Reforma del Régimen Penal Tributario: avances y puntos bajo la lupa

El Congreso Nacional aprobó la reforma del Régimen Penal Tributario y de la Ley de Procedimiento Tributario, junto con la creación de un Régimen de Declaración Jurada Simplificada en el Impuesto a las Ganancias. La sanción de esta norma marca un hito relevante en el debate sobre cómo debe relacionarse el Estado con los contribuyentes, y en particular con quienes producen, invierten y generan empleo en la Argentina.

Desde Fundación Apertura consideraron importante aportar una mirada institucional sobre esta nueva ley, destacando los avances que introduce, pero también los aspectos que deberán ser monitoreados para que su impacto sea positivo y sostenible en el tiempo.

"La ley parte de un diagnóstico ampliamente compartido: el Régimen Penal Tributario vigente había quedado completamente desfasado, con montos irrisorios frente a la inflación, un uso excesivo de la vía penal y altos niveles de litigiosidad", indicaron desde el Departamento Tributario de Fundación Apertura.

La actualización de los umbrales penales y sancionatorios constituye, en este sentido, un paso necesario para evitar la criminalización de incumplimientos de escasa relevancia económica, reorientar la persecución penal hacia conductas verdaderamente graves, mejorar la eficiencia del sistema judicial y administrativo. La norma aprobada reconoce, así, la necesidad de ordenar un sistema que había perdido razonabilidad, explicaron.

Menos litigio, más regularización

Uno de los cambios centrales de la ley es el fortalecimiento de los mecanismos de regularización voluntaria, priorizando el cobro efectivo de los tributos por sobre la judicialización de los conflictos. El nuevo esquema promueve la cancelación temprana de obligaciones tributarias, la reducción de causas penales innecesarias, una relación más previsible entre el fisco y los contribuyentes. Este enfoque resulta coherente con una concepción moderna del derecho tributario, que privilegia el cumplimiento y la corrección antes que el castigo.

Desde Fundación Apertura consideraron que la Declaración Jurada Simplificada en el Impuesto a las Ganancias es una herramienta que deberá probar su eficacia, pero se encuentra alineada con el objetivo de reducir la complejidad administrativa para determinados contribuyentes. "Se trata de una herramienta con potencial para poder disminuir los costos de cumplimiento y simplificar la relación con la Administración Tributaria (ARCA). Su impacto dependerá de cómo se reglamente y de que sus parámetros resulten acordes a la realidad económica, evitando exclusiones innecesarias y ambigüedades operativas", precisaron.

Los puntos que requieren seguimiento

Junto con los avances, la ley aprobada deja planteados algunos desafíos que deberán ser observados atentamente en su aplicación práctica:

• Proporcionalidad de las sanciones formales: la fuerte actualización de las multas por infracciones formales mejora su eficacia disuasiva, pero plantea interrogantes sobre su impacto en micro, pequeñas y medianas empresas, especialmente cuando se aplican de manera uniforme. Será clave que la reglamentación y la práctica administrativa contemplen criterios de razonabilidad y gradualidad.
• Coherencia y equidad del régimen penal: algunos aspectos del régimen de extinción de la acción penal introducen tratamientos diferenciados entre tipos de delitos tributarios, lo que exigirá una interpretación cuidadosa para preservar los principios de igualdad ante la ley y razonabilidad normativa.
• Impacto para el sector productivo: para el entramado empresario, la ley aprobada implica, en términos generales una menor exposición penal por errores de baja entidad, mayor previsibilidad en el vínculo con el Estado e incentivos claros a la regularización y el cumplimiento.

Al mismo tiempo, el impacto positivo dependerá de reglamentaciones claras que contengan criterios administrativos razonables. Las instituciones vinculadas a la producción deberán realizar un seguimiento que evite desvíos en su aplicación.

Desde Fundación Apertura entienden que la sanción de esta ley abre una nueva etapa en el tratamiento de los conflictos tributarios, con una orientación más racional y moderna. "El desafío ahora es que su implementación refuerce la seguridad jurídica, reduzca efectivamente la litigiosidad y contribuya a un entorno más previsible para la inversión. Promover reglas claras, estables y equitativas es fundamental para fortalecer la confianza, mejorar la calidad institucional y avanzar hacia un desarrollo productivo sostenible", subrayaron.