El dato de inflación obliga a rediscutir el acuerdo con el FMI

El 8,4% de inflación para el mes de abril obliga a repensar, rediscutir y reelaborar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Demostrado por la historia y la coyuntura Argentina, los entendimientos con el organismo internacional sistemáticamente impulsaron el aumento general de precios.

El constante tire y afloje del gobierno con el FMI continúa enviando señales ambiguas a la economía local. Por un lado, el Fondo permite la importación desde China y Brasil utilizando monedas alternativas al dólar y amaga con adelantar desembolsos en compensación a las pérdidas experimentadas por los tres años de monumental sequía que azotó al país.

Pero por otro lado, exige que los decisores de política económica local no establezcan anclas o “atrasos” de ningún tipo para operar sobre la inercia inflacionaria que castiga los salarios y las expectativas sobre la estabilidad nacional. El aumento de tarifas, las elevaciones en la tasa de interés y la devaluación progresiva del tipo de cambio son modificaciones inflacionarias a las que el estado se ve sometido por la acreditación de una deuda irregular.

El aumento de la tasa de política monetaria pasó del 51,96% en marzo de 2022 - momento en que se firmó el acuerdo con el FMI - al 141% actual, pagado en concepto de retención de pesos por la autoridad monetaria. Más allá de la clara aplicación del incremento para desinflar la presión sobre el dólar, la suba de tasa esconde efectos perniciosos para la estructura de costos de las empresas nacionales y, por consecuencia, para los bolsillos de los trabajadores.

El incremento efectivo del interés puede reducir la capacidad de una empresa para pagar sus cuentas, ya que la organización incurre en costos crecientes sin un aumento correspondiente en los ingresos para compensar. En algunos casos, las organizaciones pueden recurrir a métodos de reducción de costos como despidos o salarios reducidos para los empleados para reducir los costos fijos. También , y lo que es una costumbre argentina, el mayor costo de repago se traslada a los precios de los bienes y servicios elaborados.

Párrafo aparte para las consecuencias recesivas de la escasez de crédito productivo. El alto costo de los préstamos, así como la onerosidad creciente asociados con los préstamos perjudica la empleabilidad y las expansiones productivas.

A su vez, las subas también impactan de lleno en el financiamiento del consumo vía encarecimiento de saldos de las tarjetas de crédito. Con la nueva actualización, a los argentinos se les hará más caro pagar cuotas con intereses u optar por el “pago mínimo” del plástico cuando no logren cancelar el resumen completo.

La desregulación de las tarifas públicas constituye otro asunto conflictivo con el organismo multinacional, el reclamo constante de la liberación del costo tarifario ha dado sus frutos y desde marzo del 2022.

La evolución del cuadro tarifario acicatea directamente a la evolución ascendente de los precios. Más allá de que el último acuerdo entre el gobierno y el FMI contempla un aumento de tarifas de luz y gas de entre 85% y 90% para los usuarios residenciales de "altos ingresos" a partir de mayo, una segmentación que de funcionar se desarrollará por caminos equitativos. Lo que preocupa es el caso de los usuarios comerciales, quienes recibirán este mes un ajuste del 31% en sus costos energéticos y también una actualización a partir de agosto. El impacto en los precios se explica por sí mismo.

La devaluación progresiva del tipo de cambio opera empujada por la dinámica estructural Argentina. Al ser el país una economía de desarrollo medio, es decir, contar con un esquema industrial capaz de elaborar bienes dentro de sus fronteras pero que requiere la importación de insumos básicos para llevarlas a cabo. Los aumentos en el valor de la cotización oficial del dólar, divisa con la que se compra y vende en el mercado mundial, repercuten de inmediato en un aumento de los costos de producción los que, como siempre, se trasladarán directamente al consumo.

A su vez, los alimentos producidos por la economía y de amplia comercialización en los mercados extranjeros, donde también reciben su precio, se valúan en divisas. El aumento en la cotización del dólar incrementa, de no mediar un esquema de retenciones que desacople el precio local del internacional, el costo que los argentinos pagan por los alimentos.

Así, el comportamiento de la inflación nacional es alimentada por las exigencias del Fondo Monetario. De tal forma, el aumento de tarifas recae sobre el consumidor, la elevación del interés recae sobre el consumidor y la devaluación recae sobre el mismo consumidor. Rediscutir y reestructurar el acuerdo con el prestamista externo se convierte en una necesidad urgente para garantizar la estabilidad interna.