El fisco provincial resignará $80 mil millones en 2026 si son aprobadas y ejecutadas las desgravaciones de Ingresos Brutos propuestas en el proyecto de ley tributaria que el Poder Ejecutivo envió al Senado. Este costo tributario incluye la posibilidad de descontar del impuesto la contratación de nuevos trabajadores y el costo de la electricidad, pero también otras medidas como el tope a la alícuota para unas 48 mil pymes. En un contexto dominado por la presión nacional para discutir las reformas laboral y tributaria, el plan de la provincia busca adelantarse a ese debate pero también dar señales en favor de cuidar los puestos de trabajo y beneficiar al que produce en Santa Fe. La tensión socia que provocan los despidos en la industria no es ajena a esta decisión.
Señalan en el Ministerio de Economía de la provincia que, desde el inicio de la gestión, venían estudiando algún mecanismo para favorecer al empresario que produce y tributa en el territorio, sin violar los acuerdos y la normativa de armonización tributaria con el resto de las provincias. Entienden que lo encontraron con la posiblidad de que los empresarios puedan desgravar el costo de la energía hasta un 30% del impuesto que deben pagar. “Hacemos un poco de trumpismo (en alusión a las políticas proteccionistas de Donald Trump), favoreciendo con las herramientas que tenemos a quienes localizan su producción en Santa Fe”, indican. En materia de administración fiscal, la desgravación eléctrica ofrece también la oportunidad de “transparentar” la relación con la EPE de los usuarios que realizan actividades comerciales o industriales pero pagan la luz con tarifa domiciliaria.
El descuento por doce meses del salario bruto de los empleados que se tomen a partir de diciembre también puede aportar a la decisión de algún proyecto de inversión que esté eligiendo provincia para asentarse. Pero fundamentalmente es una señal de atención a un problema que preocupa de manera creciente a la administración provincial: el impacto social de los despidos y cierres de empresas en el sector industrial. “Cada empleo que se salva es también menor presión sobre el gasto público social”, explican.
Actividad floja
La caída de la demanda y el aumento de las importaciones llevaron la crisis industrial a un nuevo nivel, con cesantías que pasan del goteo a la masividad. En una provincia como Santa Fe, donde en la mayoría de los pueblos hay una fábrica instalada, la caída de una o varias decenas de empleos potencia la tensión social. En lo inmediato es un problema, pero también lo es de cara a 2026. “El año próximo puede haber algo de crecimiento por sectores como el agro y la minería, y porque la intervención de EEUU como garante del pago de la deuda aporta certidumbre sobre la estabilidad cambiaria”, señalan. Pero esa expansión, de verificarse, será heterogénea. “Los sectores que caen son demandantes de trabajo y la reconversión laboral no se da en el corto plazo”, agregan.
El rigor de este tipo de economía ya se siente en la recaudación tributaria, tanto en la que proviene de impuestos provinciales como en las transferencias automáticas de Nación. En Economía acusan una caída real de dos puntos en relación a 2024 y de siete en la comparación con 2023. Pese a las estadísticas del Indec, la causa principal de esta baja es el freno en la actividad económica.
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También hay alguna afectación en los giros federales derivada de una suerte de “exceso de acopio” nacional de recursos por IVA para futuros reintegros a la exportación. Las transferencias no automáticas se pulverizaron ya el año pasado, con la excepción de alguna transferencia relacionada con ayuda alimentaria que volvió de la mano de un crédito del BID a la Nación.
La colocación de deuda
En este contexto, los funcionarios de la cartera económica tienen “los pasajes en la mano” para viajar a Estados Unidos apenas se abra la posibilidad de concretar la colocación de bonos autorizada por la Legislatura para financiar obra pública.
Esto podría ser en los próximos días. La baja del riesgo país después de las elecciones, pero también la resistencia que muestra a un descenso mayor, indican que la ventana de oportunidad es la actual. El aval de la Nación a la operación está acordado pero se formaliza una vez que se conoce la tasa pactada.
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La reciente emisión de deuda de la ciudad de Buenos Aires, a una tasa del 8,1% y siete años de plazo, clavó un mojón en ese camino. Los cálculos santafesinos ubican los rendimientos a pagar a mitad de camino entre los porteños y los cordobeses, que pagaron 9,7% por endeudarse en junio pasado.
El monto autorizado por la Legislatura santafesina es de mil millones de dólares, pero la colocación sería por una cifra menor en esta etapa, más cercana a los u$s 500 millones.
Desde el gobierno esperan cerrar diciembre con presupuesto y la ley tributaria aprobados.
