El Procurador General de la Corte ya tiene prácticamente listo su dictamen sobre el caso Vicentin. El informe -que no tiene carácter vinculante pero es sin dudas un elemento de peso en el proceso- intentará desandar una "salida institucional" al expediente, que deje lo más conforme posible a las partes en pugna. En concreto, Jorge Barraguirre aconsejará devolver el manejo del concurso al juez Fabián Lorenzini, pero recomendará una "hoja de ruta" que le permitiría al máximo tribunal tener un monitoreo sobre el asunto.
El funcionario comparte junto a gran parte de la judicatura santafesina que sería complejo que la Corte se haga cargo totalmente del expediente. Lo considera incluso riesgoso -según le confesó a jueces con los que dialogó en los últimos días- por el antecedente que generaría, dado que no habría un concepto claro sobre cuáles son los casos, en el futuro, en los que podría repetirse el mismo escenario.
Frente a esa situación, diseñó una salida que presentó a los diputados de la comisión de seguimiento del caso Vicentin -con los que se reunió la semana pasada- como "una bisectriz", apelando a un concepto de la geometría, que divide un ángulo en dos partes iguales. "Ni avocación sí, ni avocación no", les dijo, para luego detallar una serie de medidas que presentará en su informe, que terminará de redactar en los próximos días.
El encuentro con los legisladores tiene que ver precisamente con una de esas medidas. El Procurador considera que hay algunas voces que circunvalan el tema Vicentin que han sido infrarepresentadas en el proceso judicial. Una de ellas es la de la comisión legislativa que integran, entre otros, Luis Rubeo y Carlos del Frade. En ese marco, está pensando en asignarles una figura dentro del expediente, que podría ser la del amicus curiae.
Una segunda cuestión -de mayor relevancia- es la participación de la Corte, que podría darse a través del Ministerio Público, más precisamente por la Fiscalía extrapenal de Reconquista, hoy en cabeza de Alicia Mudrykl. Su actuación en el concurso tendría por objetivo realizar un seguimiento de la causa, con posibilidad de -por ejemplo- oponerse a un eventual acuerdo preventivo.
La salida ingeniada por Barraguirre, según le asegura a su entorno, permitiría a la Corte tener un rol institucional en el expediente, que aumentaría la vigilancia sobre la actuación de Lorenzini. Por lo demás, existe consenso -tanto entre el Procurador como entre los ministros de la Corte- sobre que el accionar del magistrado, más allá de algunas cuestiones puntuales, viene siendo acorde a derecho. Por esa razón no hay voluntad de apartarlo, aunque sí de marcarle un rumbo.
Amén de estas cuestiones vinculadas al monitoreo del proceso, el funcionario estudia redactar algunas frases que podrían condicionar el futuro de la agroexportadora. Se trata de una serie de recomendaciones sobre el acuerdo preventivo, entre ellas, plantear que no debiera estar sujeto a la condicionalidad de un juez no comercial (tal como está planteado hoy, se requeriría el levamiento de cautelares por parte de la Justicia penal) y marcar la preocupación sobre la participación de una firma como Glencore, que reconoció graves delitos de corrupción en Estados Unidos, Reino Unido y Brasil.
El informe del Procurador será la instancia previa a la decisión final de la Corte, que podría tener lugar en octubre. Para ese entonces se cumplirían cuatro meses desde que el presidente del máximo tribunal Rafael Gutiérrez decretó la intervención del concurso, congelados todos los plazos judiciales asociados al mismo.
Al momento del pronunciamiento de la Corte Vicentin se encontraba pronta a presentar las mayorías necesarias para aprobar su acuerdo preventivo. La cercanía de esa instancia fue justamente lo que motivó el pedido de avocamiento que realizó la corredora Commodities, que denunció gravedad institucional ante un eventual acuerdo.
