Reflexiones sobre el decálogo del propuesto Pacto de Mayo

Hacía tiempo que no me sentaba a conversar con mi amigo Walter Egho y el discurso del presidente Milei me dio la oportunidad.

Para comenzar, le pregunto: "¿Qué te pareció el discurso?" y, suavemente, me dice que le encontró un sentido mesiánico, un relato pura ideología y argumentaciones falaces, nada democrático, que culmina con la particular y sorpresiva invitación a los gobernadores a honrar el decálogo de un Pacto futuro, como si fueran las nuevas tablas de la ley, luego de la destrucción de la ley ómnibus y del inmenso DNU. Y agrega: "un decálogo de títulos como aspiración de deseos parciales, que mezcla figuras y potestades jurisdiccionales, confundiendo a propios y extraños".

-¿Por qué decís una sorpresiva y particular invitación a los gobernadores?

Por varios motivos, me responde. Uno, lo expone muy claramente el ministro del Interior cuando declara: “El que no quiera acordar sobre los puntos del Pacto se quedará afuera de un consenso político en la Argentina, de un pacto político que va a hacer historia. Entonces, seguramente, cargará con esa responsabilidad” (Guillermo Francos, M. del I., La Capital 050324, p. 14). Más aun, aunque el no lo recuerda, el señor presidente había señalado que, previamente al 25 de mayo, debería ser aprobada la ley ómnibus -que fuera retirada del recinto parlamentario-, así como del DNU multirreforma de varias centenas de artículos. Inesperadamente, fija agenda, ¿no te parece?

Al respecto, Walter Egho me recuerda que es una forma de coerción a la que el gobierno central tiene acostumbrada a las provincias. En otro momento, me dice: las llamé “coerciones consensuadas” al analizar el Consenso Fiscal de 2017.

Sin embargo, le digo: "hay muchos gobernadores que han aceptado el convite". Efectivamente, me contesta. De los gobiernos de las 24 jurisdicciones (23 provincias y CabaA), 16 están dispuestos a apoyar el Pacto, 3 lo están rechazando y 5 que esperan definiciones más claras. Y se juega diciéndome: "Estoy más con el rechazo y la espera aunque, como siempre me pasa, me señala, sea políticamente incorrecto"

Aprovecho para preguntarle: "Imagino que algunas razones tendrás para adoptar esta postura en minoría, quizá políticamente incorrecta" a lo que me responde. "Por supuesto" y argumenta.

"Por un lado, los libertarios asumen que los gobernadores son señores feudales que van ellos o envían a sus súbditos a la mesa redonda llevando sus votos. No es así, ni los gobernadores “levantan la manito” en el Congreso nacional, ni los diputados y senadores nacionales son súbditos del gobernador. Las provincias y CABA, no son delegaciones administrativas del gobierno central, son autónomas económica y jurídicamente y con los municipios desde 1994, conforman el federalismo argentino".

Por otro, "a las tablas del Pacto le faltan mandamientos. Nada sobre educación, sobre salud y su sistema, sobre seguridad ciudadana, sobre combate al narcotráfico, sobre políticas de industrialización y creación de empleo, sobre la economía real, nada sobre competitividad sistémica, etc. Quizá se piensa que el nivel de la actividad económica, del empleo y de los salarios reales, es un problema solucionable sólo desde lo monetario-financiero-cambiario o que se elevarán mágicamente al pasar del valle de lágrimas a la tierra prometida, invocando las fuerzas del cielo".

Pero lo que es más cuestionable, "es que cada uno de esos anhelos titulados en el decálogo, tienen distintas alternativas o formas de expresión y, para cada una de ellas, existirán varias maneras de cómo ejecutarlas. En principio cabe preguntarse, ¿Son anhelos para el gobierno nacional? 0 una vez definidos, ¿deben ser cumplidos por los gobiernos provinciales? ¿O por ambos?", indicó.

Tienes razón, le digo, y le acoto: "Recién termino de escuchar por la radio las declaraciones de un gobernador que está entre los 16 que lo aceptan, que dice que en su provincia ¡ya los cumplen a todos!

Suspira y continúa: "En verdad, a mi entender, sólo en tres de los puntos del Pacto se involucran directamente a los gobernadores para “abrazar las ideas de la libertad”. Explica que el 5º sobre una nueva coparticipación federal de impuestos, el 6º sobre un avance en la explotación de los recursos naturales y el 9º, aunque me parece que tangencialmente, en una reforma política estructural.

Acerca de la coparticipación hace 28 años que se está en mora con el mandato de la Constitución del 94, que establece la forma y los criterios para la reforma de la actual ley 23548, invadida por el gobierno central generando el llamado “laberinto de la coparticipación”, pavada de tarea para tenerla lista en mayo de este año!

Acerca de la explotación de los recursos naturales, este anhelo le cabe a las provincias mineras y petroleras, propietarias del subsuelo, antes que a las provincias básicamente agropecuarias en las que la tierra es de propiedad privada. La consecuencia de esto es que las provincias mineras cobran regalías, pero las agropecuarias no pueden cobrar la renta de la tierra. Más aun, cuando se coparticipaban las retenciones a la exportación de soja, se distribuía a todas las provincias sean o no productoras de la oleaginosa.

Por último, sobre la reforma política estructural, su planteo parece, de suyo, un infantilismo de derecha, dada la complejidad y dimensión desconocida del mandamiento, renegando de la democracia liberal. (¿solo sistema electoral?, unicameralidad? ¿Sistema parlamentario?). A nivel de los gobiernos provinciales es factible hacerla y se han hecho, me acota.

"Me animo a deducir que en tu opinión no puede haber Pacto", le digo. "Efectivamente", me dice Walter Egho, debería haberlo, pero te adelanto mi conclusión: "será en vano dialogar con los dogmáticos, cuando lo que debe buscarse es consensuar para acordar caminos a recorrer juntos".

Acerca de la reforma tributaria (4) (¿progresividad, incentivo a la producción, más o menos impuestos coparticipables?); la reforma laboral (7) (requerida pero que por sí sola no genera empleo); la reforma previsional (8) (¿ingreso universal, nuevamente las AFJP?) y la reforma política estructural, entiendo, me dice, que son básicamente atribuciones del gobierno central, particularmente del Congreso nacional, en tanto se requieran leyes. Aunque puede pensarse que estos mandamientos involucran también a los regímenes tributarios (para la eliminación de ingresos brutos, por ejemplo) y previsionales de las provincias, particularmente de aquellas que no transfirieron sus Cajas al gobierno central (Santa Fe, Córdoba). Ríos de tinta han corrido planteando distintas variantes de todas estas reformas. ¿Se analizarán todas ellas?

Me recuerda que el gobierno nacional tiene el monopolio del comercio exterior, (establece su regulación o no y las divisas resultantes van a las arcas del BCRA, volviendo pesos al lugar del producto exportable), siendo los bienes y servicios exportados producidos en los territorios provinciales. La apertura al comercio internacional (10) nos remite otra vez al mito del librecambio, concomitante con el mito de la autorregulación de los mercados, -implícito en todo el relato anarcocapitalista-, en lugar de un manejo inteligente del proteccionismo, como lo hacen todos los países del mundo, al mismo tiempo que se alienta una industrialización exportadora. "¿Se podrá dialogar sobre esta problemática?", consulta.

Los mandamientos 2 y 3 se refieren al gasto público. Acerca del equilibrio fiscal, no hay nada que negociar dice el punto. –Empezamos mal, me dice, y prosigue: --Aparece lo dogmático del Pacto, en tanto conseguir el equilibrio en la ejecución (¿en base caja -percibido contra pagado- o en devengado -percibido contra facturado-?) es, por definición, una casualidad (o una contabilidad creativa), siendo medido por los gastos devengados contra los ingresos percibidos. Es una búsqueda tendencial, muchas veces necesarias, pero que no tiene parangón con la economía doméstica con la que infantilmente se suele comparar a las finanzas públicas.

"Vale recordar, además, acota, que la comunidad europea acepta un déficit del 3% del PIB, pero claro", suelta Walter Egho con cierta ironía, "para este gobierno esos países son socialistas (en Davos dixit)".

Sobre la reducción del gasto público, el mandamiento es consistente con la dogmática asignación de recursos por la mano invisible del mercado, pero la propuesta es dubitativa: niveles históricos, ¿de cuáles períodos?; en torno al 25%, que, entonces, puede ser 20 o 30%.

"Hay mucho para conversar aquí", cierra, no sin antes decirme que cuando "los ajustes en el gasto son necesarios, no se debe no pensar en la distribución de sus costos sociales y actuar en consecuencia".

Por último, el primer mandamiento: La inviolabilidad de la propiedad privada. Todo un tema que será muy difícil consensuar, dada la religiosidad de la propuesta. Algunos dirán que no tiene discusión porque está en la Constitución nacional. Es cierto. Pero no siendo del orden natural ni divino, sino un artefacto humano, la propiedad privada, consustancial al capitalismo, no puede ser considerada absoluta, tanto así, como la libertad y la verdad, valores libertarios si los hay. Son siempre relativas. Más aún, la función social de la propiedad privada es ampliamente reconocida: figura en el art. 15 de la Constitución provincial de la provincia de Santa fe, así como en la Constitución nacional de 1994 por el rango constitucional del Pacto de San José de Costa Rica que lo consagra.

-Me hiciste hablar demasiado, me dice mi amigo Walter Egho.

-Pero me sirvió, le digo, para aceptar que entre confusiones, dogmas, parcialidades, coerciones y alternativas e instrumentos, no sólo es muy poco el tiempo para el tamaño de la tarea demandada por un Pacto sino que, principalmente, nunca podrá ser consensuado porque hay otras miradas en las antípodas.