Gremios y abogados, en alerta por la reforma laboral

"No va a haber una reforma laboral en Argentina", fue lo que le afirmó hace dos meses a este cronista en on the record el Ministro de Producción de la Nación, Francisco Cabrera, en el marco del Día Pyme, que se realizó el 20 de septiembre. Pocas semanas después el Ejecutivo nacional arremetió con un proyecto que pretende se apruebe antes de fin de año.

Con un acuerdo con el triunvirato de la CGT, el borrador de reforma laboral tomó forma y el gobierno decidió ingresarlo por el Senado con la intención de que se logre aprobar antes del recambio legislativo. Inicialmente, la central sindical había manifestado sus reparos, esencialmente en "los cambios de la filosofía del derecho laboral", según advirtió el titular del gremio de Sanidad, Héctor Daer. En el toma y daca, lograron eliminar de la iniciativa el polémico artículo 4, que incorporaba un nuevo concepto de trabajo.

Sin embargo, el proyecto de ley que ahora tomó forma, tuvo un ensayo previo meses atrás en algunos gremios a los cuales el gobierno logró disciplinar mediante ajustes en el convenio o topes a las paritarias, en el marco de algún contexto laboral en particular, pero que sirvieron como anticipatorios.

La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) fue el primer sindicato en aceptar de hecho una flexibilización laboral en un nuevo convenio de trabajo firmado por el gobierno nacional en conjunto con las cámaras empresarias del sector lácteo (CIL y Apymel) como una suerte de prueba. Desde distintos sectores denunciaron que Atilra fue víctima de un modus operandi extorsivo, ya que a cambio de resignar derechos el gobierno nacional finalmente transferiría los 250 millones de pesos que faltaban de los 450 millones que había prometido para el salvataje de la empresa Sancor.

Entre algunos puntos relevantes del nuevo acuerdo, incorporaría la modalidad de trabajador a tiempo parcial para los francos (fines de semana) y los feriados. En este caso, en lugar del 150 por ciento, para ese trabajador _que sólo trabajará como máximo tres días con ocho horas_ el recargo será del 100 por ciento. También, se instala la polifuncionalidad, es decir que un trabajador con una tarea específica pueda realizar otra función. Además, se avanzó en reducir el aporte que se realiza al gremio, entre otros aspectos.

¿Flexibilización encubierta?

Otro de los ensayos en materia de reforma laboral fue el que se dio hace pocos días en Tierra del Fuego. El gobierno nacional aceptó moderar el proyecto de reforma fiscal que pretendía implementar una reducción gradual de impuestos internos sobre artículos electrónicos que compiten con los fabricados en Río Grande, pero reclamó a cambio freezar las paritarias. Así, el impuesto se reducirá de forma escalonada en cinco años: del 10,5 por ciento en 2018 al 2 por ciento en 2023. Como contraparte, la conducción de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) firmó un convenio con la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) para congelar los salarios por dos años, desde junio de 2018 y hasta junio de 2020, y con el compromiso de que no habrá despidos ni suspensiones en el sector. El secretario adjunto de la UOM de Río Grande, Marcos Linares, advirtió que originalmente las empresas proponían una reducción del 30 por ciento de los salarios. "No nos gusta, pero priorizamos la necesidad de continuar con la industria. Se vienen tiempos difíciles para los trabajadores", indicó el sindicalista.

Santa Fe, la resistencia

En diálogo con La Capital, distintos gremialistas expresaron su malestar y su resistencia frente al proyecto de reforma laboral que ya ingresa al Congreso por entender que "más que una reforma, es un recorte". En este sentido, todos los sindicatos se unieron para aunar fuerzas y evitar "como sea" la intención de modificar los contratos de trabajo en todo el país.

En Santa Fe, la CGT, la CTA, ATE y el Movimiento Sindical Rosarino (MSR) conformaron el Movimiento Obrero Santafesino (MOS) para enfrentar la reforma laboral del gobierno. "No vamos a permitir que se vulneren derechos y garantías laborales", señalaron en el documento fundacional.

Uno de los voceros del MOS, Alberto Boto, también secretario general de Luz y Fuerza, afirmó que "es una mal llamada reforma, porque es un ajuste". Dijo además que "el gobierno pretende eliminar la equiparación de fuerzas en el derecho laboral, con la intención de maximizar ganancias de las empresas y quitarle derechos a los trabajadores", dijo.

El gremialista dijo que "esto comenzó con el llamado blanqueo, que promueve la contratación en negro porque baja y elimina la indemnización para los que no estaban registrados, cuando antes el laburante con una denuncia y un fallo favorable podía acceder a lo que le correspondía, por ende a los empresarios no les significará una erogación importante despedir".

Desde el Sindicato de Aceiteros de Rosario, su abogado Sebastián Spiller, ratificó que rechazan "de plano" la reforma. "El espíritu de la ley nos preocupa porque habla de que pos de un desarrollo de las empresas y remover obstáculos las compañías son libres de hacer y deshacer como quieran", dijo.

"Además _continuó_ cambia el concepto de trabajo porque pone en igual condición al trabajador con el empleador, mientras que con la ley actual el trabajador cuenta con el amparo del Estado para protegerlo y defenderlo".

En sintonía, Spiller destacó que le preocupa que se elimine "el Ius variandi (facultad que tiene el empleador de alterar unilateralmente condiciones no esenciales del contrato individual de trabajo pudiendo el trabajador negarse), con lo cual las condiciones pasarían a ser «aceptás o te vas» frente a cualquier decisión del empresario".

Por su parte, el representante de la UOM en Rosario, Antonio Donello, también la cuestionó. "Precariza la situación de los trabajadores", dijo y agregó: "Si la quieren hacer que sea seria; deberían ver qué se hace con las tarifas, las importaciones". Con esto "se busca beneficiar a los grandes empresarios, porque no se cuida la industria nacional", indicó.

El titular de la Asociación Bancaria, Matías Layus, quien hasta hace poco integraba el MSR y ahora se encuentra en la gestión nacional del gremio, dijo que "es un despojo a las cuestiones más elementales de los derechos adquiridos: por un lado reduce la indemnización, es decir que saldrá mucho más barato despedir e incentiva a las empresas a que el salario del trabajador se conforme de bonificaciones y no del salario puntualmente".

"Por otro lado elimina el concepto del derecho protectorio establecido en la ley de contrato de trabajo, reduce de 2 a 1 año el período para reclamar judicialmente por malas liquidaciones, incentiva _como en los años 70_ las tercerizaciones laborales que se convirtieron en fraudes laborales, se vuelven a implementar las pasantías que se convirtieron en trabajo esclavo, la base de cálculo generará que cobren menos los nuevos jubilados, reduce aportes patronales y atentos la seguridad social; en conclusión, es un escenario complicado y nos hará retroceder décadas", cerró el sindicalista.

La voz empresaria

El titular de la Asociación Empresario de Rosario (AER), Ricardo Diab, expresó que "en el sector empresarial siempre estuvimos de acuerdo en bajar costos laborales y no los salariales; poner un marco de regulación al sector empresarial lo haría más competitivo y protegería a las pymes que toman personal y por algún motivo terminan en un juicios onerosos donde se produce la quiebra de la empresa". Además, Diab especificó que no acepta la disminución del salario, pero sí la carga tributaria. "Es necesario disminuir el costo del empleador en cuanto a las cargas tributarias, darle mayor certeza en tomar personal".