Retenciones: mal negocio para todos

Si seguimos mirando sólo la hacienda pública, sin observar que la suba de impuestos saca de mercado a los emprendedores, estamos en un problema de mediano y largo plazo. Se cometen errores que se pagarán caro a fin de año.

Los errores de política fiscal los paga el sector privado con más impuestos. En el mes de enero nos sorprendimos con un déficit fiscal primario del sector público, cuando nunca ocurría en los meses de enero. En febrero la recaudación, por segundo mes consecutivo, crecía por debajo de la inflación esperada, la consecuencia lógica es otro mes de déficit fiscal primario.

La inflación esperada por la media de los analistas de mercado sería del 40 por ciento anual, la recaudación del IVA consumo de los últimos 12 meses fue del 30 por ciento y la inflación pasada del 50 por ciento anual. En conclusión, falta recaudación y no hay vocación por bajar gastos.

La media de los analistas de mercado espera un déficit fiscal primario para el año 2020 en torno de los $ 135.000 millones, una cifra muy elevada que obligará al Estado a emitir pesos para poder financiarlo.

En este contexto, el gobierno procede a aumentar tributos de la forma más fácil, aumentando derechos de exportación, que es lo más rápido para capturar ingresos.

La suba de las retenciones de 3 por ciento para la soja, alcanza a un universo de 45,8 millones de toneladas que son el remanente de la próxima campaña que no ha fijado aún precio. La recaudación esperada rondaría los u$s 400 millones, pero habría que detraer los descuentos especiales para los que produzcan menos de 1.000 toneladas, o bien se ubiquen lejos de puerto, o se les otorguen beneficios especiales a economías regionales. En resumen, quedaría para el Estado menos de u$s 300 millones.

¿Era necesario hipotecar capital político por una recaudación tan escasa? La respuesta obligada es: parece que sí, ya que están en peligro las metas fiscales, el acuerdo con el FMI, la reestructuración con los bonistas y la tan ansiada reactivación económica. A todo esto, hay que sumarle los vencimientos en pesos que el gobierno no puede doblegar porque el mercado le va dando la espalda a la renovación de deuda.

La crítica situación del Estado nacional, en donde los gastos lucen indomables, a pesar de la tajada que le sacaron al gasto previsional, nos lleva a una situación muy compleja, la necesidad de quedarse con la utilidad del negocio de la soja. Para sembrar soja se necesita alquilar un campo, que en la zona núcleo cuesta el equivalente a 16 quintales de soja, la producción promedio ronda los 40 quintales, y el precio que tomamos para realizar el análisis es el futuro mayo 2020 que es el momento en que se cosecha, y ayer se ubicaba en u$s 220 la tonelada.

Bajo estos supuestos explicitaremos los números: se trata de ingresos por u$s 880, costos directos por u$s 212, gastos de comercialización por u$s 172, cosecha u$s 65, gastos de estructura por u$s 120. El margen bruto es de u$s 311 pero el alquiler es de u$s 352. Así, el resultado es negativo en u$s 41. El ejemplo es de un campo a 200 kilómetros de puerto. En la medida en que te alejás del puerto se incrementan los gastos de comercialización, lo que hace que el quebranto sea más elevado. Otro tema no menor es que sólo la zona núcleo brinda rindes de 40 quintales. Cuanto más nos alejamos de puerto los rindes disminuyen considerablemente lo que nos lleva a rindes inferiores a los 30 quintales.

Es cierto que la necesidad tiene cara de hereje. Pero también es cierto que con medidas como estas hipotecan el futuro de una enorme cantidad de productores que este año saldrán a pérdida y las consecuencias la pagaremos un año más tarde.

El campo atraviesa una delicada situación de impagos, producto de la cesación de pagos de un importante exportador, una cadena de corredores y acopios que dejaron al sector con una iliquidez extrema. La posibilidad de perder dinero en la cosecha 2019/20 hará que el mercado quede sin liquidez, con lo cual la campaña 2020/21 será difícil de sobrellevar.

El campo siempre terminará sembrando, pero sin plata se hundirá menos tecnología, lo que terminará afectando los rindes futuros. Por otro lado, el campo es una inversión a cielo abierto. Un mal clima y poca tecnología en semilla, fertilizantes y demás insumos nos devolverán una pobre cosecha, que, sumado a un precio que se repite hace cinco años, nos llevará inevitablemente a menor recaudación, por más que el gobierno suba la tasa impositiva.

Como sólo miramos el corto plazo, el gobierno busca sacar dinero de donde no pueden girarse más beneficios. Nadie se puso a pensar cómo producir mayores cantidades, para aumentar la base imponible sin incrementar la tasa de recaudación.

El impuesto a las retenciones o derechos de exportación es muy nocivo para la actividad económica, este incremento en las retenciones potenciará los quebrantos e impagos en la cadena de comercialización, lo recaudado será mínimo contra lo que se perderá por el no pago de otros tributos. El que tenga dinero en el campo buscará retener mercadería, el que no tenga dinero pagará derechos de exportación, pero omitirá pagar otros tributos, y lo peor de todo, el que caiga en quebrantos probablemente no pague nunca los impuestos que vencen y quedarán en el olvido los que ya vencieron.

Si el gobierno sigue mirando la hacienda pública, y busca ajustar modificando alícuotas tributarias, estamos en un gran problema a corto plazo. Deberían ensayar la posibilidad de trabajar mirando la inversión, productividad y competitividad del sector agropecuario. Dan batallas que antes de comenzar están perdidas, la soja en este escenario podría bajar a niveles de u$s 200 la tonelada, el estrés financiero recién comienza y, si el gobierno cree que solucionó un problema fiscal con la medida adoptada, tamaña sorpresa le espera a futuro.