Dos años atrás, Joel Nicolás Nichea fue encontrado muerto de un disparo en un precario búnker de venta al menudeo de drogas en barrio Las Flores donde era vendedor. Una joven pareja de soldaditos en el puesto de drogas avisó a la policía, que al llegar no encontró el arma homicida. Con el correr de las horas y ante la versiones contradictorias que brindaban, el muchacho de 18 años quedó detenido junto a su novia adolescente. Preso desde entonces, este martes aceptó una condena a 12 años de prisión como coautor del crimen.
La sentencia se dictó en un juicio abreviado celebrado este martes en el Centro de Justicia Penal. Se trata de una pena unificada con otra que el acusado, Alfredo Bazán, había recibido como menor de edad por un delito no especificado. Comprende, además del homicidio, las actividades de comercio de estupefacientes atribuidas al joven. Al igual que la víctima, era uno de los vendedores al menudeo en ese puesto de drogas que pertenecía a la familia de su pareja. Un local ubicado en una calle sin nombre frente al descampado que se extiende sobre el final de calle España.
El crimen ocurrió en una habitación de ese inmueble a las 11.05 del sábado el 27 de julio de 2024. Un llamado al 911 alertó que allí había un muchacho de 19 años fallecido con un disparo en la cabeza. Médicos del Sies que acudieron al lugar encontraron al joven sin vida en esa edificación ubicada a la altura de España y 5 de Agosto, una cuadra al sur del puente sobre avenida de Circunvalación que está en uno de los accesos al barrio.
Una cama, único mueble
A simple vista y en base a testimonios de vecinos, los agentes policiales que acudieron al lugar bajo instrucciones del fiscal Alejandro Ferlazzo constataron que el sitio funcionaba como puesto de drogas: el único mobiliario dentro de la vivienda era una cama. Las dos personas que se encontraban junto a la víctima al llegar la policía eran Bazán, de 18 años, y su novia Sharon G., de 17 años. En aquel momento se indicó que la chica era novia de Joel pero la pesquisa la ubicó luego como pareja del ahora condenado por el crimen.
Al ser entrevistados por los investigadores, los jóvenes brindaron versiones contradictorias sobre lo que había sucedido. Los relatos no sólo diferían en cuanto a la mecánica sino que además registraban diferencias acerca del horario en que ocurrió el disparo. Por esto el fiscal ordenó que ambos quedaran detenidos mientras se aclaraba cómo se produjo el ataque y por qué motivo.
Arma oculta
A esas versiones confusas se sumaron otros elementos que llevaron a la detención de la pareja. El chico fallecido tenía un disparo en la cabeza pero no se encontró ningún arma de fuego en la escena. Así, a pesar de que las primeras informaciones catalogaban al caso como una muerte dudosa, la ausencia del arma llevó a descartar la posibilidad de un suicidio o una autolesión.
Como es de rutina, se dispuso entre otras medidas la intervención del gabinete criminalístico para la inspección de la escena, la realización de peritajes fotográficos, el levantamiento de rastros y la toma de testimonios a personas que pudieran aportar datos. El cuerpo de la víctima, en tanto, fue remitido al Instituto Médico Legal para la realización de la autopsia a fin de precisar la causa de muerte y la distancia y dirección del disparo.
Esas medidas y otros avances de la causa llevaron en días después a la imputación de Bazán, en tanto que Sharon quedó a disposición de un juzgado de Menores. la Fiscalía determinó que el crimen fue cometido dentro del inmueble —los motivos no fueron precisados— y que, luego, Bazán y su novia “ocultaron el arma con la cual efectuaron el disparo mortal, y dieron aviso a la policía intentando eludir su responsabilidad”.
Soldaditos en dos turnos
Con el avance de la pesquisa, se determinó que ambos jóvenes junto a Nichea trabajaban como vendedores directos en ese local perteneciente a una mujer identificada como M.G., quien en septiembre de ese año fue imputada por las maniobras de microtráfico. Según se informó entonces, dirigía el negocio desde una casa de Chumbicha al 3500 donde cumplía prisión domiciliaria ordenada por el juzgado Federal N° 3 en una causa por narcotráfico.
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Desde allí, "encargaba y habilitaba la venta de sustancias estupefacientes a dos menores de edad, a Bazán y a Nichea", quienes cumplían turnos diurnos y nocturnos para la comercialización de estupefacientes en baja escala. Para la protección del negocio les brindó un revólver calibre 32 a estos últimos y se encargó de conseguir las municiones, "dado que existía un conflicto latente con personas del barrio Las Flores con quienes se disputaban la venta ilegal de estupefacientes", puntualizó la imputación.
Bazán, planteó entonces la Fiscalía, había contactado a M.G. a través de una red social. Él vivía en Villa Gobernador Gálvez y le propuso instalarse en Las Flores como encargado de hacer dinero con la venta. Uno de los menores le acercó el revólver y días antes del crimen fueron juntos, armados, a instalarse en el búnker en el que vivieron en condiciones precarias hasta el día del homicidio.
Luego del traspaso de la causa a la fiscal Paula Barros, el caso llegó hasta la instancia de juicio abreviado celebrado este martes en una audiencia realizada ante el juez Mariano Aliau. Tras un acuerdo entre la acusación y la defensa, Bazán aceptó la pena de 12 años de prisión como coautor de los delitos de homicidio agravado, la portación ilegal del arma y comercio de sustancias estupefacientes a título oneroso, agravado por la participación de menores de edad.
Las maniobras de comercialización de estupefacientes, según el acuerdo, se extendieron durante un lapso de tiempo indeterminado hasta el día del crimen y consistieron en la venta de estupefacientes de manera fraccionada para el consumo en el mismo búnker donde fue asesinado Nichea.