“A la deuda con el FMI tienen que pagarla los que verdaderamente se beneficiaron de ese préstamo para tener dólares para fugarlos”. Así lo subrayó Eduardo Fernández, diputado nacional por el Frente de Todos integrante de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación. El legislador, que fue presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), defendió la iniciativa que partió del bloque oficialista de la Cámara de Senadores para crear un fondo de pago del crédito con el organismo internacional, a integrarse con un aporte sobre los activos no declarados que contribuyentes argentinos tengan en el exterior. De paso por Rosario, donde realizó una visita a la proveeduría sindical de la Asociación de Empleados de Comercio (AEC), Fernández habló de la agenda legislativa que intentará impulsar el oficialismo luego del acuerdo con el FMI. Y en primer lugar puso la iniciativa que surgió desde la propia titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner. En ese punto, instó a la oposición a definirse: “Hay que elegir entre proteger a los evasores y cargarle la deuda a todos los argentinos, o hacer que los paguen los que se fugaron la plata”.
_ Ante la proximidad de los vencimientos y la imposibilidad fáctica de poder hacer frente a un pago de casi u$s 19 mil millones este año, con un proceso de negociación que duró mucho y consiguió un acuerdo de refinanciación y no un nuevo préstamo, para pagar el que tomó Macri, logramos que algunas de las condicionalidades históricas que se ponían para los 22 créditos stand by que tuvo Argentina con el FMI, no se repitieran. Por caso, eliminar la palabra ajuste y ese concepto como una forma para alcanzar los equilibrios presupuestarios. El anterior stand by en 2018 repetía 25 veces la palabra ajuste. Esto no quiere decir que el FMI se haya vuelto bueno. Había condicionalidades externas que el gobierno nacional observó y por eso esperó a que estuviera el informe de fin de año del organismo para cerrar el crédito. Muchas veces se cuestiona sobre por qué se demoró tanto. Se sabía que había una gran pelea en el Fondo para que saliera el informe técnico de fin de año en el que quedaban ratificadas dos cosas: por un lado, que no se cumplió el objetivo para el cual había sido otorgado el crédito, y por otro, una cuestión muy importante que el Fondo deja traslucir, es que el organismo no cumplió sus propias reglas por la cuantía del crédito otorgado a la Argentina y por otros requerimientos. Pero lo fundamental es que ese informe ratifica que una de las cuestiones por las que se cae el acuerdo, que resistió sólo cuatro revisiones, es la fuga de capitales que no se logró frenar. Debido a eso ahora viene esta segunda etapa que tiene como ejes dos cuestiones que nunca abandonamos: primero, investigar la legalidad en cuanto a la obtención del crédito para lo cual el Ejecutivo estableció una querella; y segundo, darle elementos a la comisión bicameral de seguimiento que es la que puede aportar estos datos.
_El proyecto viene a completar la otra parte de este tema, y es que no bajamos ninguna bandera. Lo primero que teníamos que hacer era acordar, porque de lo contrario caíamos en mora y eso era totalmente negativo para trabajadores, empresarios, productores, para el país. Ahora está este proyecto orientado para que hagan este aporte personas que no declararon su patrimonio. No es un impuesto, es un aporte. Tampoco podemos decir que sea por única vez, porque en realidad se lo está aplicando a los evasores. Hay un stock de capitales argentinos en el exterior de más de u$s 400 mil millones, de los cuales sólo han sido declarados unos u$s 60 mil millones. La principal dificultad en el país y en el resto del mundo es identificar cómo han fugado ese dinero y dónde se han obtenido esos fondos para radicarlos en lo que se llama paraísos fiscales, para nosotros verdaderamente cuevas de evasión de protección del delito. Es por eso que cuando Estados Unidos, en 2010 y la Unión Europea, en 2015, le piden a Suiza el levantamiento del secreto bancario con algunas justificaciones, se establece a nivel mundial algún carácter de investigación, pero también de tributación de eso fondos que han esquivado pagar impuestos. En nuestro país particularmente no tributaron ni Ganancias ni Bienes Personales. Y establecer un porcentaje que va del 20% al 35%, como indica el proyecto, es totalmente lógico por el concepto que le da origen a la iniciativa y es que al crédito del FMI no lo pueden pagar los habitantes del país ni los que no los disfrutaron, sino que tienen que hacerlo los que verdaderamente se beneficiaron de ese préstamo para tener dólares para fugarlos.
_¿Considera que habrá consenso político para avanzar con este proyecto teniendo en cuenta que la oposición, durante el debate por el acuerdo con el FMI buscó frenar cualquier alusión a la responsabilidad que tuvo el gobierno anterior?
_Nosotros nos manejamos con dos conceptos en el voto y en las negociaciones, que es el de las convicciones y el de la responsabilidad que tenemos luego de haber perdido las elecciones. Hay que reconocer que en el Poder Legislativo no tenemos la mayoría ni siquiera para tener quorom propio, hay que negociar todo. En ese marco, el proyecto del Ejecutivo que contemplaba las políticas económicas a desarrollar, el detalle de los dos memorandum (el económico financiero y el de medidas técnicas) no fue aceptado por la oposición porque en realidad ahí se debía reconocer _y esto le costó también al FMI_ que ellos habían metido la pata. En el memorandum eso figuraba, por eso lo publicamos. Pero para llegar al acuerdo y que el Ejecutivo tuviera la ley hubo que votar solamente el acuerdo, un solo artículo. Este proyecto, en cambio, es más preciso en el sentido de que hay que elegir entre proteger a los evasores y decir que el crédito tienen que pagarlo los argentinos o no. Me parece que la discusión puede ser distinta, hay que sostenerla, porque no hay punto intermedio. Además, las objeciones técnicas que estamos escuchando no tienen sentido. Hay que recordar que son dos proyectos de ley juntos. El segundo busca ampliar las excepcionalidades por las cuales se puede obtener información bancaria sin romper el secreto bancario y modificando la ley de entidades financieras, igual que lo bursátil y lo fiscal. Con esas tres posiblidades, habilitando al Poder Ejecutivo, a través del jefe de Gabinete, y al legislativo a través de la Comision Bicameral Permanente, para que puedan obtener información, se da a lugar a cuestiones que ya tienen antecedentes legales en otros lugares del mundo. Hay que aclarar que tampoco la misión es buscar al que haya evadido u$s 10 mil ó u$s 15 mil. Es un proyecto serio, bien fundamentado. A diferencia de otros blanqueos, la oposición usa ese término, que se hicieron con la excusa de pagarles a los jubilados una diferencia que nunca se les terminó de pagar, acá la iniciativa tiene un fin específico. Se establece un gravamen en dólares porque hay que pagarle al Estado argentino en esa moneda y se usará para la cancelación de la deuda. Nos preguntarán si alcanza o no. Deseríamos que alcance. Nos preguntan por qué no hay hay una estimación de recaudación como ocurrió con el denominado a la riqueza. Es sencillo. En ese caso teníamos el padrón porque estaban identificados quienes tenían un patrimiono declarado y al que no lo hubiera hecho se le daba una opción. Pero en este caso, como son capitales fugados no declarados ante la Afip, no es posible saber el costo fiscal o lo que se va a recaudar. El costo fiscal va a ser positivo porque el que declare tiene una opción en los seis primeros meses de allanarse o, el que sea descubierto por la investigacion, ya sea judicial o legislativa o de Afip automáticamente va a tener que seguir pagando los impuestos a bienes personales o patrimonio y Ganancias que no está pagado en este momento.
_¿Cómo inducirán para que se produzca este blanqueo?
_No está bien tratarlo solamente como un blanqueo. Requiere de una tarea de investigación porque han fugado. Por eso está la figura del colaborador y por eso la vicepresidenta, con mucho tino, le pidió apoyo al embajador de Estados Unidos. El proyecto también pide la colaboración a la Ocde, al FMI y a los países desarrollados porque ellos tienen información. Si no recordemos la información que envió la Ocde y que parcialmente durante el gobierno de Macri no se terminó de desarrollar. Además, como el objetivo es detectar la fuga de capitales originada por el préstamo del FMI, podemos retrotraerla sólo a 3 años. El período de sospecha es ese. No nos pueden decir que estamos persiguiendo para atrás, sino que será sólo a partir de que se obtuvo el préstamo en el 2018.
_¿Hay otros países donde se haya implementado algo de similares características?
_ No con las mismas características pero en 2010 Estados Unidos estableció algunos tratados para conocer el origen de capitales que se encontraban en paraísos fiscales o cuevas de evasión. La Unión Europea en 2015 le pidió a Suiza conocer el origen de esos fondos. En el caso de Argentina muchos de esos capitales provienen generalmente de la especulación, pero no sabemos si esa fuga proviene de delitos muy graves como el tráfico de armas, de drogas o de personas, que son un grave problema para la humanidad. Entonces hay muchos acuerdos internacionales dentro del mismo G-20, la Ocde, el FMI y el Banco Mundial que tienen herramientas para colaborar en estas investigaciones. Esos organismos en sus propios documentos han manifestado el perjuicio que esto causa a todos los países del mundo, sobre todo en América latina.
_Además de esta acción puntual que tiene el consenso de todos los sectores del Frente de Todos, ¿Cómo viene la agenda posacuerdo FMI tanto legislativa como económica? Hay, por ejemplo, un proyecto para hacer permanente el impuesto a las grandes fortunas
_Este proyecto es más difícil tratarlo, por las mayorías y por la convicción firme que tiene Juntos por el Cambio de no votar nuevos impuestos. En cambio, el fondo propuesto en el Senado pone a la oposición en la disyuntiva de tener que decirle al pueblo argentino que defienden a evasores. La pregunta va a ser ¿defienden a los empresarios o a los fugadores? La opción es distinta. Por otro lado, la agenda legislativa tiene temas importantísimos para atender que son de interés de los ciudadanos, como el de los alquileres. Y la agenda que propone el Ejecutivo y que creemos puede tener consensos está conformada por proyectos estratégicos para incrementar la producción agregando valor como es el de fomento agrobioalimentario, el de electromovidlidad y otros para la industria automotriz. Hay en cartera también proyectos vinculados a la salud como el plan de VIH y otras enfermedades, otros ambientales muy importantes como la ley de humedales y la actualización de la ley nacional de bosques que el presidente mencionó. Es decir, agenda hay. Esperemos que haya un entendimiento político para que funcione el Parlamento porque los argentinos lo precisan.
_ La economía viene mostrando crecimiento, bajó el desempleo, también los índices de pobreza per todo eso convive con una alta inflación ¿Cómo ve la situación económica?
_Sí, la inflación es una preocupación total. El presidente lanzó hace poco un programa de promoción de parques industriales que es fundamental para seguir alentando y fomentando a la pequeña y mediana empresa. Se está aumentando la tasa de interés que crea una carga para las finanzas del Estado argentino, pero a su vez hay un compromiso de mantener las tasas para pymes y sectores productivos, incluso para los productores agropecuarios que tienen créditos a doce meses y tasas negativas aún con todos los problemas. Este es el gobierno de un presidente que puede tener sus particularidades pero que le tocó luchar con la pandemia macrista. Tuvimos que declarar una emergencia apenas asumimos que la oposición la reconoció y la votó. Luego vino la pandemia y luego enfrentar una situación económica marcada por endeudamiento externo que se tomo en dos partes, primero con los privados y luego con el FMI. Finalmente la guerra entre Ucrania y Rusia. Hay conflictos en muchos lugares, pero este toca dos países esenciales para el mercado mundial de combustibles y alimentos. Dicho todo esto, la situación económica con semejante inflación es difícil. Para los trabajadores, los jubilados se están por instrumentar bonos especiales. Pero este salto inflacionario, esta puja distributiva, no se elimina solamente con los acuerdos. El Estado va a tener que aplicar necesariamente la ley de abastecimiento, la de góndolas y otras medidas. Hay que acordar porque el grado de concentración en la economía argentina en el sector de alimentos que bajan a la mesa es muy alta y hubo actitudes claras de especulación. Es decir, cuando se viene una mejora de los salarios se quieren apropiar de esa renta. Entonces el resultado es que se mejora la macroeconomía, la exportación, el empleo, baja la pobreza, aumenta un 18% la capacidad productiva de las empresas, pero a los trabajadores no les alcanza.
_ ¿Hay medidas concretas que se estarían tomando en el corto plazo?
_ La principal es proteger la mesa de los argentinos para combatir la inflación. Porque se estaba a punto de un golpe de mercado antes de llegar a a un acuerdo con el FMI. Teníamos esa información. La derecha no está conforme con este acuerdo porque el Fondo no nos exige los ajustes estructurales. Pero si no frenamos la inflación estos sectores, que son dueños de las principales fábricas de alimentos o limpieza del país, segurián apropiándose de la riqueza que generamos todos. Y ahí va a ser muy difícil resolverlo en términos macroeconómicos. Medidas excepcionales se van a tomar prontamente para atender a los que tienen planes sociales, Tarjeta Alimentar, AUH, jubilados y también se está pensando y hablando en la mesa de concertación de adelantar algunos ajustes salariales que habían sido acordados en convenciones colectivas, atendiendo a que seguramente en marzo habrá un salto inflacionario por arriba del 5%.
