Los sindicatos que representan a trabajadores ligados a la exportación lanzaron planes de lucha contra el intento del gobierno nacional de avanzar con una reforma laboral y reinstalar el impuesto a las ganancias. Ambas iniciativas comenzaron a ser tratadas en la Cámara de Diputados, en el marco de la sesión convocada para discutir la llamada ley Bases y el paquete fiscal. Aceiteros de todo el país, empleados del Senasa y patrones y oficiales fluviales declararon medidas que afectan a la agroexportación. La confederación que agrupa a los gremios del transporte realizará asambleas de tres horas a partir del lunes.
La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) comenzó un plan de lucha en conjunto con el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (Soea) en apoyo a su reclamo de “salarios y condiciones laborales dignas para toda la clase trabajadora” y en rechazo a la reforma laboral que incluye el proyecto de ley bajes y la reinstalación del impuesto a las ganancias sobre los trabajadores.
El plan de lucha arrancó con una huelga en las plantas aceiteras y desmotadores del país por tiempo indeterminado. “La reforma laboral contenida en la ley ómnibus no tiene nada de modernización, es un gran retroceso, deroga las indemnizaciones agravadas para las personas que trabajan y no son registradas y legaliza el fraude laboral con la figura del trabajador independiente”, señaló la federación en un comunicado.
El sindicato la criticó también porque “favorece la tercerización y la precarización, amplió el período de prueba hasta 12 meses en algunos casos, para atemorizar y disciplinar a las y los trabajadores, y favorece la discriminación y despidos por causa de origen étnico, racial, religioso, gremial, de salud, condición física, ideología u orientación sexual”. también señala que ataca a las mujeres: durante el embarazo se podrá trabajar hasta 10 días antes del parto, lo que ahora sólo es posible si el parto se adelanta.
Más allá de la reforma laboral, la federación rechazó el proyecto para reinstalar el impuesto a las ganancias y privatizar empresas del Estado. Además, denunciaron la presencia de Gendarmería en las zonas de los puertos aceiteros “para amedrentar”, y señaló como responsable al Poder Ejecutivo Nacional y a los gobiernos de las provincias por la integridad física de las y los trabajadores que ejercen su derecho constitucional de huelga.
El domingo por la noche, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (Soea) había anunciado un paro de las mismas características en las fábricas aceiteras del norte del Gran Rosario, donde tiene su área de influencia. Ahora, el conflicto está nacionalizado.
Malas noticias para el gobierno que, en medio de una campaña que viene lenta en materia de comercialización, ve trabadas las exportaciones que le pueden traer divisas.
Sin control
Por caso, también los trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) iniciaron y un paro de tres días que frenará los controles en puertos, aeropuertos y aduanas del país.
La medida de fuerza impulsada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) es una respuesta a la reforma que impulsa esa normativa a partir de la cual se pretende recortar la función de ese organismo en el contralor y fiscalización de las barreras zoofitosanitarias de los productos que ingresan y salen del país, y dejarla en manos de las empresas privadas.
“El único lenguaje que entiende el gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones”, remarcó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
“Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, sentenció Aguiar y explicó que el proyecto le otorga al jefe de Estado las facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo.
Por su parte, el gremio que nuclea a los patrones y oficiales fluviales y de pesca se declaró en alerta y movilización frente al tratamiento de la reforma laboral y el impuesto a las ganancias. Además, lanzó un paro que inmoviliza a todos los buques arribados a los puertos de San Lorenzo.
Gremios del transporte
El Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, liderado por Mariano Moreno, se sumó a las organizaciones gremiales que se declararon en alerta por el tratamiento de la reforma laboral y de Ganancias, con la incorporación de más de 800 mil trabajadores al tributo que impacta en el salario.
Desde la organización lanzaron una medida que afecta el amarre, practicaje, provisiones y servicios a buques que llegan al cluster de puertos ubicados desde la ciudad de San Lorenzo a la localidad Timbúes. Además, el gremio adhirió a la convocatoria que realizó la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt) de realizar el lunes 6 de asambleas de tres horas para todos los modos de transporte que interrumpirán los servicios en protesta por volver a pagar Ganancias.
Juan Carlos Schmid, secretario general del Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento (Dragybal), anunció que el lunes 6 de mayo se interrumpirán las actividades en el transporte aéreo, terrestre, portuario y marítimo en rechazo del "acuerdo fiscal" para sancionar el impuesto a las ganancias.
