Economía

La pandemia de los despidos y las suspensiones

En medio de la cuarentena y violando el decreto oficial, empresas de todos los sectores decidieron ajustar por el empleo, pese a la ayuda del gobierno

Domingo 12 de Abril de 2020

Despidos, suspensiones y cambios en las condiciones laborales. Las patronales se están haciendo un festín en medio de la crisis agudizada por la pandemia del coronavirus, desoyendo no sólo las disposiciones oficiales, sino también mostrando que están muy lejos de cultivar la "ética de la solidaridad" que les pidió el presidente Alberto Fernández en esta situación de emergencia.

Desde el caso más desmesurado, como la desvinculación de 1.450 operarios del grupo Techint, hasta empresas medianas y chicas con una veintena de trabajadores licenciados o con reducciones de salario de los más variados sectores, el mapa del empleo viró tan rápidamente como la expansión del virus. De un momento a otro se pasó de la discusión paritaria a la elaboración de estrategias de contención para sostener las fuentes de trabajo.

Pero, además, la densidad y capilaridad de la crisis desatada por la pandemia obligará a mirar el futuro de las relaciones laborales con una nueva lente, donde el rol del Estado, las negociaciones colectivas y los nuevos acuerdos entre capital y trabajo tomarán una dinámica tamizada por la urgencia.

"La situación que estamos atravesando y la que vamos a atravesar es terriblemente dura, pero no hay otra manera de salir que dialogando", dijo el abogado laboralista y asesor de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Rosario, Pablo Cerra, quien señaló que es tiempo de "explorar" en forma innovadora qué tipo de acuerdos llevar adelante con las empresas con la premisa de que "no sea solo el trabajador el que pague esta crisis".

Los acuerdos en esta contingencia serán la llave para destrabar la compleja trama que se avecina y para María Eugenia Caggiano —abogada laboralista y asesora de gremios del sector público y también privado, esencialmente industrial— herramientas como "la negociación colectiva soberana y los comités mixtos de salud y seguridad laboral", son fundamentales para darle contenido concreto en el territorio al conjunto de medidas que dispuso el gobierno nacional, y puntualmente en Santa Fe, donde ya vienen funcionando.

"Ahora lo más importante en cualquier negociación es mantener la nómina de trabajadores", dijo Caggiano y valoró el rol de la sindicalización tan denostada en los últimos años cuando se hizo un culto de la actividad emprendedora. "Hoy esos trabajadores están fuera del sistema y esta situación nos muestra la necesidad de que haya cada vez más trabajadores adentro", reflexionó.

Pero a la inversa del refrán, en este caso lo importante no debería tapar lo urgente, que hoy se expresa en rebajas de salarios de facto y sin la mediación del Ministerio de Trabajo, suspensiones, vacaciones adelantadas, e incluso despidos sin causa. Esta situación despabiló la cuarentena y obligó a los gremios a plantarse con reclamos a la autoridad laboral frente a los límites que tiene la protesta social en época aislamiento.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó esa semana que 195 millones de empleos de tiempo completo podrían perderse sólo en el segundo cuatrimestre del año por el coronavirus, lo que representa casi el 7 por ciento de las horas totales de trabajo del planeta.

El organismo de la Organización de Naciones Unidas(ONU) agregó que 2.700 millones de trabajadores, o más o menos el 81 por ciento de la fuerza laboral global, se encuentran afectados en estos momentos por medidas de confinamiento total o parcial.

"El Estado debe estar presente ante esta situación, porque así como está a cargo de conducir las medidas por la pandemia tiene que hacerse responsable de frenar abusos empresarios y avivadas", dijo el secretario gremial de la Asociación Empleados de Comercio (AEC), Juan Gómez, quien relató que en el sector comercial local las irregularidades se presentaron bajo la forma de reducción de salarios del mes de marzo, anuncios de algo similar en los haberes de abril y adelanto de vacaciones, además de suspensiones y despidos.

"Hay empresas que están violando las normas y aprovechándose de la situación ya que no quieren pagar todo el sueldo de marzo cuando se perdieron sólo seis días hábiles, y para los haberes de abril, tienen las herramientas de ayuda que dispuso el Estado para que esto no ocurra", reflexionó el dirigente quien aseguró que denunciaron 14 casos ante el Ministerio de Trabajo de Santa Fe.

Con esta preocupación y para analizar la crisis por la pandemia en los distintos sectores laborales y hacer un monitoreo semanal, AEC fue anfitriona en una reunión de distintos gremios como la UOM, Barrido y Limpieza, Frente Multisectorial 21F, Norte, Movimiento Obrero Rosarino, Movimiento Sindical Rosarino, Asociación Bancaria, Siprus, Amsafe, CTA de los Trabajadores, Aceiteros, Sindicato de Trabajadores Municipales y Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt).

Otro Estado

A poco de que el gobierno nacional decretara la cuarentena, muchas empresas empezaron a batir el parche argumentando que la caída de la actividad profundizaría la crítica situación que venían arrastrando en los últimos cuatro años. Para poner un poco de anestesia, el Ejecutivo fue anunciando progresivamente un conjunto de medidas para atender esencialmente al sector pyme, el mayor dador de empleo del país. Lo hizo mediante una batería de herramientas como que fueron desde créditos a tasas del 24 por ciento (habilitadas mediante la flexibilización de regulaciones del Banco Central a las entidades), hasta la eliminación del pago de aportes patronales, ayudas compensatorias al salario para empresas de menos de 100 trabajadores y subsidios como el Repro para las más grandes

Aun así, muchas empresas, violando los decretos 297, 325 y 329 de 2020, que además del aislamiento obligatorio prohíben los despidos sin justa causa y las suspensiones por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por 60 días a partir del 31 de marzo, decidieron desprenderse de sus trabajadores o bajarles el sueldo en una situación de extrema emergencia sanitaria y social.

Uno de los gremios que salió con fuertes denuncias públicas fue el de la construcción. El secretario general de la seccional Rosario de la Uocra, Carlos Vergara, manifestó su preocupación por los cerca de 300 despidos que realizaron empresas constructoras desde que se arrancó la cuarentena. Según indicó, el 70 por ciento de las firmas que trabajan en el sector público y privado aprovecharon la situación para enviar telegramas a los obreros, acentuando la crisis laboral que arrastra el sector.

También los trabajadores de Neverland, el espacio de entretenimiento que funciona en el Shopping Portal Rosario, denunciaron la decisión de la empresa de suspender a partir del 1º de abril a los casi 390 empleados y les comunicaron unilateralmente que solo se les abonara el proporcional de los días trabajados durante marzo, lo significan que apenas percibirán poco más del 30 por ciento de sus salarios. El Sindicato Unico de Trabajadores de Espectaculos Publicos y Afines, gremio que los nuclea denunció la situación y apuntó a Ares SA, la firma que administra el espacio de entretenimiento.

También desde AEC denunciaron a empresas como Julerique (que en medio de la pandemia le dio vacaciones a su personal), y a otras por violación a las disposiciones nacionales como Garbarino, Los Dos Chinos, Gestión Integral de Cobranzas, Joe Dessing SA, Cotillón Alegría, Scandinavian Outdoors SA, Ciba SRL, La Lily SA, Siltac SRL, Marcelo Trento SRL, Edacom SRL, Pacific Group, Bruno Gabriel y Gustavo S.H y Calzados Gunar SA.

Por otra parte, se presentó la semana pasada en la Legislatura un proyecto de comunicación pidiéndole al gobierno provincial que interceda ante el despido de 35 trabajadores de la empresa Unife SA que explotaba la franquicia de la empresa de urgencia médicas Vittal de Rosario. Una terrible ironía en medio de la crisis sanitaria ya que es personal que prestaba servicio de forma directa, en relación de dependencia (enfermeros, paramédicos, despachadores, administrativos, etc.) y de manera indirecta, como monotributistas (médicos, choferes de consulta, maestranzas, etc).

También en Rosario, el bar Paradiso, ubicado en la Rambla Catalunya, despidió a 14 trabajadores sin causa. Se trata de una de las concesiones gastronómicas municipales y por esa razón el edil Carlos Cardozo, presentó un proyecto de comunicación, para que el Ejecutivo Municipal intervenga en forma "urgente" para dar marcha atrás con la decisión empresarial en plena cuarentena obligatoria.

Por otra parte, unos 1.600 trabajadores del sur de la provincia _y más de 28 mil en el país_ empleados en empresas de comida rápida, como Mc Donald's, Burger King, Mostaza, Starbucks y otras del rubro, cobraron sólo la mitad de su salario tras la decisión unilateral de las compañías que los emplean, las cuales en medio de la cuarentena les descontaron buena parte de la segunda quincena de marzo y no les pagaron el presentismo. Jorge Juárez, secretario general del Sindicato de Obreros Pasteleros y Confiteros, de Rosario y de la 2º circunscripción de Santa Fe, denunció esta situación ante el Ministerio de Trabajo de Santa Fe y la Federación de Pasteleros hizo lo propio en la cartera laboral de la Nación. Frente a eso, el jueves el ministro nacional del área Claudio Moroni dictaminó a favor del pedido gremial y abrió una negociación sobre los sueldos de abril, y precisó que "no tuvo sustento legal el descuento que practicaron las compañías sobre los salarios de sus empleados".

"Los trabajadores no recibieron el pago de asistencia perfecta y en los pagos de la segunda quincena de marzo hubo descuentos que van del 40 por ciento al 50 por ciento". También señaló que se trata de "una decisión arbitraria, ilegítima y en desmedro de la legislación de parte de los empleadores", denunció Juárez.

La decisión del gobierno de continuar con el aislamiento y analizar una salida progresiva de la cuarentena tensó aún más la cuerda, ya que los empresarios y comerciantes siguen presionando para volver a la actividad, con el argumento de que la caída de las ventas les impide afrontar los compromisos salariales. Los comités de crisis que formó Fernández con sus ministros y representantes de la industria (UIA) y las centrales obreras (CGT) buscan encontrar una salida intermedia a esta tensión.

Desde la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) una entidad que tiene a uno de sus referentes participando de ese comité (Guillermo Moretti, vicepresidente de la UIA y de Fisfe) consideran que este es un momento en el cual "hay que trabajar alineados con el gobierno nacional" frente al combate del Covid 19, manifestó el titular de la entidad fabril santafesina, Víctor Sarmiento.

"En este momento el Estado conduce y nosotros acompañamos", dijo el dirigente y planteó que la premisa de sostener el empleo no está en duda. "En Santa Fe la industria no son grupos multinacionales, sino que el 87 por ciento es pyme, por lo tanto, no nos sentimos afectados cuando el presidente Fernández trató de "miserables" a quienes "olvidan a quienes trabajan para ellos y en la crisis los despiden".

"El esfuerzo que estamos dando las pymes para sostener las fuentes de trabajo es como nunca se vio. No somos multinacionales o grandes compañías que decidimos suspender o echar. A nosotros formar a un trabajador nos cuesta dinero y tenemos el firme compromiso de luchar hasta ultima consecuencia para sostener las fuentes de trabajo", dijo Sarmiento quien valoró el rol que está jugando el Estado para asistir al sector, aunque volvió a reiterar su crítica al sector financiero. "A los bancos todavía les falta hacer el esfuerzo que hacemos todos, porque ellos son los grandes ganadores en los últimos años", dijo el dirigente.

El sector industrial, que tiene la mayor cantidad de rubros exceptuados de la cuarentena debido a que integra la cadena de producción de elementos imprescindibles, es el que viene pujando para que se incorporen más sectores a la actividad, pero también el que mostró en el país, las primeras violaciones al decreto que prohíbe despidos y suspensiones.

Al caso de Techint, que finalizó con el despido a cambio de una indemnización más abultada, se le sumaron empresas como las que arman productos electrónicos aprovechando el régimen promocional de Tierra del Fuego, que pagaron apenas el 70 por ciento del salario a sus trabajadores. Además, en San Luis, la compañía Mabe —líder en la fabricación de heladeras en la Argentina— suspendió a todo su personal hasta el 19 de abril y abonará solo el 70 por ciento de sus sueldos. En Buenos Aires, la empresa Avex Dánica (Grupo Beltrán), tras incumplir los protocolos sanitarios por la pandemia y despedir a cinco trabajadores, incumplió la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo con un lockout patronal en una actividad que fue declarada esencial por el Ejecutivo.

En el cordón industrial, el Sindicato de Vigiladores de San Lorenzo (Sutravip) denunció a dos empresas que omiten preservar la cuarentena de trabajadores mayores a 60 años".

En la industria metalúrgica, que en la provincia venía muy golpeada y trabajando a la mitad de su capacidad, el panorama es oscuro. "Tuvimos algún caso aislado de suspensiones que fue denunciado por el gremio y nos pusimos en comunicación con el Ministerio de Trabajo", dijo Cerra y destacó el "sentido común" que primó entre los empresarios de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (AIM) de Rosario para "evitar que sus afiliados tomen conductas drásticas y así conservar los puestos de trabajo sin llevar adelante medidas unilaterales".

"En estos tiempos que vivimos necesitamos ese tipo de gestos. No obstante, en el caso donde hubo conductas aisladas de empresas las denunciamos", agregó el abogado de la UOM, quien mostró una foto actual de lo que ocurre en el sector: "En la mayoría de las empresas metalúrgicas la quincena que se está pagando en estos momentos correspondiente a marzo, alcanzó un cumplimiento bastante importante, pero lo que todos están viendo es que se va a complicar el pago de la primera quincena de abril que vence a mediados de mes".

En ese escenario "estamos explorando medidas que atenúen, independientemente de la aplicación de las medidas del gobierno, la situación", dijo Cerra y planteó que casi en un 90 por ciento de los casos es probable que debamos "llegar a un acuerdo con las empresas, analizando cada caso en particular, porque no todas tienen las mismas espaldas".

De este modo, la crisis por la pandemia obligará a "barajar y dar de nuevo" también en lo laboral. Pero el punto justo estará en evitar que eso se lleve puesto la conquista de los derechos en función de tutelar un bien superior.

El péndulo

"La clave está en ver dónde se ubica el péndulo en una situación de emergencia, cuando oscila entre medidas que promueven el Estado de bienestar o las necesidades del capital", dijo Caggiano, quien recordó que en la Argentina se vivieron muchas experiencias, esencialmente de emergencia económica o institucional o política —nunca sanitarias— que con la excusa de asegurar la "defensa del Estado, el bien público o preservar la seguridad nacional se utilizaron para "llevar adelante un programa de gobierno de concentración de poder, cuando no de impunidad".

A su juicio, hoy "el péndulo está parado un Estado que le importa el bienestar social" y "no se suprimió ningún derecho ni siquiera con el aislamiento obligatorio", dijo. "A ningún capitalista se le pide que cierre la fábrica, sino que todos hagan un aporte", agregó la abogada quien también recordó que "lo interesante es que todas las medidas que se tomaron no fueron nuevas, sino que se adoptaron incluso en el gobierno de Perón en la guerra y posguerra donde se dispuso congelamiento de alquileres, suspensión de ejecuciones hipotecarias", entre otras.

Por eso, para Caggiano "la negociación colectiva necesitará otra dinámica, y en este aspecto, la negociación de cada actividad es soberana", dijo y es quien considera que desde el lado del trabajador, "para hacerse fuerte nada mejor que la actividad del comité mixto una institución que funciona en Santa Fe, ya que cada dirigente en cada establecimiento conoce cómo desarrollar un espacio seguro y saludable".

Para Gómez (AEC), el rol del Estado como garante de los derechos laborales, en esta coyuntura es clave. "Debe intervenir en esta situación especial", dijo y planteó que en muchos rubros "hay un cambio unilateral a inconsulto de las condiciones laborales o salariales y frente a esto tiene que estar el Ministerio de Trabajo actuando", agregó el dirigente mercantil para evitar "avivadas" mucho más cuando "el Estado tanto nacional como provincial y municipal puso a disposición de los comerciantes herramientas para poder ayudar ante esta situación".

Aun así, no desconoció la compleja trama económica que se avecina y dijo que "frente a esta complejidad tiene que haber un ida y vuelta con las distintas instancias oficiales, sindicales y empresariales".

El Ministerio de Trabajo de la provincia que conduce Roberto Sukerman habilitó una nueva vía de comunicación para recibir consultas y denuncias por suspensiones, despidos, pagos de salarios y condiciones en el desarrollo del trabajo a través de un correo electrónico (denunciastrabajo@santafe.gov.ar) una instancia que permite a muchos trabajadores que están temerosos por sus fuentes de trabajo o sin cobertura sindical, realizar la denuncia ante el organismo oficial.

Pero además, abrió una instancia de negociación tripartita —mediada por el Estado— que será clave en los nuevos tiempos ya que la crisis laboral no sólo afectará a empresas con espaldas para continuar con la actividad, sino las pequeñas y micro que, pese a los esfuerzos del Estado están enfrentando serios inconvenientes para acceder a los beneficios financieros.

"Todos los paradigmas van a cambiar", dijo Sarmiento, el titular de Fisfe al analizar el día después del aislamiento obligatorio y el golpe de la pandemia sobre la sociedad y la economía. "Cambiará el escenario comercial, la demanda y la oferta y seguramente habrá que sentarse de nuevo a dialogar para que distribución de las pérdidas sea equitativa, tanto para trabajadores como para las empresas", dijo.

En ese sentido, Cerra planteó que "lo que se avecina económicamente es realmente muy complicado, y frente a esto, el gobierno, los gremios y las empresas tendremos que tener la suficiente sabiduría y conciencia para poder explorar salidas", dijo y vaticinó que la discusión paritaria que históricamente se agiliza en estos tiempos quedará en un segundo plano. "La paritaria tiene que ver con llevar un plato de comida, pero si no hay trabajo no tenemos paritaria, por eso no me imagino hoy el escenario de discusión salarial, lo único que imagino es ver como conservamos los puestos de trabajo", sentenció.

La defensa del empleo y la paritaria

Así como el gobierno nacional dejó en un segundo plano la renegociación de la deuda, que se planteaba como el objetivo prioritario apenas asumió Alberto Fernández, para algunos gremios la discusión paritaria de este año seguirá el mismo camino. “Hoy estamos abocados exclusivamente a ver cómo podemos conservar los puestos de trabajo”, dijo el abogado de la UOM local, Pablo Cerra y dijo que no se trata de un “juicio de valor” sino de “algo meramente descriptivo de la realidad”. En este escenario para el abogado la prioridad es “tratar de evitar las empresas cierren y lograr que los trabajadores tengan trabajo”. En cambio, desde la posición de la Central de Trabajadorxs de la Argentina Autónoma (CTAA) regional Rosario. “Las paritarias no pueden esperar, porque en el derecho al salario digno se juega también el derecho a la salud”, dijo la organización en un comunicado.

CTAA: “Las paritarias no pueden esperar”

La emergencia por la pandemia no sólo puso el alerta sobre las fuentes de trabajo que se pierden, sino además sobre las condiciones del empleo en la región. En ese marco, la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) regional Rosario planteó que, ante la crisis sanitaria, “no puede soslayarse que la percarización laboral vulnerabiliza contingentes enormes, tanto en el sector público como privado, exponiéndolos a mayores riesgos de manera multifocal (por carencia de salarios dignos, falta de elementos de seguridad, jornadas extendidas sin control, violación de decretos y normativas, etcétera).

En ese marco, apelan al cumplimiento de la ley 12.913/2008 de comités mixtos de seguridad e higiene. “Desde la CTAA Rosario vamos a sostener las luchas, la pelea por las conquistas de derechos”, dijo el texto y señaló que “las paritarias no pueden esperar, porque en el derecho al salario digno se juega también el derecho a la salud”.

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