El miércoles pasado, el ministro de Trabajo de la provincia, Roald Báscolo, y el secretario de seguridad social, Jorge Boasso, se reunieron con el titular de la Ansés, Osvaldo Giordano. El motivo principal del encuentro fue llevar el reclamo de la provincia por una deuda de más de $ 400 mil millones que, entiende, tiene el organismo previsional de la Nación con la Caja de Jubilaciones de Santa Fe. Se trata de recursos que la Nación tiene que transferir, a partir de distintos acuerdos y leyes, para paliar parte del déficit de los regímenes provinciales que no fueron transferidos al sistema nacional en la década del 90. La factura que pasaron los funcionarios santafesinos, parte de la cual está judicializada ya en la Corte Suprema por la administración anterior, corresponde a atrasos o falta de actualización entre 2020 y 2023. Del otro lado del mostrador, el ex ministro de Economía de Córdoba, los invitó a “conciliar números” antes de acordar una forma de pago. En el contexto de la política de ajuste que lleva adelante Javier Milei, la relación fiscal entre la Nación y las provincias se tensará, y el sistema previsional será un actor dentro de esa discusión. Giordano, impulsor de varias reformas del régimen previsional cordobés, es un veterano especialista y gestor en la materia. Y con los funcionarios santafesinos no sólo habló del reclamo por la deuda. “Se habló de la reingeniería del sistema previsional argentino y de las provincias”, señaló Boasso al término de la reunión. Y casi en simultáneo, durante una entrevista con el diario El Litoral de Santa Fe, realizó un análisis de la situación de la Caja de Jubilaciones, que se parece mucho a la base de una propuesta de reforma. Si bien el funcionario se cuidó de aclarar que eran opiniones académicas y que la decisión de avanzar en alguna propuesta es del gobernador Maximiliano Pullaro, se mostró interesado en instalar el debate sobre algunos puntos que, entiende, deben ser reformados. Por caso, aumento y unificación gradual de la edad jubilatorio a 67 años, elevar los aportes pero “desagregados conforme a ingresos” y reemplazar el tope jubilatorio actual por una nueva unidad de medida. La Caja cerrará el año con un déficit de $ 130 mil millones, que en parte es consecuencia de una complejidad y heterogeneidad entre la decena de subsectores que la integran, señaló el secretario de Seguridad Social. Y consideró: “La reingeniería no es ni ir hacia una AFJP ni a una transferencia a la Nación o al sistema privado; queremos la Caja en la provincia, pero así no puede seguir”.
Las centrales obreras ya anunciaron un paro nacional para el 24 de enero, en rechazo al DNU que firmó el presidente Javier Milei. Y en Rosario, ya comenzaron los preparativos. El jueves, la Multisectorial Rosario en Defensa del Pueblo Argentino, se reunió en el Arzobispado rosarino con el vicario general Emilio Cardarelli, en el marco de la ronda de actividades que está desarrollando para articular una entrategia que frene el avance de las políticas impulsadas por el gobierno de Javier Milei. El secretario general del Sindicato de Dragado y Balizamiento de Rosario, Edgardo Arrieta, señaló que la multisectorial reúne a sindicatos, comerciantes, industriales, estudiantes, inquilinos y movimientos sociales forma esta gran multisectorial, a la que ahora se sumaron también partidos políticos. También estuvieron presentes representantes del Sindicato de Correo; el Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario; la Corriente Clasista y Combativa (CCC); La Bancaria; Apyme; la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (seccional Rosario); la Asociación de Inquilinos; la organización estudiantil Alde; la Asociación de Jubilados; y el Movimiento Evita. Además, los concejales Lisandro Cavatorta y María Fernanda Rey. Un día después, en el camping del Sindicato de Recolectores, unas 50 organizaciones sindicales locales se reunieron para dar forma y proponer la metodología en la medida de fuerza. El anfitrión del encuentro, Marcelo “Pipi” Andrada manifestó: “Es necesaria una unidad del movimiento obrero organizado para lograr la defensa de los trabajadores y frenar este gobierno que busca imponerse a través de decretos”.
DNU: Aceiteros celebran la decisión judicial
Mientras tanto, los sindicatos celebran los traspiés que el DNU de Milei, que incluye una brutal reforma laboral, tuvo en la Justicia. Por caso, desde la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) saludaron la sentencia de la Cámara Nacional del Trabajo que hizo lugar al planteo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT) de la República Argentina, suspendiendo el capítulo laboral. También reafirmaron en un comunicado la adhesión al paro general del próximo 24 de enero. “La movilización general y la justa convocatoria al paro hicieron reaccionar al fuero laboral y le pusieron un primer freno a esta ofensiva antiobrera y antisindical. Pero no es suficiente”, advirtió la federación. Y agregó: “El Poder Judicial y el Congreso de la Nación deben derogar en su totalidad el inconstitucional e ilegítimo DNU 70/2023, con el que el Poder Ejecutivo decidió alterar las reglas constitucionales de nuestro país, asumiendo facultades que son del Congreso”.
La batalla de los biocombustibles
Las disposiciones del DNU y del proyecto de ley ómnibus dejan heridos en sectores que van mucho más allá del ámbito sindical. En distintas provincias, por ejemplo, gobiernos, empresarios y representantes sindicales se unieron en el reclamo contra avances de esas normativas en actividades productivas. El de pesca fue el caso más resonante en la última semana, porque los gobernadores de la Patagonia llevaron un reclamo unificado al ministro del Interior, Guillermo Francos, contra la “desregulación” en el sector, que incluso pone en tela de juicio la autoridad argentina sobre las 200 millas marítimas. También hubo quejas del sector azucarero y de Confederaciones Rurales Argentinas por el impacto negativo de la suba de las retenciones en varias economías regionales. Este lunes, Francos recibirá a los ministros de Producción de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, que le presentarán las quejas por los cambios impulsados en el sector de biocombustibles. Por el gobierno nacional participarán, también, el secretario de Agricultura, Fernando Vilella, y el de Energía, Eduardo Chirillo. El titular de la cartera productiva de Santa Fe, Gustavo Puccini, reiteró que los puntos incluidos en el proyecto de ley ómnibus enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso “va a contramano de lo que se está haciendo en el mundo”, y acusó al “lobby petrolero” de impulsar las medidas que “perjudican” al sector de energías limpias. La provincia tiene 18 plantas productoras de biocombustibles, que emplean a 6.500 personas. La cartera productiva apunta a cuestiones impositivas, a la ausencia de un porcentaje de corte de biocombustible y a la posibilidad de que petroleras extranjeras ingresen a ese negocio de las energías renovables. El tema se complejizó porque la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), que reúne fundamentalmente a las grandes elaboradoras de biocombulstible (incluidas las aceiteras, salió a bancar los cambios impulsados por Milei. “Esta apertura seguramente se traducirá en mejoras en calidad de producto, nuevos desarrollos de biocombustibles avanzados y otras aplicaciones, con las consecuentes inversiones en el sector que generarán más y mejores opciones para el consumidor”, indicó en un comunicado. ara el presidente de Carbio, Luis Zubizarreta, “es insólito que las industrias más competitivas sean discriminadas y estén paradas y el mercado se abastezca a precios altísimos de pocas empresas habilitadas por no tener un mercado libre”.
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Subsidios. El gobierno sale al rescate de las compañías petroleras.
Petroleras, con paridad a la suba
Si las petroleras encontraron en el gobierno anterior un gran aliado para desarrollar Vaca Muerta, en la administración de Javier Milei encuentran vía libre para mejorar sus ingresos. El aumento del 76% en el precio de los combustibles en un mes es solo un capítulo de este idilio. La eventual privatización de YPF y la búsqueda de la paridad de cotización entre el precio internacional y el interno también despiertan euforia entre los petroleros. Curiosamente, el capítulo de precios recibió el respaldo del consultor Nicolás Arceo, ex vicepresidente de la petrolera estatal durante el gobierno de Cristian Kirchner, y el reproche de un experto habitualmente alineado con el lobby sectorial, el ex secretario de Energía Jorge Lapeña. El presidente del Instituto Argentino de Energía “General Mosconi” se alineó con el objetivo de “export e import parity” para el precio del crudo, pero criticó fuertemente que ese incremento se haga “en un solo mes” y sin un criterio de “razonabilidad”. Además, puso la pica en Flandes al señalar que los efectos del alineamiento de precios debería cumplirse en todos los casos. En el caso del petróleo, por ejemplo, el llamado “barril criollo” impidió que cuando los precios de exportación bajaron en pandemia, ese descenso se reflejara en el mercado local. “Si ahora plantean que está bien fijar como precio de referencia el de exportación, tendrán que asumir los riesgos que esto implica”, dijo. Y fue más enfático en el caso del gas. Recordó que “en un mercado competitivo como es el Henry Hub, en Estados Unidos”, el precio del gas está “en u$s 2 el millón de BTU, y bajando”. En Argentina, en cambio, se firmaron contratos con los productores de gas nacionales a 3,5 dólares el millón de BTU. “Si vamos a poner la paridad de exportación, qbajemos el precio en boca de pozo que se le paga a las productoras y significaría vender el gas a la mitad, si no, el pueblo es socio en las pérdidas y nunca en las ganancias”. En 2023, el Estado destinó casi $ 140 mil millones de subsidios a la producción de gas vía el Plan Gas. Pero, por ahora, esos subsidios no se discuten.
Minería: nace un monstruo del litio
Otro sector extractivo en expansión es el de la minería. Fundamentalmente en litio. En la última semana concluyó el proceso de fusión de las empresas Allkem y Livent, lo que dio lugar a Arcadium Lithium, uno de los mayores productores integrados de productos químicos de litio en el mundo. Con u$s 1.900 millones de ingresos totales en 2022 y más de 2.600 empleados, la nueva firma posee instalaciones y lleva adelante proyectos en Argentina, Australia, Canadá, China, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. Arcadium Lithium cuenta con una integración vertical, con capacidades en procesos de extracción de litio, que incluyen la minería de roca dura, la extracción convencional de salmueras y la extracción directa de litio, así como en la fabricación de productos químicos de litio para aplicaciones de alto rendimiento.
