De la confianza en el mercado, a la realidad del Estado

A poco de cerrar un acuerdo de reestructuración de la deuda con los acreedores privados, la economía argentina naufraga en una crisis de producción con corridas sobre el mercado de cambios. Ni siquiera el valor de los bonos logró recomponerse y el riesgo país se encuentra a valores que inhiben el acceso a financiamiento internacional para el Estado.

¿Fue entonces un fracaso la estrategia de renegociación con los acreedores? Para nada, el acuerdo con los acreedores fue exitoso para despejar los vencimientos de corto plazo y evitar juicios internacionales que inflen judicialmente la deuda. Lo que fracasó no es el acuerdo con los acreedores sino la fantasiosa tesis de que su éxito derivaría en un shock de confianza que alentaría la reactivación macroeconómica en un contexto de estabilidad cambiaria.

Desde el Ceso venimos señalando que la reestructuración de la deuda, exitosa o no, no modificaría los condicionamientos estructurales que enfrenta nuestra economía. En febrero señalábamos que “las previsiones económicas aún en el caso de una exitosa reestructuración de la deuda son moderadas. El mercado interno se mantendrá relativamente estancado dado un consumo y gasto público real con bajas perspectivas de crecimiento, y una inversión que difícilmente sea el motor de la recuperación dada la capacidad ociosa reinante en el aparato productivo”.

Esas previsiones se agravaron por el impacto de la pandemia. En junio planteamos que “el plan económico original de Alberto Fernández, donde una resolución rápida de la deuda en el marco de una política de acuerdo social, creaba un entorno estable que atraería inversiones permitiendo un crecimiento sostenido donde la brecha externa se desplazaba por el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales, ya no existe”.

Quienes defienden la tesis ofertista del “shock de confianza” como motor de la reactivación no dan el brazo a torcer frente a la tozudez de los datos. Van por más e indican que el acuerdo con los acreedores no fue suficiente, y se precisa un “plan integral” con un “presupuesto equilibrado” (eufemismo para invocar un ajuste del gasto público) para eliminar los controles cambiarios y recuperar la confianza del “mercado”.

El resultado de dicho programa es previsible, ya que fue ensayado por Mauricio Macri en sus últimos años de mandato: el recorte de los gastos acentuaría la recesión mientras que la eliminación del control de cambios induciría una devaluación en el mercado oficial que espiralizaría la inflación deprimiendo aún más los ingresos reales, el consumo y el nivel de actividad. Con ese programa el oficialismo iría directo a una derrota electoral en 2021, hecho que agudizaría el desmadre económico induciendo la desestabilización política y social.

Frente a la desilusión del “shock de confianza” se impone la necesidad de una política clara de impulso a la demanda que deberá ser inducida por el Estado, único actor que puede incrementar los gastos en un contexto de crisis económica. La clave de dicha reactivación no es sólo un necesario impulso al consumo de la mano de una moderación en el ritmo de la devaluación oficial y una recomposición salarial, dejando de lado los planteos de un congelamiento de los salarios públicos. Sino, principalmente, un programa de obras públicas que “se concentre en sectores económicos que resuelven demandas sociales urgentes (alimentación, vivienda, salud, educación, seguridad), con amplios multiplicadores del empleo y la actividad, y bajo derrame hacia importaciones y compra de divisas. Esa estrategia impregna el plan Marshall criollo que presentaron los movimientos sociales. Un programa que coincide en sus matrices centrales con los lineamientos del plan Hornero diseñado por el Ceso, donde se plantea la generación de 500.000 puestos de trabajo anuales con una inversión menor a los dos puntos del PBI”.

La ley de presupuesto enviada hace algunos días no refleja un salto cualitativo importante en la estrategia del gobierno. Si bien se proyecta una expansión real de los gastos del 6,8%, especialmente de obra pública, debe tenerse en cuenta que la base de comparación son los paupérrimos niveles de ejecución de 2020. De esa manera, las proyecciones de gastos no son muy diferentes a las de otros años electorales recientes y no hacen prever un programa audaz para salir de la pandemia, impulsándose sólo en el margen planes destinados a reducir las brechas de ingresos.

Por otra parte, el mercado de cambios volvió a estremecerse tras varios meses ininterrumpidos de una demanda creciente de personas que acudían al mercado oficial para la compra del cupo de los u$s 200. En un escenario en el cual la única fuente de divisas son las del comercio exterior, esto era imposible de sostener mucho tiempo más aún con la ventaja de no tener una fuerte demanda de dólares para turismo.

Frente a esa problemática, se adoptaron tres tipos de medidas con el fin de evitar una devaluación del tipo de cambio oficial y sus ya conocidas consecuencias en los precios de la canasta básica y la previsibilidad macroeconómica.

Por un lado, apuntaron a incrementar las condiciones para el acceso al MULC de las empresas y personas con el fin de reducir quiénes están en condiciones de comprar dólares. En segunda instancia, se encareció el precio del dólar para atesoramiento al llevarlo a $130. Esta medida es la que más interrogantes deja. La tercera medida consistió en buscar administrar la brecha facilitando la venta de dólares MEP a través de títulos en la Bolsa, al eliminar el parking de 5 días, algo que en el informe anterior instamos a corregir.

La pregunta sobre el futuro de la brecha es fundamental porque a pesar de encarecer el dólar “solidario” la brecha continuará y, con ella, la pérdida de reservas. La respuesta a este escenario tiene que venir por construir un mercado de referencia en el dólar MEP a través de los títulos en el mercado de valores, eliminando el parking para darle volumen e intervenir sobre la brecha a través de las operaciones del Banco Central y organismos públicos. En paralelo, la política de tasas también debe ser revisada de manera tal que el financiamiento a las empresas no se encuentre por debajo de la tasa de devaluación oficial. De otro modo, se generan incentivos para el stockeo de granos y el pago anticipado de importaciones.