Vicentin: el procurador rechaza la avocación de la Corte, pero le baja el pulgar al acuerdo

El Procurador General Jorge Barraguirre presentó este viernes su dictamen sobre el caso Vicentin. Tal como anticipó La Capital, aconsejó desestimar el pedido de avocamiento formulado por la corredora Commodities, que había denunciado gravedad institucional ante un inminente acuerdo dentro del concurso preventivo. Ahora la palabra la tiene la Corte Suprema de Justicia, que podría fallar durante el mes de octubre.

El informe de Barraguirre no es un vinculante, pero se trata de un elemento de peso en el expediente. Es, de hecho, el paso previo al pronunciamiento de la Corte, que deberá definir si devuelve o no el manejo de la causa al juez Lorenzini, a quien algunos apuntan por favorecer a la agroexportadora.

Los principios rectores del documento ingresado hoy fueron anticipados por este medio el pasado 14 de septiembre. En síntesis, el funcionario sugirió rechazar el avocamiento -es decir, volver a darle el control del expediente a Lorenzini-, pero marca una hoja de ruta que podría torcer la historia del concurso.

Son varios los motivos esgrimidos por el Procurador para declinar el pedido de Commodities. Por un lado, planteó que la vía del avocamiento debe reservarse a casos contenciosos administrativos (el de Vicentin pertenece a la esfera del derecho comercial). Por otro, señaló que la Corte es un tribunal de derecho y no en uno "de hecho y derecho como son los juzgados de comercio". También marcó que se dejaría un antecedente "que no se alcanza a establecer un criterio definido para diferenciar qué causas serán objeto de avocación en el futuro".

Si bien rechazó la solicitud -remarca que no visualiza "gravedad institucional", tal como se denunció-, Barraguirre dejó una serie de consideraciones para reconciliar "las reglas de jurisdicción y competencia con el proceso debido que claman algunos acreedores". Por un lado, sugirió incorporar al expediente a nuevos actores (un fiscal extrapenal y la comisión especial de seguimiento en Diputados). Por otro, formuló opiniones sobre la oferta de pago de Vicentin, eje de la polémica.

Vale recordar que Vicentin pretende resolver su convocatoria mediante un plan de pagos que si bien deja conformes a sus acreedores más chicos -unos 600, que podrían cobrar su deuda rápidamente-, representa una fuerte quita para un importante grupo de productores, corredores y acopios. Ello sería posible, en parte, con la venta de sus acciones en Renova, que pasarían bajo control total de Viterra (ex Renova). Esa fórmula es el punto fundamental de la discordia.

Barraguirre no escatimó opiniones respecto a la oferta de Vicentin. "Tal como está formulada, podría implicar la violación del principio de igualdad de trato en tanto un sinnúmero de acreedores parecerían obtener el pago del ciento por ciento de su acreencia mientras que otros obtendrían un porcentaje notoriamente inferior", escribió, al tiempo que advirtió sobre una posible concentración del mercado y sobre "el historial de quienes aparecen postulándose para la adquisición de los bienes ofrecidos de y por la concursada".

Las expresiones del funcionario pueden convertirse rápidamente en letra muerta, aunque también podrían ser utilizadas por la Corte para su expresión final. Deberá esperarse al menos hasta octubre para conocerlo.

De la misma forma que opinó sobre la propuesta de Vicentin, el Procurador General respondió a cada uno de los planteos realizados por Commodities, que apuntaban fundamentalmente al rol de Lorenzini. En este sentido, si bien no ejerció una defensa a rajatabla del accionar del magistrado, dejó varias veces en claro que actuó de manera correcta, conforme a derecho.

"Conforme se expusiera, en los autos cuyo avocamiento se pretende aún no se ha arribado a la oportunidad establecida legalmente para efectuar el control de la propuesta que el ocurrente califica como abusiva y en fraude a la ley. Ello resulta indiscutible y califica la pretensión como prematura", aseveró el funcionario, para luego decir que "sin embargo, considero que no hay mejor antídoto que respetar el trámite de la causa, bajo las directrices recomendadas y la ampliación institucional que se dictamina".

"Resulta sumamente prudente extremar los dispositivos más adecuados que permitan el control de la legalidad sustancial previsto en la Constitución y en la ley tomando en cuenta las particularidades de la causa", concluyó.