Las entidades agropecuarias que conforman la comisión de enlace -Federación Agraria Argentina, Coninagro, CRA y Sociedad Rural Argentina- manifestaron su “preocupación” por las más de 50 mil hectáreas sembradas en el país con trigo transgénico (HB4), la variedad tolerante a sequías desarrollada por la empresa Bioceres que recibió la aprobación regulatoria del gobierno argentino, aunque su liberación comercial está supeditada a la autorización de Brasil, hacia el cual se destina el 40% de las exportaciones argentinas del cereal.
El exponencial incremento de la superficie sembrada como ensayo en esta última campaña, respecto de la anterior provocó un revuelo en el sector agropecuario, que si bien reconoce los beneficios que acarrea la innovación tecnológica, hoy se enfrenta a los límites que imponen los mercados mundiales.
“No existe país que haya aprobado el consumo de este trigo transgénico HB4”, dijo el comunicado de la comisión de enlace y señaló que “hay trámites presentados en Brasil -nuestro principal comprador- pero aún no hay nada concreto al respecto”, dijeron las entidades.
También alertaron que “a pesar de esto Abitrigo (molinería brasileña) ya pone serios reparos y advertencias ante la eventualidad de embarques a dicho país con presencia de trigo HB4”.
La tecnología BH4 fue desarrollada en el país es única en el mundo y se trata de una colaboración público privada que involucró a Bioceres y el grupo de investigación de Raquel Chan, directora del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (IAL), perteneciente a la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
“Reiteramos nuestro apoyo a la ciencia nacional, la innovación tecnológica y los servicios que se siguen realizando en nuestro país, con vocación a aportar al desarrollo económico y social”, indicaron desde la comisión de enlace, pero agregaron que “aún suponiendo que Brasil aprobara la comercialización de estos trigos, hay que tener en cuenta que el resto de los destinos habituales de nuestra producción triguera directamente no aceptan trigos genéticamente modificados”.
Las entidades agropecuarias enfocaron su reclamo hacia el gobierno que habilitó, mediante la aprobación regulatoria, la siembra de ensayos con estas variedades, y al mismo tiempo hacia el control de esa actividad, así como de la producción que se generará con el fuerte incremento del área entre la campaña pasada y la actual.
“La campaña pasada ya se sembraron para ensayos más de 6.000 hectáreas y este año esa superficie se multiplicó por 9, más de 50.000 hectáreas para ensayos, lo quedará una producción que permitiría sembrar 2.000.000 de hectáreas, un 30% de la superficie total de trigo”, alertó la comisión de enlace.
“Cuesta entender la razón de hacer y autorizar semejante volumen de producción de trigo que legalmente no puede comercializarse”, cuestionaron.
Según señalaron las entidades, “tan elevado nivel de producción hace realmente imposible su contralor por las autoridades oficiales, razón por la cual será inevitable que se genere un proceso de contaminación de los trigos no modificados genéticamente”.
Frente a eso alertaron sobre las posibles consecuencias negativas que esto podría tener para la exportación argentina de trigo y la posibilidad de que se declare al país como “un origen de trigo contaminado”.
En ese sentido cuestionaron sobre quién controlará efectivamente esta producción o dónde se almacenarán las 240 mil toneladas potenciales a cosechar.
Además indagaron: “¿Existe algún plan de contingencia en el caso de esas contaminaciones? ¿Qué pasará en los puertos y eventualmente ante un rechazo de embarques? ¿Alguien ha medido las consecuencias de que se declare a la Argentina como un origen de trigo contaminado? ¿Quiénes serán los responsables de semejantes perjuicios?".
Por otra parte preguntaron: “¿Cuántos serán los costos adicionales por los controles y el derrumbe de los precios internacionales?”.
Según dijeron, “en la campaña próxima a cosecharse, las exportaciones de trigo ascenderían al orden de los 3.200 millones de dólares y este valor peligraría en caso de que Argentina no sea considerada como un oferente de trigo pan”.
Por eso reclamaron a las autoridades que “se tomen medidas urgentes” para impedir que se produzcan perjuicios a la producción local y también para garantizar que ese trigo genéticamente modificado “no ingrese a la cadena comercial, así como la publicación de un informe con los controles realizados por la autoridad competente”.
