales en 1967 que autorizaba a los comisarios a no dar intervención a la Justicia por la detención de un menor de edad (siempre que no fuera por un delito) cuando el propósito era entregárselo a los padres.
Según constancias de las actuaciones, Bulacio murió como consecuencia de un "aneurisma no traumático" luego de ser alojado en la comisaría 35ª. Sin embargo, Espósito sólo fue procesado por su detención ilegal y nunca por "torturas seguidas de muerte".
Lesa humanidad. Luego de años de presentaciones judiciales, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), que en septiembre de 2003 condenó al Estado argentino luego de que éste admitiera su responsabilidad por la violación al derecho a la vida y a la integridad física del adolescente.
Aquella vez la Cidh ordenó indemnizar a la familia de Bulacio y declaró que la causa es imprescriptible por tratarse de un crimen de Estado con iguales características que los de lesa humanidad.
Además, se pidió que en un lapso razonable se sancionara a los responsables de la detención ilegal de Bulacio y se investigue la conducta de todos los jueces "responsables de la gravísima situación de impunidad".
En septiembre de 2008 el entonces ministro de Justicia Aníbal Fernández echó a Espósito de la Policía Federal y tres meses después solicitó la colaboración del Consejo de la Magistratura para realizar un "exhaustivo" estudio sobre la conducta de los cuatro jueces que intervinieron en la causa: Víctor Pettigiani, Alicia Iermini, Facundo Cubas y María Cecilia Maiza.
