El áspero e histórico debate sobre el reparto de los fondos entre la Nación y las provincias volvió a agitarse esta semana cuando los gobernadores oficialistas y opositores se reunieron para ratificar el rechazo a la actualización del Fondo del Conurbano que reclamó la provincia de Buenos Aires. “Queremos que esto se resuelva políticamente, tenemos que encontrar un acuerdo entre todos los actores y esto se logra en el Congreso”, dijo el ministro de Economía de Santa Fe, Gonzalo Saglione, quien acompañó al gobernador Miguel Lifschitz al plenario de mandatarios. “Nosotros no queremos discutir la legitimidad del reclamo, ya que consideramos que el argumento conceptual es que cualquier esquema de reparto que involucre anclaje nominal de una variable, en un escenario inflacionario, no es bueno”, explicó.
Por eso, el funcionario consideró que si es momento de mirar los números en términos nominales, habrá que hacerlo con una lupa e involucrar entonces a todo el reparto de fondos entre Nación y provincias. “Es relevante poner en discusión el esquema de reparto de manera integral”, dijo y llamó a estar atentos a la reforma tributaria que propone el gobierno, a la que consideró necesaria, pero no a cualquier costo. “El foco debe estar en modificar en aquel nivel de Estado que tiene mayor presión, que claramente es la Nación”, se defendió ante el claro avance del Ejecutivo nacional hacia los regímenes provinciales, especialmente ingresos brutos. Además fue contundente: “Comparado con la Nación e incluso con el resto de los distritos de similar tamaño, la presión tributaria en Santa Fe es menor que en cualquier otra provincia”, dijo.
—Hay informes de consultoras con escenarios posibles en caso de que la Corte haga lugar al reclamo de la provincia de Buenos Aires. El tema arranca en el año 92 cuando se sanciona una ley nacional que establece que el 10% de la recaudación del impuesto a las Ganancias, en lugar de entrar a la masa coparticipable y repartirse en el conjunto de provincias y Nación, se afecta exclusivamente para la constitución del Fondo del Conurbano Bonaerense. En el año 96, durante la convertibilidad, se establece un límite nominal a ese fondo, es el 10% del impuesto a las Ganancias hasta 650 millones de pesos. Si el 10% de Ganancias es más que eso, se genera un excedente del Fondo Conurbano y se reparte entre todas las demás por los porcentajes de coparticipación que cada una de las provincias tiene, excepto Caba y Buenos Aires, que ya recibe el monto fijo. Ese excedente durante largo tiempo fue chiquito porque el 10% de Ganancias era cercano a los 650 millones. Con el abandono de la convertibilidad y la inflación, empieza a crecer. Este año el 10% de Ganancias representa más o menos 50 mil millones de pesos, contra 650 millones que quedó estancado el Fondo del Conurbano. Entonces, ese límite nominal que en la ley del año 96 beneficiaba a Buenos Aires, con la inflación los perjudica. Entonces la gobernadora (María Eugenia Vidal) presenta un reclamo. Nosotros no queremos discutir la legitimidad del reclamo. Nuestro argumento conceptual es que cualquier esquema de reparto que involucre anclaje nominal de una variable en un escenario inflacionario no es bueno.
—¿Y qué proponen?
—Primero decimos que si tenemos que revisar el esquema de distribución del Fondo del Conurbano porque tiene un límite nominal, revisemos todos los regímenes actualmente vigentes fijados así y no sólo el Fondo del Conurbano. Pero la discusión la damos un poco más allá. En realidad nos parece que lo relevante es poner en discusión el esquema de reparto de los recursos entre Nación y provincias de manera integral. Y en el ámbito que corresponde que es el Congreso. Siempre celebramos que la Nación ponga en debate el régimen de coparticipación de impuestos, pero a mitad de camino quieren hacer modificaciones al régimen de distribución de recursos, no por la vía legislativa sino por la Corte. Eso no queremos.
—¿Cuál sería el impacto en Santa Fe de una resolución favorable a Buenos Aires?
—El impacto eventual que podría generar sobre las provincias depende de qué interpretación haga la Corte en cuanto a qué cosa es inconstitucional. Si lo es la ley del 92, es decir que el Fondo del Conurbano no puede existir como tal, ahí desaparece ese Fondo y todas las provincias entramos en el reparto del impuesto a las ganancias en igualdad de condiciones. En ese caso perderíamos como consecuencia de que Buenos Aires entra en el reparto, y es el actor más importante. Otro escenario sería que el Fondo se mantiene pero desaparece el límite nominal. Ese es el otro extremo. Buenos Aires se lleva todo y las demás perdemos todo. Ese escenario para Santa Fe significa una pérdida de 7.000 millones de pesos por año. Otro escenario es que el límite nominal de la ley del 96 se actualice a precio de hoy con algún criterio. Por ejemplo, en dólares. No hay un impacto único.
—¿También se avanzó en el tema de debatir la coparticipación y modificaciones en el impuesto al cheque u otros tributos?
—No. Lo que se planteó en la reunión es que las provincias queremos que el tema del reclamo de Buenos Aires se resuelva políticamente. No podemos estar perdiendo 22 provincias para que gane una. Tenemos que encontrar un acuerdo entre todos los actores y éstos se logran en el Congreso.
—¿Hay algún planteo formal?
—No estamos hoy con propuestas concretas o intermedias. Algunas provincias trasmitieron que se podría mejorar el porcentaje de coparticipación del impuesto al cheque, que debe ser prorrogado a fin de año. Pero no es que estamos proyectando esos escenarios. Lo que sí estamos diciendo y algunas provincias lo dijeron con mucha fuerza es que tengamos presente que Buenos Aires es ampliamente beneficiada por otros regímenes que nos dejan a las demás afuera. El reparto de los subsidios y el de recursos para obras de capital. Es la provincia que más recibe recursos de todos los argentinos para financiar lo que se llama el Programa de Desendeudamiento o de Financiamiento Ordenado.
—Este tema recrudece en medio de otra discusión, que es la de la reforma tributaria y ahí están apuntando mucho a los impuestos provinciales, ingresos brutos.
—El Estado nacional dice: “Entendemos que el impuesto a los ingresos brutos es distorsivo y sería positivo que las provincias revisen su sistema tributario”. Y dice que la pérdida de recaudación que las provincias tendrían, deben compensarla aumentando el impuesto inmobiliario y rural. Esto último lo dicen en voz baja. Nuestra mirada es que es muy difícil compensar una cosa con la otra. La mayoría de las provincias partimos de recaudaciones del inmobiliario que hoy significan un tercio de lo que significaban en la década del 90. Con lo cual, la magnitud del incremento para compensar la reducción de ingresos brutos es muy grande. Acompañamos la decisión nacional de encarar un proceso de reforma tributaria pero entendemos que la presión tributaria en Argentina es elevada y tiene que reducirse, pero debemos poner el foco en aquel nivel de gobierno que tiene alta presión tributaria, y ese es el nacional. Informes del Iaraf muestran que entre 2001 y 2015, la presión tributaria nacional creció 9,3% del PIB, y en el mismo período la provincial creció 2,7% en el consolidado. Más de tres veces creció la presión tributaria nacional, que es del 25%. Y la provincial, incluyendo la seguridad social, es en promedio del orden del 15%. Pero a su vez disminuyó la participación que tienen los giros de coparticipación de Nación a provincias. En el año 2001 era el 34% hoy es el 28%.
—¿Cómo está Santa Fe en la comparación con el esto de las provincias?
—Comparo con distritos parecidos, como Buenos aires, Caba, Córdoba y Mendoza. Ahí tenemos una presión tributaria menor en Santa Fe que en cualquier otra provincia. Santa Fe está entre 12 y 13% por debajo de Córdoba o de Mendoza 4,8% contra 5,5%. Y estamos 24% debajo de Caba y Buenos Aires. .
—Hubo trascendidos de la reforma impositiva. ¿Se oficializó algo a las provincias?
—No. La única certeza que tenemos es que la tienen redactada pero no la quieren mostrar . Dicen que quieren esperan hasta después de las elecciones para empezar a discutirla. Quizás en medio del proceso electoral no quieren que la gente sepa lo que van a hacer después. Es más fácil decir que se quiere bajar los impuestos que decir cómo.
—La Corte admitió varias cautelares en contra de las alícuotas diferenciales de ingresos brutos aplicadas por las provincias a empresas de otras jurisdicciones. Tiene impacto en Santa Fe?
—Sí. Desde hace varios años las provincias establecieron alícuotas diferenciales para aquellas empresas que tienen sede fiscal en una jurisdicción y comercializan en otras. Algunas empresas grandes fueron la Corte a reclamar que eso no se adecua a la norma vigente y obtuvieron cautelares favorables. Les permite pagar a la misma alícuota que si estuvieran radicadas en la provincia. Es un tema que estamos abordando las provincias porque entendemos que hay que darle una solución al tema. Estimamos un costo fiscal del orden de 1.000 millones de pesos como consecuencia de las cautelares a favor de grandes empresas.
—Hicieron un acuerdo el viernes sobre responsabilidad fiscal ¿qué le agrega a la ley vigente?
—El nuevo texto consensuado en el marco del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal introduce modificaciones que tienen que ver por un lado con un límite al crecimiento del gasto corriente, acorde al nivel de precios de la economía, es decir, que no crezca el gasto corriente por encima de la inflación. Logramos con Córdoba introducir una modificación en el capítulo de la deuda. Se obliga a la Nación de fijar plazos para llevar adelante el proceso de revisión de documentación para evitar que las provincias que cumplimos con los parámetros de responsabilidad fiscal perdamos la oportunidad de acceder a determinado financiamiento por ausencia de respuesta. La Nación no tenía interés de que esto se incorporase. Lo cual nos genera el fantasma de que la ley de responsabilidad fiscal no se la busque para que las provincias sean fiscalmente responsables sino para asignar discrecionalmente el acceso al crédito público en las jurisdicción provinciales.
—¿Cómo está la actividad económica en Santa Fe?
—Santa Fe fue la única provincia que en 2016 creció, alrededor del 1%. En 2017 creemos que va a cerrar el año con un crecimiento por encima de la nacional. Tuvo mucho que ver en esto un par de decisiones en materia de políticas públicas provinciales. Una es la obra pública: ha crecido mucho más de lo que creció en otras provincias. En Santa Fe el empleo registrado creció en el primer semestre del 15% en la construcción interanual y a nivel nacional cerca del 10%. Así, esa actividad en la provincia creció un 50% más que en la Nación. El otro es la política productiva: en Santa Fe desarrollamos planes de acompañamiento al sector productivo y uno de los más relevante fue el subsidio de tasa a empresas para que lleven adelante inversiones productivas o capital de trabajo. En 2016 subsidiamos financiamiento a más de 400 pymes por 600 millones de pesos. Este año estamos subsidiando por 1.500 millones de pesos. Esto incluye a todos los sectores productivos. Adicionalmente, tenemos asistencia financiera a los sectores que tenían dificultades para seguir funcionando.
Creamos por ley el Fondo de Inversión y Desarrollo de Santa Fe y la primera línea fue el Fondo lechero. Desembolsamos 250 millones de pesos de abril a hoy y asistimos a más de 800 tamberos. Esperamos todavía que la Nación, que se comprometió a la conformación del fondo, envíe el dinero. Otra política que sirvió para que Santa Fe tenga un comportamiento diferente es el acompañamiento de empresas con dificultades. Participamos en casi 200 procedimientos preventivos de crisis en forma activa. El sostener el poder adquisitivo de los trabajadores estatales a través de la paritaria fue otra política que permitió mantener la actividad económica por el consumo. Logró que en Santa Fe haya capacidad de consumo en un sector importante población.
—¿Están elaborando el proyecto de presupuesto 2018?
—Estamos empezando a recepcionar la demanda de cada Ministerio. Y nos esta faltando como principal inconveniente para cerrar el presupuesto 2018 la respuesta de Nación respecto de la propuesta de pago de la deuda que tiene fallo de la Corte, porque es una masa de recursos que volcada a gastos de capital implica un cambio relevante en el impacto que puede tener sobre los gastos de capital en 2018.
—¿Cómo está ese tema?
—Hubo una propuesta en marzo donde los ministros (Rogelio) Frigerio y (Nicolás) Dujovne le transmitieron al gobernador que en un plazo de 60 días tendría una respuesta concreta. No tuvimos más noticias. En julio presentamos públicamente nuestra propuesta, que es indefendible su no aceptación, por el criterio de actualización, ya que se aplica la tasa activa del Banco Nación, sin capitalizar. Ojalá alguien me prestara así. Si lo midiéramos en dólares sería mucho mas grande la deuda. Si lo midiéramos en kilómetros de ruta o en cantidad de escuelas, sería mucho más que 50 mil millones. Pero entendemos que hay que buscar un punto medio y creo que lo encontramos. Pero después la propuesta de pago concreta, que son 7.500 millones en un año y los otros 7.500 en el otro y lo demás en títulos que van a pagar los nietos de Macri, hasta 40 años, también es aceptable ya que estamos diciendo que no queremos generar problemas en las finanzas nacionales, sino que es un vuelto a pagar. De hecho, los 7.500 millones son el 0,3% del presupuesto nacional de este año y aún menos del que viene. Es como pagar 3.000 pesos por cada millón que la Nación gasta. Y aún así tampoco nos contestaron nada todavía. Estamos preocupados. Esperamos el presupuesto que van a enviar el 15 de septiembre contenga ese pago. Y si no, hablaremos con los legisladores nacionales de Santa Fe y les preguntaremos si van a votar un presupuesto que no incorpore la partida para que la Nación pague la deuda después de tres años de los fallos de la Corte.
—¿Santa Fe irá a la Corte por este tema?
—El camino de la Corte es factible pero sería demostrar otra vez que no aprendimos nada. Decimos que esa es la vía sobre la cual se tienen que resolver los conflictos. Ojalá no nos empujen a ir a la Corte.
—¿Cómo están las cuentas públicas?
—La ejecución presupuestaria viene bastante acorde a lo presupuestado tratando con ahorros en algunas partidas compensar el incremento de la pauta salarial que tuvo un impacto de 12 mil millones de pesos. En los primeros siete meses del año tenemos 1.500 millones de pesos de gastos por encima de los recursos, es un monto muy bajo en un presupuesto de 155 mil millones de pesos. Bastante en sintonía con las pauta presupuestaria.
