En una audiencia pública, el juez del concurso ordenó a la empresa que presente en tres días un estado de situación y un panorama de reactivación de las plantas
Foto: Archivo La Capital
Este nuevo plazo busca garantizar la continuidad operativa de Vicentin y preservar el proceso de salvataje en curso.
Al término de una audiencia pública de casi tres horas y media, y con trescientas personas, el juez Fabián Lorenzini decidió pedir al directorio de Vicentin que en el término de tres días presente un informe de situación de la empresa, que de cuenta de los contratos vigentes y los saldos de cuentas en el exterior a través de Vicentin Uruguay y Vicentin Europa, el stock de mercaderías e insumos y una lista de bienes ociosos para que puedan tener una rápida resolución.
La finalidad de la medida es que el directorio proponga un plan de pagos de los sueldos de los trabajadores y para hacer frente a los acreedores. También deberán informar los problemas críticos de las plantas y presentar medidas para reabrir las plantas cerradas. Asimismo, el juez invitó al gobierno provincial a incorporarse en este proceso.
Según Andrés Schocron, uno de los veedores judiciales, la deuda posconcursal de Vicentin ya asciende a u$s 38 millones, u$s 18 millones de los cuales son con Renova, la empresa que opera la planta de Timbúes y en la que cerealera defaulteada todavía tiene acciones.
En tanto, la deuda por salarios es de u$s 3 millones y la de luz y gas, u$s 5 millones. También confirmó que la empresa no tiene hoy actividad industrial y que para recuperar la actividad en San Lorenzo, por ejemplo, se necesita, como mínimo, un millón de dólares en mantenimiento.
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Por su parte, Daniel Succi, secretario general de los aceiteros de San Lorenzo, denunció que la parada de las plantas fue ordenada por Pedro Vicentin y que no son seguras por la existencia de material inflamable y semillas de girasol. Igualmente los trabajadores tienen la plena decisión de seguir en las plantas y trabajar a cambio de algo de dinero.
“El juez Lorenzini, al cierre de la audiencia, destacó que existieron compromisos de aportes empresariales y laborales, y escuchó con atención dos ideas que hace años se vienen desarrollando en esta historia que lleva más de cinco años: desplazamiento del directorio e intervención de la empresa”, explicó el diputado provincial Carlos Del Frade (FAS), que participó del encuentro.
“Resulta llamativo que al borde de la quiebra y durante cinco años de concurso de acreedores recién ahora se repare en la necesidad de saber cuánto dinero tienen los integrantes del viejo y del actual directorio en cuentas bancarias del exterior. En julio de 2020 el fiscal federal Pollicita había demostrado la fuga de 788 millones de dólares que eran del Banco Nación a paraísos fiscales. Aquel dinero fugado es fundamental para mantener las fuentes laborales de Vicentin”, señaló Del Frade.
Durante el encuentro, del que los asistentes pudieron participar en forma física o virtual, se conocieron propuestas empresariales para aportar a la reactivación de las plantas. El CEO de Essential Energy Holding, Federico Pucciariello, aseguró que “con seguridad jurídica” podría aumentar el envío de mercadería para fabricar bioetanol a fasón en la planta de Avellaneda, tarea que ya vienen realizando. En tanto, el presidente de la Unión Agrícola Avellaneda, Mariano Tortul, e comprometió a realizar nuevos fasones en la planta de Ricardone, que permitirían generar recursos para el pago de salarios y energía.
El ministro de Trabajo de la provincial, Roald Báscolo, reclamó a “los dos grupos en pugna por quedarse con Vicentín a que también hagan su aporte de financiamiento y granos”.
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El abogado de la federación nacional de trabajadores del complejo oleaginoso, Sebastián Spiller, quien pidió “apurar la intervención judicial de Vicentín” porque “el directorio no está capacitado para seguir adelante con la empresa”.
El director de Vicentin Estanislao Bougain culpó a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe por la actual crisis, ya que no homologó el acuerdo concursal que, en rigor, ya había sido rechazado por el propio Lorenzini. Le llovieron críticas de todas las partes.
La audiencia había sido postergada a pedido de su defensa por problemas de salud. La mujer, de 88 años, debe declarar ante la Justicia federal en la causa por sustracción de identidad
Por Facundo Borrego
Por Elbio Evangeliste
