Deuda y fuga. Puertas giratorias. Brokers funcionarios que se prestan y se pagan, se venden y se compran divisas, negocian entre sí onerosas emisiones de bonos y se cubren de la crisis que ellos mismos generaron, a costa de una cuenta que pagará el otario público. Sobre el escenario de un festival de blanqueo y cuentas off shore, se fuman las reservas en pocos meses. Los dólares se van, queda el FMI. Ese negocio privado será cancelado colectivamente durante generaciones. La operación, espuria y ruinosa, es evidente, ideal para la pesquisa judicial. Pero los miembros el más opaco de los poderes del Estado se entumecen frente a la patria financiera.
Con indicios menos tangibles, sus primos de la patria contratista son, en cambio, incomodados un poco más por estos días. Sobresaltos que confían en sortear más temprano que tarde, señalando al ex funcionario debido. El ajuste en la obra pública, consecuencia de la crisis financiera, les dolerá más en el bolsillo.
El creciente peso de la deuda externa en el presupuesto público, una creación exclusiva del actual gobierno, somete a las distintas facciones económicas de la alianza gobernante, a las necesidades de los financistas.
Si a los contratistas se les complica reproducir en lo inmediato sus negocios con el Estado, los viejos capitanes de la industria también sienten el desplazamiento político. La industria manufacturera fue elegida desde el principio como un sector a "reconvertir". Apertura comercial, dólar errático, tasas altas incentivaban una suerte de selección natural en la cual desaparecerían, junto con los 80 mil empleos perdidos desde fines de 2015 en la actividad, rubros enteros de producción.
Con una base societaria que festejó inicialmente este recambio, la Unión Industrial Argentina (UIA) asistió como dócil espectador al fabricidio. Hasta que la guadaña llegó a la agroindustria, su sector estrella.
Entre el paquete de medidas de ajuste que el Ministerio de Hacienda dispuso esta semana por orden del Fondo Monetario, se incluyó la reducción de reintegros a la exportación y la suspensión del cronograma de reducción de retenciones a la exportación de subproductos de soja. La resolución achica al mínimo el diferencial arancelario que desde su origen, incluso en los 90, contribuyó a desarrollar el complejo oleaginoso levantado sobre el río Paraná, a través del estímulo al procesamiento de soja.
En un mundo en guerra comercial, frente al que los analistas advierten sobre un cambio en el mapa global de molienda de la oleaginosa, la reprimarización de la principal cadena exportadora se blande como una amenaza.
"Es un misil al valor agregado", despertó el presidente de la central fabril y directivos de Aceitera General Deheza, Miguel Acevedo. La poderosa Cámara Industrial de la Industria Aceitera (Ciara), que agrupa a la crema de la patria sojera, y la Bolsa de Comercio de Rosario, el principal comité empresarial de Cambiemos en los últimos dos años, salieron a advertir sobre los efectos negativos de la medida.
El diferencial arancelario fue motivo histórico de controversias entre las entidades de productores y las cámaras agroindustriales. Ese conflicto, como otros dentro del campo, fue siempre solapado en pos del gran proyecto sectorial de entronar políticamente al "motor económico del país". El choque reciente con la patria financiera y el Fondo Monetario abrió una pequeña fisura. La entidad que agrupa a las cooperativas, Coninagro, celebró el lunes que el cronograma de reducción de derechos de exportación no alcanzara al poroto de soja. El miércoles ya despotricaba por el efecto negativo de la reducción de reintegros en las economías regionales, dentro de las que se desenvuelven muchas cooperativas asociadas.
En su fase disruptiva, la crisis financiera comienza a repartir costos sobre los bloques corporativos que participaban de la cadena de la felicidad. Todos apostaron con fuerza al shock de rentabilidad que les prometió el actual gobierno, y cuya contrapartida fue la caída del salario real, por vía del deterioro del mercado empleo, el debilitamiento de las instituciones de protección laboral y social, y el descontrolado proceso inflacionario. En la última semana, el Indec confirmó que la escalada de precios no cede. La pelea contra salarios y jubilaciones avanzará pero la crisis es un barril difícil de llenar. El Fondo, interventor de la gestión económica local, también les pide diezmo a los empresarios. No de la caja financiera que también forma parte de su entramado de negocios pero sí de su "actividad principal".
Los gobernadores, alegres pajes del cambio de época, recibieron su paga romana. A pocos meses de haber firmado un cuestionado pacto fiscal, se quedan sin fondo sojero. Es probable que el recorte no termine ahí. Ya el ministro Nicolás Dujovne, al referirse a la megacrisis y el default, puso sobre la mesa el debate sobre las jubilaciones. El respaldo de los mandatarios fue claves para el recorte de la movilidad.
