Los diputados nacionales Mónica Fein y Enrique Estévez pedirán que se introduzca en el presupuesto nacional 2022, que comenzó a discutirse en el Congreso nacional, un artículo que instruya al gobierno nacional a reasignar partidas para pagar la deuda por coparticipación con Santa Fe.
La iniciativa fue presentada ayer por el Bloque Socialista, junto a otros tres proyectos: uno para equilibrar geográficamente la distribución de los subsidios nacionales al transporte urbano, y otros dos relacionados con la problemática de la inseguridad (crear más juzgados federales en la provincia y una agencia nacional de decomiso de bienes).
“Si bien en el presupuesto 2021 hay un artículo que obliga al jefe de Gabinete a reservar partidas para cumplir con el fallo de Corte Suprema de la Nación sobre el pago de la deuda con Santa Fe por descuentos indebidos en la coparticipación entre 2006 y 2015, en el proyecto que se está discutiendo para 2022 no está contemplado”, dijo Fein.
La diputada, recién asumida tras ser electa en noviembre pasado, explicó que la iniciativa, que ya fue ingresada en la Cámara baja, propone excluir del artículo en cuestión la palabra “compensación”, para evitar interpretaciones que habiliten a introducir nuevamente la discusión sobre el pago de esa deuda con compromisos de obras del Estado nacional.
“No queremos dejar lugar a dudas de que el gobierno nacional tiene que pagar esa deuda en los términos en los que lo estableció la Corte”, subrayó. El máximo tribunal, que en 2015 falló contra las detracciones del 15% de coparticipación que se realizaban para financiar a la Ansés, resolvió la semana pasada el mecanismo de actualización de esa deuda y ordenó a las partes resolver la forma de pago. Se estima que será con bonos, atento a una resolución de similares características que ya benefició a San Luis.
De acuerdo a los cálculos que se manejan tanto desde el gobierno santafesino como de la oposición, el monto a pagar se ubicaría en torno de los $ 130 mil millones. Desde la bancada del socialismo en el Congreso se descuenta que habrá consenso de sus pares santafesinos para que esta obligación del Estado nacional quede consagrada en el presupuesto. De hecho, en 2021 esta reserva fue incorporada en el debate parlamentario.
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Para los legisladores del Frente Progresista, el caso de la deuda histórica tiene especial importancia porque fue el ex gobernador Hermes Binner quien inició el reclamo judicial en 2009. En 2015, el máximo tribunal falló a favor de Santa Fe y ordenó cesar los descuentos, al tiempo que instruyó a que las partes a negociar la forma de pago de la deuda acumulada entre la denuncia y el fallo. Al no haber avances, Miguel Lifschitz presentó un pedido para que la Justicia estableciera el criterio de actualización y pago, lo que dio lugar a la resolución de la semana pasada.
Con este fallo en la mano, la necesidad de asegurar las partidas en el presupuesto nacional cobra más importancia que nunca. Claro que el tiempo transcurrido pasado jugó en contra de la provincia. Un cálculo realizado por la oposición arrojó que para que el monto a percibir por la acreencia tuviera el mismo “poder de compra” que cuando se denunció el descuento del 15%, debería ser de $ 270 mil millones, el doble de lo que se terminaría percibiendo.
En un encuentro con la prensa, del que participaron también la diputada provincial Clara García y el ex ministro de Economía Gonzalo Saglione, los diputados nacionales del socialismo también presentaron un proyecto para que se distribuyan equitativamente los subsidios nacionales al transporte.
La iniciativa, por un lado, apunta a restituir para las provincias el subsidio al gasoil, que hoy sólo se desembolsa en el Area Metropolitana de Buenos Aires (Amba). Y por otro, a equilibrar el monto de asistencia que percibe cada unidad de transporte en todas las jurisdicciones. Hoy es tres a uno a favor de la ciudad de Buenos Aires y su conurbano.
En rigor, el proyecto de presupuesto 2022 contempla unos $ 27 mil millones para subsidiar al transporte en el interior, una cifra similar a la de 2021, lo que significa una reducción en términos reales. “Más allá de lo que vaya a pasar con estas erogaciones, lo que pedimos es que se distribuyan en forma equitativa y no se concentren en una sola región”, dijo Fein.
Por su parte, Clara García, quien fue candidata a senadora nacional, también recordó lo prometido en campaña: “Recorrimos toda la provincia diciendo que, como legisladores nacionales íbamos a ser la voz de Santa Fe en el Congreso, donde el centralismo muchas veces se olvida los intereses y las necesidades federales”.