Sin Guzmán, la política se alinea con el ajuste de Massa

A un mes de su dramática salida del Ministerio de Economía, la imagen de Martín Guzmán como un sicario ajustador del FMI parece desdibujarse. Al menos es lo que surge de los informes de coyuntura económica que se presentan al promediar el año. Y de los propios anuncios de Sergio Massa, nuevo titular del Palacio de Hacienda, cuyo programa de “orden fiscal” y monetario multiplica cualquier señal de su ya lejano antecesor.

“Guzmán tenía un discurso fiscalista pero no hizo ningún ajuste”, señalaron los economistas del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) al presentar su último informe de coyuntura, hace una semana. No sonó a dispensa al ex ministro sino a una advertencia sobre lo que viene en el segundo semestre: un recorte fiscal y monetario para cumplir con las metas del Fondo, o bien una renegociación de esos objetivos.

El planteo del reporte es que Guzmán ya usó “todo el margen” de política fiscal y monetaria para cumplir con las primeras revisiones. Con lago de creatividad, llegó a junio con un déficit fiscal de $ 800 mil millones y, ayudado por los Derechos Especiales de Giro (DEG), cumplió con algún margen los topes de emisión. Aunque las reservas quedaron u$s 900 millones por debajo de las comprometidas, “las autoridades dicen haber cumplido”, señala el documento del Cepa.

A este punto se llegó con un aumento real de 14% en el gasto fiscal. La mayor suba fue en subsidios (35%). Las transferencias corrientes a provincias crecieron 24% y los gastos de capital 13%, agregó.

Con números más o menos parecidos, el economista Emanuel Alvarez Agis, titular de la consultora PxQ, azuzó: “A Guzmán lo echaron por hacer el ajuste pero en el primer semestre subió el gasto, incluso la obra pública creció muy por encima de la inflación en un año no electoral”, dijo durante una conferencia que brindó en la Usina Social.

El miércoles, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció sus primeras medidas. Y se comprometió a hacer los ajustes necesarios para cumplir con la reducción del déficit al 2,5% del PBI. Para ello, prometió recortar más los subsidios y frenar la emisión.

Se estima que la reducción necesaria del gasto público para cumplir con ese compromiso equivale al 7% en términos reales. “El FMI pide ahora hacer espacio fiscal para compensar los mayores gastos del primer semestre en subsidios y asistencia social”, señalaron desde el Cepa. Las miradas se posan en las transferencias a provincias y la obra pública. Los analistas del centro de estudio que conducen Julia Strada y Hernán Letcher estiman que la inversión en infraestructura cerrará por encima del año pasado pero su ejecución se desacelerará fuerte.

En una línea parecida, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) señaló que “la inversión real directa y las transferencias no automáticas a provincias son partidas que habitualmente se reducen en Argentina en situaciones de estrechez fiscal”. Para el Ieral de la Fundación Mediterránea, las partidas destinadas a financiar el déficit de las empresas estatales y la inversión pública “son las primeras candidatas al ajuste”. Otra herramienta, agregan, pasa por “evitar que el gasto corriente del sector público copie la trayectoria de la recaudación, en un escenario de aceleración inflacionaria”.

Las metas monetarias acordadas con el Fondo también presentan un desafío importante. El ex ministro Guzmán, que logró cumplir los primeros capítulos con la ayuda de los DEG, apostó a reemplazar este financiamiento por el la deuda en pesos. Pero se quedó corto con la tasa y, tras la corrida del mes pasado, fue Silvina Batakis la que hizo el trabajo sucio. “Recuperó el financiamiento neto genuino, con un mix de instrumentos diferentes y la convalidación de una tasa del 90% anual”, describió el Cepa. A partir de este punto, Massa pudo anunciar el miércoles pasado que no utilizará adelantos del BCRA para financiar al Tesoro.

Si bien el ajuste de Batakis le permitió a Economía desindexar deuda y quitar presión a la emisión, el Cepa advirtió que el costo fue que volvió a aumentar el stock de Leliq para reabsorber esos pesos. Según el Ieral, la emisión de $ 1,1 billón para comprar bonos del Tesoro en el mercado secundario explica “el alza de la brecha cambiaria y las expectativas de inflación”.

La parada más difícil está en la acumulación de dólares. El Central debe sumar u$s 6.400 millones en el tercer trimestre, partiendo de muy atrás. Por eso, dispuso un régimen para los productores de soja que anticipen ventas. “Si se destraban créditos de organismos internacionales podrían arrimar u$s 2.200 millones”, dijeron desde el Cepa.

Dicho y hecho, el nuevo ministro extendió los beneficios a exportadores en el marco de un acuerdo por el que anticiparían la liquidación de u$s 5 mil millones. Otros u$s 2 mil millones para engrosar las reservas vendrían de entidades multilaterales.

Del lado de la demanda, el gobierno pone diques algo tardíos para evitar la salida de dólares. Algunos limitan las importaciones. Un componente que, según el Cepa, en realidad creció a un ritmo en 2021 (50%) y 2022 (44%), que “no se alejan de la respuesta histórica al aumento del nivel de actividad”. Sin embargo, por fuera de la cuenta de energía, influenciada por la guerra en Ucrania, llamaron la atención sobre los bienes intermedios, que pasaron a representar “un porcentaje históricamente elevado” del mix importador. De un 33% promedio en el período 2012 a 2015, pasó a 40% en el período 2020/22. Sospechan que allí hay “un efecto de cobertura”. Las mayores compras se concentran en la industria farmacéutica, granos, abono y mineral de hierro. Las vinculadas al agro están en un nivel “históricamente elevado”.

Los economistas del Mirador de la Actividad el Trabajo y la Economía (Mate) apuntaron que las divisas generadas por el abultado superávit comercial “fueron apropiadas por el sector privado para pagar sus deudas o para constituir activos externos”. Frente a la cuenta que dejó el endeudamiento externo sin precedentes en todos los niveles durante el gobierno de Macri “no hay superávit que alcance”, señalaron.

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Pese a estos desequilibrios, el nivel de actividad creció en el primer semestre, contra muchos pronósticos. Otra historia es la de los salarios que, pese a que suben con las paritarias, no alcanzan a una inflación que pinta para el 80% anual. Los economistas de Mate recordaron la evolución del salario mínimo, medido a valores actuales: de los $ 66.000 entre 2007 y 2015 se derrumbó a $ 47.000 con Macri y llegó a los $ 40.000 en el momento actual. “Es sorprendente la ausencia de una política de recomposición de ingresos en beneficio de la clase trabajadora”, avisó el equipo de economistas que conduce Sergio Arelovich.

En su conferencia inaugural, Massa anunció la convocatoria de una mesa de negociación entre gremios y cámaras empresarias para negociar un refuerzo de ingresos de los trabajadores que ganan entre $ 60 mil y $ 150 mil, junto con una rediscusión de las asignaciones familiares. La iniciativa abre ciertas discusiones, atento a la fragmentación que, como señala el Cepa, tiene el mundo salarial, no sólo entre informales y formales, sino al propio interior de estos últimos. De otra manera, y salvando la necesidad de reforzar el salario mínimo y los ingresos de la base de la pirámide, una negociación en el sector registrado que cambie paritaria por suma fija terminará congelando la distribución.